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Sanidad Facturas millonarias sin concurso público en el complejo hospitalario de la Xunta en Pontevedra

Batas Blancas denuncia que el Sergas sigue abonando pagos a tres empresas proveedoras de servicios cuando los plazos de su concesión terminaron hace años y los costes han disminuido.

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El hospital de Montecelo, en Pontevedra. EFE

La Asociación Batas Blancas ha presentado una denuncia ante el Consello de Contas de Galicia –el organismo encargado de fiscalizar las finanzas autonómicas- en la que asegura que el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), dependiente del Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta, lleva años realizando pagos irregulares a tres empresas proveedoras de servicios de gestión hospitalaria incumpliendo la ley de contratos de las administraciones públicas.

Según la versión de Batas Blancas, esos pagos se estarían realizando sin que mediara el preceptivo aval de un concurso público, ya que desde hace años se habrían superado sobradamente los plazos de la concesión inicial y las prórrogas legales, y se han modificado las condiciones contractuales y los costes estimados de los servicios prestados.

La denuncia se refiere a las adjudicaciones para la adquisición de materiales y equipos de analíticas para el laboratorio del CHOP; el transporte, distribución y organización de almacenes de medicamentos, productos sanitarios e historias, y al contrato de explotación de la cafetería del Hospital Montecelo, que incluye la provisión del desayuno, comida y cena de los trabajadores del centro, uno de los tres adscritos al citado complejo.

El primer expediente se licitó en marzo del 2011 por un plazo de dos años y recayó en la compañía catalana Izasa por un importe de más de 10,7 millones de euros más IVA. El segundo, también en marzo del 2011 y por un período de 24 meses, en la empresa ourensana Cogesa, por 610.000 euros más IVA. Y el tercero, en diciembre de ese mismo año, con un plazo de 48 meses y por más de 766.3000 euros, impuestos aparte, en la firma barcelonesa Comertel. Público se ha dirigido a las tres sociedades para obtener su valoración, pero no ha recibido respuesta de ninguna de ellas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Hospital de Montecelo (Pontevedra). Archivo EFE

Aunque la Xunta asegura que las concesiones se realizaron “sin incidencias” y que se otorgaron a las ofertas más ventajosas, Batas Blancas explica en su denuncia que no sólo superaron ampliamente los plazos previstos en los concursos, sino también los períodos de prórroga, que según la ley de contratos de las administraciones públicas no podrían superar los cuatro años.

En los dos primeros casos, además, esas prórrogas no estarían justificadas dado que “en el transcurso de la duración de las mismas se han modificado las condiciones que se habían establecido en las bases del concurso y las condiciones en que se presentaron las otras empresas” que acudieron a él.

La asociación, que agrupa a profesionales de la sanidad y que tiene entre otros fines defender “una medicina de calidad personalizada y eficiente” y “una gestión honesta y transparente” de los recursos públicos destinados al sistema sanitario, detalla que esa modificación de los costes de algunos servicios implica cambios muy sustanciales en el gasto.

Así, en lo que se refiere a la dotación del laboratorio del CHOP, “se han modificado las técnicas, los equipos y las cantidades económicas anuales”, con un notable incremento de la facturación tras el cierre del laboratorio propio del ambulatorio de Vilagarcía de Arousa y la derivación a Pontevedra de sus analíticas. En el caso de la distribución de medicamentos y material y la gestión de historiales clínicos, se amplió el contrato adjudicando a Cogesa el transporte y la guardia y custodia en una nave de su propiedad ubicada en Madrid, de un determinado número de historias del CHOP. Pero, además, se cerró el almacén de fármacos del complejo hospitalario cuando la Xunta clausuró esas instalaciones en la mayoría de sus hospitales para centralizarlos en un almacén único.

De hecho, Batas Blancas critica que se haya mantenido la dotación inicial del contrato por más de 600.000 euros cuando los costes reales se han reducido más de la mitad. La prueba está en que el Sergas acaba de sacar a concurso ese servicio (el anterior caducó en marzo del 2015, es decir con casi dos años y medio de retraso) por un importe de 224.956 euros. “Esto significa que además de estar pagando irregularmente, sin amparo de concurso público, a la empresa Cogesa más de tres años 330.000 euros por año, ahora el propio hospital reconoce que el servicio vale sólo 224.956. O sea, que ha habido un sobrecoste de más de 600.000 euros desde que se produjeron las modificaciones contractuales descritas anteriormente”.

Batas Blancas responsabiliza directamente al ex gerente del CHOP, José Manuel González Álvarez, bajo cuya gestión se licitaron, prorrogaron y mantuvieron los citados contratos. González Álvarez estuvo al frente del complejo hospitalario pontevedrés entre el 2009 , el año en el que el PP de Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta, y febrero del 2017. Entonces fue cesado en medio de muchas críticas de profesionales, pacientes, sindicatos y asociaciones por el aumento de las listas de espera durante su mandato, así como por el deterioro de la calidad asistencial y la no dotación de plazas vacantes por vacaciones o bajas del personal sanitario, que provocó el cierre de algunos servicios.

Además, durante la gestión de González Álvarez se organizó una oposición amañada para destituir de su puesto al exjefe de Psiquiatría del CHOP pocos meses después de que el PP llegara al poder en el 2009, para sustituirlo por un médico “más afín”, tal y como declaró probado un juzgado de Pontevedra que a finales del 2016 ordenó volver a sacar la plaza a concurso.

Bajo la gerencia de González Álvarez, el CHOP ha realizado pagos millonarios sin concurso público que los avalase y sin que concurriera ninguna circunstancia especial que impidiese realizarlo en tiempo y forma como manda la legislación vigente”, afirma Batas Blancas en su denuncia, en la que se subraya que se han incumplido gravemente “los principios básicos de la contratación pública con graves perjuicios para los intereses del CHOP y del Sergas en beneficio de unos pocos”.