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Sanidad Las farmacias de Galicia se quedan en pleno invierno sin vacunas para la meningitis

El laboratorio que las produce, GlaxoSmithKline, advirtió hace semanas de que tenía “problemas de producción”

Cajón con varios medicamentos en una farmacia. E.P.

JUAN OLIVER

Las farmacias de Galicia, la comunidad española con más incidencia meningitis B junto a Ceuta y Cantabria, ya padecen el desabastecimiento casi total de la vacuna contra esa enfermedad anunciado hace unas semanas por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Público ha podido constatar que la carencia de la vacuna, que no cubre la sanidad pública debido a los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al Servicio Galego de Saúde, afecta a muchas boticas que, pese a haber reservado el fármaco para sus clientes, no pueden contar con él en pleno invierno, la época de mayor riesgo de infección.

El Colegio de Farmacéuticos envió hace unas semanas a los colegiados titulares de una oficina de farmacia un nota advirtiendo de que se estaban agotando las existencias de Bexero, el nombre comercial de la vacuna contra la meningitis B. Según el Colegio, el laboratorio que las fabrica, GlaxoSmithKline, prevé facilitar en el 2017 a toda España 1,7 millones de vacunas, el equivalente a las facilitadas el año pasado pero 800.000 menos (es decir un 36 %) que los 2,5 millones de fármacos previstos para el 2018.

“Como continuación a las informaciones que se vienen remitiendo acerca de la situación de suministro de la vacuna Bexero, se comunica que el laboratorio GSK ha emitido un comunicado en el que informa acerca de recientes problemas de producción de la vacuna, lo que va a motivar retrasos en las entregas de dosis durante este primer trimestre del año”, asegura la nota de los farmacéuticos coruñeses.

El logo de la farmacéutica GlaxoSmithKline en su sede en Londres. REUTERS/Toby Melville

El logo de la farmacéutica GlaxoSmithKline en su sede en Londres. REUTERS/Toby Melville

El Bexero no está incluido en el calendario oficial de vacunación español, aunque algunas comunidades autónomas, como Galicia, loo ofrecían gratuitamente en el suyo (cada dosis se vende a más de cien euros y hacen falta varias para garantizar la completa inmunización).

Hace dos inviernos, y tras la muerte de dos bebés afectados por la enfermedad y de la detección de varios casos en centros escolares de distintos puntos de Galicia, centenares de familias gallegas se desplazaron a Portugal para adquirir la medicina, dado que las farmacias no se la dispensaban al tratarse de un medicamento de prescripción obligatoria.

El Gobierno autonómico no tuvo más remedio que abrir la venta libre al público del Bexero en los establecimientos farmacéuticos. Pero el desabastecimiento, que algunas asociaciones de padres y de médicos atribuyeron a que el laboratorio lo vendía más caro en otros países y quería forzar a España a renegociar su precio, provocó que muchos niños se quedaran sin vacunas.

GSK atribuye el desabastecimiento a “problemas de producción”

La vacuna contra la meningitis B protege contra las infecciones provocadas por la Neisseria meningitidis o meningococo, un tipo de bacteria que, en alrededor de un 10% de los casos, puede provocar la muerte, especialmente a menores y ancianos. España es uno de los países de Europa con mayor registro anual de casos.

GSK atribuye el desabastecimiento a “problemas de producción”, aunque lo cierto es que esos problemas se añaden a la convulsa situación que padece desde hace años ese laboratorio, uno de los gigantes mundiales de la industria farmacéutica.

Hace apenas dos semanas, GlaxoSmithKline anunció sus resultados anuales: más de 1.200 millones de euros. Una cantidad estimable, aunque representa un 87% menos que sus beneficios del 2015. Hace tres años, la compañía recibió una de las mayores multas impuestas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, más de 3.000 millones de dólares (unos 2.800 millones de euros) por la comercialización fraudulenta de varios de sus productos. Ese mismo año, China expulsó a cuatro de sus directivos del país, a los que acusó de sobornar a funcionarios y médicos con más de 300 millones de euros para que prescribieran y facilitaran la venta de sus fármacos.

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