España invierte en dependencia justo la mitad de la media de los países de la OCDE, que reúne a los países más avanzados del mundo (el 0,7% frente al 1,4% del PIB), según ha denunciado este jueves el presidente de la patronal Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

Fernandez-Cid ha comparecido en una conferencia de prensa en Bilbao junto a Francisco Solorzano, socio y ejecutivo de Adriana Care, una de las sociedades del sector, para informar sobre la situación y los retos a los que se enfrentan estas empresas.

Según ha dicho, uno de los problemas más graves del sector en España consiste en que la Administración del Estado solo aporta el 20% de los recursos necesarios para la dependencia cuando, por ley, debería aportar el 50%. El resto corresponde a las comunidades autónomas.

Ha criticado que esta situación origina que el coste de la dependencia en España (0,7 % del PIB) se sitúe en cifras muy alejadas de la media de la OCDE (1,4 %) y provoca problemas para contratar a profesionales por los "bajos salarios ofrecidos", según ha dicho.

"En España, la Administración paga 1.500 euros al mes por plaza, y en los países nórdicos más de 8.000 euros", ha resaltado, a la vez que ha ligado esa financiación pública a la mejora de los sueldos y las condiciones laborales de los trabajadores.

Respecto a las quejas de los usuarios de algunas residencias por mala atención, Fernández-Cid ha mantenido que se trata de "hechos lamentables, pero aislados y puntuales", y ha destacado que estas empresas atienden a 1,5 millones de personas al día y cuentan con 250.000 trabajadores en el Estado, por lo que ha pedido "contextualizar" las quejas en el marco de esas cifras.

El conjunto de las empresas de la FED disponen de una facturación anual de 7.000 millones de euros y han invertido 16.000 millones de euros. Según afirman, el 75% de las plazas de residencias para mayores en España está en manos privadas y la mayoría del 25 % restante también es gestionado desde compañías privadas, aunque son de titularidad pública.