El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deporte (CSD), se ha puesto en contacto con los presidentes de todas las federaciones deportivas españolas instándoles a vigilar y a actuar para "desterrar del deporte español cualquier conducta que sea contraria a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" como es el caso de las cláusulas antiembarazo en los contratos de deportistas profesionales.

Tras la denuncia de esta práctica en contratos de jugadoras profesionales, son diferentes partidos los que han preguntado al Ejecutivo sobre esta situación, entre ellos Ciudadanos, cuyo diputado Rodrigo Gómez se dirigió al Gobierno para conocer qué pensaba hacer ante esta práctica que considera discriminatoria.

En la respuesta a Gómez, Educación señala que la actual legislación laboral es "contundente" respecto al tratamiento que merecen los despidos en caso de embarazo, así como con las cláusulas antiembarazo.

Asimismo, recalca que el Estatuto de los Trabajadores establece como "nulos y sin efecto" aquellos preceptos reglamentarios, cláusulas de convenios colectivos o decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta, detallando entre sus razones la discriminación por género.

Del mismo modo apunta que la Ley de Igualdad califica como discriminación directa por razón de sexo "todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad", apuntando como consecuencia jurídica de estas la nulidad de los contratos.

Además, el Ejecutivo aprovecha su respuesta para recalcar que estas cláusulas, y otras que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos o sean contrarias a la legalidad vigente, "no tienen cabida en las convocatorias de ayudas del CSD" a las federaciones deportivas.

En este contexto, recuerda que se exigen, entre otras obligaciones, la adhesión al Manifiesto por la Igualdad y la participación de la Mujer en el Deporte del CSD, a la Declaración de Brighton Plus Helsinki 2014 para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos del deporte o el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

"En definitiva, las convocatorias de ayudas a las federaciones deportivas son garantes de los derechos de los ciudadanos y conforme con la legalidad vigente por lo que el requisito de cumplimiento de la misma está incorporado en tales convocatorias", apunta el Gobierno en su respuesta al diputado de Ciudadanos.