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El médico

El hepatólogo Joan Rodés es uno de los patronos del  "Institut d'Alta Tecnologia PRBB-Fundació Privada" demandados  en 2013 por el sindicato CGT por apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y malversación de fondos públicos. La denuncia está en proceso de instrucción y bajo secreto de sumario

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Sobre el hepatólogo Joan Rodés,  actual coordinador del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C impulsado por el Gobierno, pesa una denuncia por apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y malversación de fondos públicos en la fundación IAT-PRBB de la que formaba parte de la directiva, interpuesta por el Sindicato de Sanidad e Higiene de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Barcelona. 

El sindicato asegura que la fundación recibió una ayuda concedida por el Ministerio de Sanidad de 7.723.005,54 millones de euros -que se materializó en su momento en un anticipo de 5.792.554,66 euros y a un tipo de interés del 0%- para la compra de varios -y costosos- aparatos de diagnóstico por imágenes con fines supuestamente no lucrativos destinados a la investigación clínica. En la denuncia penal el CGT se afirma que la fundación presidida por Rodés adquirió  un tomógrafo por emisión de positrones para animales, otro para humanos, materiales e instalaciones periféricas, un ciclotrón y otro tomógrafo. Un total de 6.258.859,93 euros fue según la denuncia, el coste de las instalaciones. 


El IAT no efectuó los pagos acordados para la devolución del anticipo otorgado por el Ministerio y -como se reza en la demanda- "enajenó todos sus vienes vendiéndolos a una empresa privada, todo ello con la supuesta finalidad de "eludir" el pago de la deuda contraída con la entidad pública y "evitar que la maquinaria de investigación pudiese ser embargada por el Ministerio".  CRC Corporació Sanitaria, SA es la empresa privada con la que la fundación supuestamente  se lucró, acordando una retribución de 50.000 euros anuales, cuando, como destacan a Público fuentes de la CGT,  el fin por el que se adquirieron los aparatos radiológicos fue "desde el principio no lucrativo y con para fines de investigación". 

"Al ver que la judicatura de cuentas no actuaba, desde el sindicato decidimos tomar cartas en el asunto e interponer una denuncia penal" aseguran desde CGT sobre la denuncia que actualmente se encuentra en proceso de instrucción y bajo secreto de sumario. "Todos patronos denunciados, entre los que se encuentra Rodés, se han acogido a su derecho a no declarar".