ZARAGOZA .- Una empresa pretende instalar una incineradora de biomasa con capacidad para quemar 51 toneladas de madera por hora a menos de un kilómetro de Mónzón, una ciudad oscense de 17.000 habitantes, y en una zona que baten los vientos dominantes de la zona. Ese ritmo de combustión equivale a incinerar en una hora la producción natural de tres hectáreas de bosque.

El proyecto, que ha provocado una movilización social de protesta en la zona, cuenta con el visto bueno inicial del Gobierno autonómico, aunque el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambietal) ha abierto, tras un recurso de Ecologistas en Acción, un proceso de revisión de oficio de la autorización: se ha percatado de que al conceder el permiso no había tenido en cuenta algunos contaminantes propios de la combustión de la madera como los benzopirenos -de efectos cancerígenos- o las partículas de menos de 2,5 milésimas de milímetro de grosor, ni tampoco había calculado los eventuales efectos de la factoría en la generación de ozono troposférico.

Desde hace unas semanas es frecuente ver en las ventanas de las casas de la localidad pancartas con el lema “No incineradora en Monzón”. Mientras, una iniciativa particular lleva recogidas más de 5.000 firmas en Change.org que se suman a las casi 3.000 en papel que ha recabado una plataforma que engloba a colectivos y entidades locales.

No es de extrañar en una ciudad como Monzón, en cuya población la actividad industrial ha provocado, a base de contaminar, una especial sensibilización ambiental: son relativamente frecuentes las alertas por superar los niveles de ozono troposférico, la Confederación Hidrográfica del Ebro lleva décadas detectando residuos de DDT en el río Cinca -el Gobierno de Aragón recomienda desde hace años no comer la carne de peces pescados en ese cauce- y el CSIC comparó hace unos meses el nivel de partículas en suspensión de su atmósfera con el de Madrid.

Más de 400.000 toneladas de madera de chopo, eucalipto y caña al año

Los promotores de la incineradora, con una potencia instalada de 170 megawatios, prevén que esta queme al cabo del año 408.000 toneladas de madera y 24.000 metros cúbicos de gas licuado para producir 399.680 megawatios.hora. La declaración de impacto ambiental del proyecto admite que la afección de la emisión de partículas y de gases como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono será “severa” –más de una tonelada diaria de media del segundo, precursor del ozono- aunque anota que, con las medidas de un programa de corrección, “no se superarán los límites de calidad del aire establecidos en la legislación”. A falta de conocer los resultados de la revisión.
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​La promotora tiene previsto ubicar la planta, que tendrá una chimenea de 60 metros de altura visible desde varios kilómetros a la redonda, en una finca de 14 hectáreas situada a 600 metros del casco urbano de Monzón y cuyo cambio de uso –era no urbanizable- autorizó la pasada legislatura el ayuntamiento (PP-Par), en cuyo actual equipo de gobierno (PSOE apoyado por la lista de confluencia Cambiar Monzón) está provocando algunas tiranteces el proyecto.

Casi la mitad de la superficie del complejo -5,6 hectáreas- está destinada al almacén por el que pasarán las 408.000 toneladas de chopo, eucalipto y caña que prevén quemar los promotores, que señalan que “para el abastecimiento en la planta se estima que serán necesarias 7.000-8.000 hectáreas de cultivo energético de chopo” con riego localizado.

“La zona prevista para el cultivo de la biomasa se extenderá en un radio de 60 kilómetros en torno a la planta”, añade la declaración de impacto. Esos planes alterarían la estructura de dos de las principales áreas de producción de forraje, fruta y cereal de España, Riegos del Alto Aragón y el Canal de Aragón y Cataluña. El Gobierno de Aragón ya ha advertido que supeditará a permisos específicos las plantaciones de más de diez hectáreas y que requerirá una evaluación de impacto para las de más de 50.

Los sorprendentes ganadores de la última subasta de energía renovable

La planta está promovida por Solmasol, una de las empresas de los hermanos Samper, punteros en el sector del porcino y que hace unos años comenzaron a operar en las energías renovables. Hace unos días se adjudicaron el grueso de la potencia que sacó a concurso el Ministerio de Industria en la primera subasta eléctrica en cuatro años: Forestalia se hizo con autorizaciones para evacuar a la red 108 megawatios de biomasa de los 200 que salieron a puja, mientras que esa misma empresa y Grupo Jorge se quedaban con 400 de los 500 de origen eólico.

En ambos casos, sin prima, para comercializarla a precio de mercado y, por tanto, sometido a sus vaivenes. Esa oferta, que provocó sorpresa en el sector, les permitió ganar la mano a las grandes eléctricas, cuyas bajas apenas superaron el 50%.

Los empresarios aragoneses, que cifran en 140 millones de euros la inversión prevista para poner en marcha la incineradora, están asociados con el gigante chino Guandong Electric Power Design (GEDI), una de las principales firmas del sector energético a nivel mundial.

IU y Podemos llevan el asunto a las Cortes de Aragón

IU y Podemos han llevado este asunto a las Cortes de Aragón, que próximamente tendrán que pronunciarse sobre sendas propuestas de resolución para alejar la incineradora de la ciudad.

IU reclama revisar la declaración de impacto ambiental del proyecto para alejar la planta de biomasa al menos a cinco kilómetros del casco urbano de Monzón y para obligar a la empresa promotora a aplicar “las máximas y mejores tecnologías de filtrado” para reducir las emisiones al mínimo posible, así como a garantizar que “el uso e introducción de nuevos cultivos leñosos” tenga “el menor impacto sobre los ecosistemas de la zona”.

Podemos solicita buscar otra ubicación para la planta y llevar a cabo otra evaluación de impacto que tenga en cuenta la emisión de óxido de nitrógeno, los benzopirenos y los efectos de la contaminación en la generación de ozono troposférico.

La diputada autonómica de Izquierda Unida, Patricia Luquin, también ha dirigido una pregunta a la Consejería de Sanidad para que esta le especifique qué consecuencia prevé que pueda tener para la salud pública el funcionamiento de una incineradora de esas dimensiones “habida cuenta de la cercanía de la misma al casco urbano”.

“Este tipo de industrias pesadas no podían ponerse a menos de 2.000 metros del núcleo urbano con la normativa del año 1969, y hoy se ha dejado poner a 600, lo que es una temeridad”, señala Miguel Aso, coordinador de IU en Huesca y concejal de Cambiar Monzón.