Las cuentas de la Iglesia católica no son precisamente un ejemplo de transparencia. A pesar de que sus acuerdos con el Estado la obligan a presentar una memoria anual de actividades, lo cierto es que la información económica que figura en ella deja mucho que desear. Suele publicarla año y medio después del cierre de cada ejercicio (en junio pasado presentó la de 2015) y dedica la mayor parte a sacar pecho de su actividad pastoral y social. Para explicar en qué se gasta el dinero que recibe a través de la asignación tributaria, en cambio, apenas reserva dos páginas sobre un total de cien.

Sin embargo, escudriñando la memoria que elabora la Conferencia Episcopal Española (CEE) es posible conocer aspectos interesantes de la situación de la Iglesia, al menos en su vertiente financiera. No refleja la compleja realidad de una institución que mueve miles de millones en sectores como la sanidad, la educación o los medios de comunicación social. Pero sí ofrece una fotografía, bien que a veces no demasiado nítida, de cuáles son el origen y el destino de los ingresos que cubren su actividad ordinaria.

Para ello hay que tener en cuenta, básicamente, los fondos que maneja la propia CEE y los de las 69 diócesis (más la capellanía castrense) repartidas por España. Según el informe de 2015, último conocido, el organismo que agrupa a los obispos contó ese año con 247,9 millones de euros, de los que 246,9 procedían de la asignación tributaria; es decir, de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El resto fueron ingresos financieros, obtenidos de la gestión misma de los fondos.

De esos 247,9 millones de euros, la CEE transfirió a las diócesis 199,7 millones para su sostenimiento y se quedó con 48 millones, que le sirvieron para atender diversas necesidades: desde la Seguridad Social del clero, que es la partida más importante (16,2 millones), hasta el sueldo de los obispos (2,1). De ahí salieron también los gastos de funcionamiento de la Conferencia Episcopal (2,6 millones) o la aportación a Cáritas (6,2), que absorbe sólo el 2,5% del dinero que administra la jerarquía eclesiástica, muy por debajo de lo que le cuestan algunas de sus terminales mediáticas, como la ruinosa 13Tv, que perdió casi 13 millones de euros sólo en 2015.

Los 199,7 millones de euros que la CEE transfirió a las diócesis supusieron, según la memoria, el 24% de sus ingresos, cuyo importe total superó, por tanto, los 800 millones. ¿De dónde salió el resto? La mayor parte (el 36%), de las aportaciones directas y voluntarias de los fieles (colectas), que aun así apenas sufragan un tercio de lo que cuesta mantener en funcionamiento la maquinaria eclesial. Hay que tener en cuenta que la asignación tributaria no supone ningún esfuerzo adicional para ellos, pues quienes marcan la casilla de la Iglesia no pagan más IRPF que si no la marcaran.

El 24% que la transferencia de la CEE cubre de los gastos de las diócesis es una media, lo que significa que hay algunas que están por encima de ese porcentaje y otras que están por debajo. Existen obispados para los que el dinero procedente de la asignación tributaria llega a representar el 80% de sus recursos, de modo que las aportaciones directas de los fieles, en el mejor de los casos, supondrían el 20%. De ahí las resistencias de la jerarquía y de quienes le dan cobertura política y mediática a hablar de un nuevo modelo de financiación, que prescinda de los Presupuestos Generales del Estado, a los que al fin y al cabo contribuyente tanto creyentes como no creyentes.