Público
Público

Éxodo al otro lado del Arcoíris

Ser homosexual es un delito en 11 de los 15 países de los que más refugiados parten hacia la Unión Europea, territorio que fracasa en adecuar una respuesta común al no disponer de datos suficientes sobre las solicitudes de las personas migrantes que declaran ser víctimas de la LGBTIfobia.

Publicidad
Media: 5
Votos: 2

Grupo de personas refugiadas retenidas en Grecia - REUTERS

“Creía que iba a estar en la calle, que iba a pedir limosna, que no podría resolver mi vida”. Aunque hace diez años que Manuel Velandia se estableció en España, todavía recuerda la incertidumbre y la preocupación que experimentó a su llegada. “Todo era nuevo, no conocía la ciudad y tampoco a ninguna persona”. Como docente, líder del movimiento homosexual en Colombia y candidato al Concejo de Bogotá, fue colocado en el centro de la mirilla telescópica tras mostrarse públicamente en contra de un proyecto de ley a favor del colectivo. En principio suena ilógico, pero Velandia no confiaba en ningún avance impulsado por el Movimiento Alas Equipo, partido político del que en 2007 se comenzaba a revelar su escandaloso vínculo con el paramilitarismo.

Después de sufrir numerosas amenazas y un atentado con un arma explosiva en su domicilio, el profesor consiguió volar a España con un visado estudiantil respaldado por la Universidad del País Vasco. Al haber trabajado durante décadas promoviendo los derechos de las minorías sexuales y de género, la demanda de asilo que presentó a su llegada estaba exhaustivamente documentada: “Pedí cartas de líderes sociales, líderes políticos, de organizaciones de Derechos Humanos, feministas y LGBT en que hablaran de mi campo de trabajo y mi situación a partir de las amenazas de muerte y del atentado”.

Como Manuel, año tras año miles de personas del colectivo LGBTI (lésbico, gai, bisexual, transexual e intersexual) atraviesan las fronteras de la Unión Europea huyendo de la persecución de sus propias familias, su entorno social y la opresión de sus gobiernos. El terror les obliga a tomar con urgencia una vía de escape que, si no les cuesta la vida, les conduce a un examen de credibilidad en el que se escrutan las razones de su persecución, vinculadas en sus casos a la propia identidad.

Gracias a la planificación de su solicitud y al acompañamiento de entidades como Cruz Roja, la Comisión de Ayuda al Refugiado o la organización activista Gheitu, el profesor Velandia recibió el Estatuto de Refugiado en 2010. “Ese mismo día pedí un documento del Protocolo de Ginebra, una especie de pasaporte español que me permitía viajar a cualquier lugar del mundo, menos a Colombia”.

Desde entonces, Manuel continúa saciando su sed de conocimiento como investigador y profesor universitario desde el exilio, y visibilizando la diversidad a través de disciplinas artísticas como la fotografía o la performance.

No obstante, tras experimentar el exilio de manera obligada, también ha tomado conciencia de cierta pérdida de oportunidades: “Mi poder adquisitivo ha disminuido sobremanera y aun cuando tengo una situación emocional que me hace sentir bien viviendo en España, la económica me lleva a pensar que probablemente viviría en mejores condiciones en Colombia”. Obviando por un instante la gravedad de su historia personal, el profesor también tiene presente que no todas las historias de acogida son como la suya. “De alguna manera no soy como la mayoría de los homosexuales que piden refugio. Yo era una especie de personaje público, mi situación era conocida a través de los medios y de forma internacional”.

A pesar de los avances conseguidos en derechos LGBTI en Colombia en la última década, el fracaso de las negociaciones para acabar con el conflicto armado hace pensar a Manuel que la vuelta a su país natal, que ostenta el segundo puesto mundial en desplazados forzosos internos, no está exenta de riesgos. “Para que regrese a Colombia debe haber unas condiciones de paz en las que realmente me sienta seguro y no vuelva con las posibilidades incrementadas de que ocurra un asesinato. El hecho de que cambie la legislación no quiere decir que cambie la cultura y mientras no cambia la cultura no cambian las relaciones sociales”.

En 2016 la cifra de demandantes de asilo ha batido de nuevo un récord histórico, con más de 65 millones y medio de personas desterradas por la guerra, la persecución y el odio. Entre ellos se encuentran cientos de miles de LGBTI, que integran un grupo de especial vulnerabilidad tanto en el origen como el destino de sus movimientos. Y sin contar con registros suficientes por las autoridades nacionales y europeas, actualmente es imposible atender este fenómeno más allá que como casos aislados.

Países emisores, gobiernos opresores

La discriminación institucional a las minorías sexuales y de género es una realidad innegable en la mayoría de países emisores de refugiados en todo el mundo, y expone diariamente a las personas del colectivo a todo tipo de formas de discriminación y violencia. “Es gente que ha ocultado durante toda su vida su condición para evitar el acoso de su entorno social. Algunos vienen completamente traumatizados”, explica Lola Martín, socióloga y sexóloga responsable del Área de Promoción, Formación y Sensibilización del Programa Madrileño de atención a personas LGBTI.

Al asomarnos a las legislaciones de los países de los que más refugiados partieron en 2016 hacia la Unión Europea, no queda mucho espacio para la relativización: el top-15 de estados con más abandonos forzosos de sus nacionales tienen sobradamente establecida, o bien la indiferencia legislativa, o bien la persecución manifiesta del colectivo. Concretamente, ocho de esos quince países no disponen de ninguna norma que reconozca o apoye los derechos fundamentales de las personas LGBTI. Sin embargo, la realidad más alarmante no tiene que ver con la ausencia de legislación, sino con las represalias derivadas de la criminalización de las manifestaciones públicas o privadas fuera de la heteronormatividad. Mientras en once de dichos estados las relaciones entre adultos del mismo sexo son ilegales, en Afganistán, Irán y Siria incluso llegan a ser sancionadas con la pena de muerte.

Por otro lado, y sin olvidar la paupérrima situación de los derechos LGBTI en la totalidad de países de la clasificación, resulta llamativa la aproximación al reconocimiento de las identidades transgénero en Bangladés.

Se trata de una singularidad cultural, puesto que en la tradición de varios países del Sur de Asia existe una enorme comunidad de personas denominadas hijra o “del tercer sexo”. Éstas pueden declarar su transgenerismo, en algunos casos de manera autónoma -es decir, sin que la Psiquiatría patologice su condición- y ser reconocidas como tales por sus estados. En el extremo opuesto se sitúa Irán, donde las personas homosexuales y trans son obligadas a cambiar de sexo quirúrgicamente para evitar ser condenadas a la pena capital.

Cuando atendemos a las nacionalidades con más peticionarios de asilo a España percibimos cierta variación, ya que nos encontramos en un enclave de mejor acceso para personas provenientes del continente africano y disponemos de una lengua y cultura en la que pueden integrarse de manera más natural los solicitantes de origen hispanoamericano. “Nuestra experiencia nos indica que se produce por rachas y temporadas”, comenta Martín. “Hasta 2015 conocíamos muchos casos de solicitantes de Rusia y Ucrania. Hoy llegan muchos más desde Venezuela, el Magreb y del África Subsahariana”.

Aunque ninguno de estos países castiga la homosexualidad con la pena de muerte, tampoco se puede afirmar que en ellos existan significativos esfuerzos por mejorar la calidad de los derechos humanos del colectivo. Nada más lejos, pues lo que destaca intensamente son las vulneraciones llevadas a cabo en un estado con el que compartimos frontera, como es Marruecos.

El asunto lo conoce de manera muy cercana Rafael Robles, presidente de la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales -única entidad LGBTI en este emplazamiento- que explica que “en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes las personas solicitantes de asilo se encuentran a pocos kilómetros de la fuente de hostigamiento que les amenaza y su inseguridad no termina al cruzar la frontera con España”. La afirmación de Robles coincide con la denuncia de Human Rights Watch sobre la arriesgada situación de los demandantes de asilo del colectivo que esperan ser trasladados a la Península desde Ceuta.

El acoso a la diversidad sexual y de género es una tónica común de los estados africanos desde donde parten refugiados, con Somalia, Nigeria, Malí y Argelia a la cabeza de la persecución institucional. “Casi la totalidad de las personas que llegan de África vienen con una dramática historia a sus espaldas y es, en la superación de su trauma, donde centramos nuestro trabajo”, apunta Martín.

¿Qué se hace al respecto?

Tanto España como la Unión Europea disponen de leyes de protección internacional alineadas con las máximas comunes que reconocen el asilo por persecución LGBTIfóbica. No obstante, es imposible estimar qué tipo de respuesta se está procurando a las peticiones de los grupos más vulnerables, como pueden ser el de menores no acompañados, mujeres o personas homo, bi, trans e intersexuales.

La explicación reside en que las legislaciones nacionales no están debidamente adaptadas a las directivas de la Unión Europea -hoy en día más que desbordada por la crisis humanitaria que azota a miles de personas a las puertas de la frontera este- en relación con la protección internacional de LGBTI.

Igualmente, los organismos institucionales encargados de la gestión de los procesos de asilo admiten no recoger la suficiente información cuantitativa sobre los demandantes, como ha denunciado la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y como también confirma la infructuosa solicitud de información enviada al Ministerio del Interior y al Portal de Datos Abierto de la Unión Europea para la realización de esta investigación.

“Aunque actualmente no disponemos de una cifra exacta de solicitantes de asilo LGTBI en España, por el rol que la ley confiere al ACNUR en el procedimiento de asilo y nuestro contacto con instituciones y oenegé que trabajan en esta área, nos encontramos en una situación privilegiada de observación y conocimiento”, explica Juan Carlos Arnáiz, Senior Protection Associate del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

“Las solicitudes por asilo LGBTI crecen día a día, lo sabemos porque nos las remiten de los centros de internamiento y en frontera y por la información que recibimos de los centros de acogida y de las oenegé. Pero hay otros casos que pasarán años hasta que los conozcamos, porque hay más de veinte mil expedientes acumulados pendientes de ser resueltos”.

Esta desatención generalizada, a la que contribuye la Oficina de Asilo y Refugio española al no recoger registros exhaustivos sobre las peticiones de asilo y sus motivaciones, produce incontables ángulos ciegos a la hora de estimar las necesidades específicas de las personas desplazadas, con consecuencias como la pérdida del rastro de 10.000 menores a su llegada a Europa. Un hecho vinculado por Europol a las redes de tráfico de personas, pero ampliamente cuestionado por organizaciones de expertos y grupos de investigación, para quienes la ineficaz contabilización de los casos tiene una influencia mucho mayor.

Volviendo a la protección internacional de LGBTI, las personas demandantes de asilo en España han de superar la prueba de credibilidad de sus expedientes, la fragmentada instrucción del funcionariado en diversidad sexual y de género, y las secuelas traumáticas de una vida de ocultación de su propia identidad por miedo a la persecución y la muerte. “El primer problema al que se enfrentan los solicitantes es a la desinformación”, apostilla Martín. “Y eso es algo que después los penaliza a la hora de que sus casos sean entendidos como creíbles”.

En este sentido, Manuel Velandia recuerda haber recibido un trato inmejorable por parte de los funcionarios que analizaron su petición de asilo. “A mí realmente me sorprendió. La atención fue cordial, respetuosa e incluso solidaria.” Sin embargo, reconoce que su caso podría haber sido ser desestimado por elementos subjetivos. “La abogada hizo algo que para mí fue muy importante: se dio cuenta de que en la narración que yo hacía del caso de alguna manera desdramatizaba mi situación. Por eso comenzó a traducir la información que yo compartía para dotar de contundencia mi relato”.

Y es que la propia visión del demandante de asilo sobre su condición sexual o identidad de género puede estar desvirtuada a consecuencia de su bagaje vital. Este factor también merma sus posibilidades de conseguir el estatuto de refugiado. “Hay personas que viven su sexualidad de manera oculta y muy traumática, y al llegar aquí creen que deben inventarse algo muy grave para que su caso sea creíble o merecedor de protección. Es una trampa, porque si mientes es más fácil que entres en contradicciones y puedan rechazar tu caso”, aclara Juan Carlos Arnáiz.

Todo esto ocurre en un incongruente escenario en el que los diferentes países de la Unión Europea -ya pertenezcan al Espacio Schengen o no- aplican las directrices sobre asilo LGBTI de manera irregular. Y cuando incluyen la orientación sexual e identidad de género en sus leyes de asilo, no siempre vienen acompañadas de protocolos específicos para su correcto abordaje.

En consecuencia, al fijarnos en el desarrollo de las legislaciones europeas en asilo LGBTI nos encontramos con un mapa completamente heterogéneo, en el que Bélgica, Países Bajos, Noruega, Finlandia y Alemania disponen de las regulaciones más completas y garantistas. Seguidamente, países como Reino Unido y España disponen de una legislación capaz pero mejorable, aunque se desconoce su aplicación real, dada la inexistencia de datos públicos.

Para Juan Carlos Arnáiz, la clave está en hacer buenas entrevistas: “En los casos en que son muchos los solicitantes de un país que cuentan lo mismo se puede pensar que se está abusando del procedimiento de asilo. En estos casos, una toma de decisiones adecuada se garantiza dotando de calidad al sistema para que sea justo y eficaz y se eviten arbitrariedades. Porque al final, tanto en España como en otros países es fácil que se extienda el pensamiento del ‘todos mienten’ y los casos comiencen a tratarse desde un prisma de desconfianza.”

Lo que sí conocemos gracias al trabajo de campo de las entidades de ayuda a los refugiados y a las minorías sexuales y de género es que las demandas de asilo por persecución homo y transfóbica han crecido notablemente en los últimos años. “Lo estamos viendo todos los días en el aeropuerto de Barajas”, concluye Arnáiz.

Los equipos profesionales de atención y acompañamiento también han detectado esta evolución, como refrenda el aumento del trabajo que en este ámbito ejerce el Programa LGBTI Comunidad de Madrid. El servicio lo ha visto ascender del 2 al 6% del total de asistencias prestadas del 2011 al 2015, algo que ha motivado la puesta en marcha de estrategias concretas. “Creamos dos grupos específicos”, explica Lola Martín. “Lo vimos necesario sobre todo para salvar las dificultades del idioma, pero mucho más importante, por las realidades que han vivido, que son muy serias”.

Al otro lado, un cuento diferente

A las dificultades de integración que cualquier persona solicitante de asilo puede atravesar en un país de acogida -vivienda, trabajo, participación social, acceso a la sanidad, etc.-, se unen en mayor o menor medida otros obstáculos en el caso de las personas LGBTI. Esto se debe que la realidad social del colectivo también varía según el estado en el que resida, a pesar de que de manera homogénea consideremos a Europa una región amigable y respetuosa con las minorías sexuales y de género.

Entre la poca información disponibles sobre la realidad de las personas homo, bi, trans e intersexuales del continente, figura la encuesta llevada a cabo por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea el pasado 2012, que a través de varios indicadores estimó la autopercepción del respeto a la diversidad en sus propios países.

Del estudio se puede extraer que 2 de cada 5 europeos LGBTI opinan que el discurso de odio contra el colectivo está muy o bastante extendido entre la clase política de sus respectivos países. Así, Lituania (92%), Italia (91%), Polonia (83%), Croacia (77%), Letonia (77%) Bulgaria (76%), Eslovenia (73%) y Rumanía (71%) lideran la homofobia promocionada desde sus representantes institucionales y otros miembros de la política.

Esta discriminación normalizada desde las autoridades oficiales tiene un reflejo amplificado en la calidad de vida de las personas homo, bi, trans e intersexuales europeas, ya que 7 de cada 10 sostienen que la discriminación por orientación sexual está muy o bastante extendida en sus países. A la cabeza de esta clasificación se encuentra Croacia, (94%), Lituania (93%), Italia (92%), Bulgaria (91%), Polonia (91%) o Rumanía (90%).

Sin embargo, no debemos caer en la falsa percepción de que existen grandes diferencias entre los países del este y el resto de la UE en lo que a discriminación homofóbica se refiere, ya que un significativo número de LGBTI de países que consideramos abiertos a la diversidad afirma que la homofobia está muy extendida. Es el caso de Grecia (86%), Portugal (86%), Francia (79%) o Austria (74%).

También merece ser destacado que, en el caso de España, con leyes de matrimonio igualitario, adopción homoparental e identidad de género aprobadas años antes de la elaboración de la encuesta, 6 de cada 10 reconocen que la discriminación homofóbica es una realidad muy o bastante común en su día a día. En relación con esto último es importante apuntar que, a largo plazo, el valor pedagógico de las leyes en favor de los derechos humanos LGBTI tiene implicaciones directas en su vida diaria.

Por ello encontramos que en lugares como Holanda -pionero en el reconocimiento de derechos civiles como el matrimonio igualitario- Bélgica o Suecia, existe un alto porcentaje de personas del colectivo satisfecha con la promoción de sus derechos impulsada desde las instituciones legislativas. Algo que contrasta con la media de la UE-28, ya que solo el 38% de personas encuestadas afirma que en su país las medidas pro-LGBTI están muy o bastante extendidas.

Pero si existe un indicador que señala inequívocamente si un estado defiende a las minorías sexuales y de género es el grado de adecuación de su legislación a las necesidades y derechos del colectivo transexual y transgénero. Considerado uno de los grupos sociales más vulnerables de la UE, las personas trans se encuentran al final de la lista en lo que a adquisición de derechos civiles se refiere.

Esto se debe a que las aproximaciones a la regularización de sus identidades no suelen defender al cien por cien las demandas del colectivo, y establecen de nuevo considerables diferencias según el país que analicemos. “Existe un sinsentido en nuestra propia administración que no permite a las personas trans refugiadas disponer de una tarjeta sanitaria acorde a su género e imagen social. Este es un derecho solo reconocido para quien tiene nacionalidad española”, señala Juan Carlos Arnáiz.

Particularmente, en la UE 7 de cada 10 LGBTI piensan que las medidas a favor de los derechos trans están poco o nada desarrolladas en su nación. Y ésta es una constante en todo el territorio comunitario, pues ni en países como Holanda (49%), Suecia (52%), Reino Unido (58%), Dinamarca (62%) o España (67%) las personas encuestadas piensan que se está haciendo lo suficiente en esta materia.

En la cara opuesta, la de los estados que más obstáculos ponen a las personas trans para su desarrollo en sociedad, se encuentra Italia, donde el 95% reconoce que las medidas en favor de sus derechos están poco o nada extendidas. Y en la misma línea, se sitúan otros como Rumanía (91%), Bulgaria (90%) Grecia (90%), Hungría (90%), Eslovaquia (89%), Letonia (88%), Croacia (88%) y Chipre (85%).

De lo que no cabe duda es que las personas solicitantes de asilo establecen una comunicación recíproca con la Administración de cada país, desde el momento en el que su petición es presentada. Por esta razón también es interesante conocer qué piensan las personas LGBTI sobre la instrucción del funcionariado de sus respectivas naciones a la hora de tratar con la diversidad sexual y de género.

Ante la pregunta de si su calidad de vida mejoraría si los funcionarios estuvieran debidamente formados en esta materia, casi 9 de cada 10 personas encuestadas está de acuerdo, o muy de acuerdo, revelando la necesidad de mejorar en este aspecto en la práctica totalidad de países. Y ésta es una realidad palpable en estados como Croacia (96%), Grecia (96%), Chipre (95%), Malta (94%) y, una vez más, Italia (94%), receptora de un volumen descomunal de peticionarios.

“Hay que ser proactivos, debemos actuar antes de que se presente el problema” aconseja Juan Carlos Arnáiz. Existen una infinidad de planos en los que se puede mejorar tanto a nivel de identificación de casos, como de procedimiento y acogida. Por lo que se refiere a la integración, es importantísimo que la sociedad civil se implique en el trabajo con refugiados en un amplio sentido”.

Cuesta no pensar que entre la infinidad de planos tiene un lugar destacado la recopilación de datos cuantitativos sobre los desplazamientos forzados de LGBTI, algo que, como asilado, Manuel Velandia también apoya: “Conocer las cifras nos ayudaría en un proceso de negociación con algunos países, pero también serviría para demostrar por qué es tan importante la lucha por los derechos sexuales, económicos y políticos de las minorías sexuales en cualquier lugar del mundo”.

Este reportaje se ha desarrollado durante el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) en colaboración con la ONG PorCausa