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La Inspección de Trabajo sanciona
a 20 ayuntamientos por fraude
laboral en los festejos taurinos

Los consistorios pagaron durante años al personal de encierros y vaquillas salarios inferiores a los que marca la normativa y dejaron de cotizar a la Seguridad Social por las cantidades sisadas.

La inspección afecta a los festejos taurinos celebrados entre los años 2011 y 2014.

EDUARDO BAYONA

ZARAGOZA.- La Inspección de Trabajo han sancionado a 20 ayuntamientos de Zaragoza por irregularidades laborales en los festejos taurinos de sus fiestas locales: incumplieron los convenios laborales, pagaron de menos a los trabajadores y defraudaron en las cotizaciones sociales en sueltas de vaquillas, encierros, toros embolados y toros de fuego.

La denuncia, presentada por el Sindicato Asociación Taurina de Aragón en septiembre del año pasado, iba dirigida contra los consistorios de La Almunia, Aranda de Moncayo, Illueca, Luceni, Mallén, Sestrica, Grisén, Fuentes de Ebro, Cuarte de Huerva, Malón, Pedrola, Remolinos, Longares,

Botorrita, Vera de Moncayo, Villafranca de Ebro, Monreal de Ariza y Calcena, además de la Comisión de Fiestas de Sos del Rey Católico. La lista incluía al ayuntamiento de Zaragoza, en este caso por los festejos taurinos del barrio rural de La Cartuja Baja.

Concretamente, señalaba que los consistorios abonaban a los directores de lidia “cantidades inferiores a las estipuladas en el convenio nacional taurino, “con las consiguientes posibles irregularidades en materia de cotización”. Los denunciantes sospechaban que detrás de este fraude laboral hay prácticas de intrusismo: ganaderos sin titulación para actuar como directores de lidia ofrecían presuntamente sus servicios para ese puesto, a precios inferiores a los que marca el convenio, a los consistorios que contrataban su ganado.

Infracción grave en materia de relaciones laborales

Las actuaciones de la Inspección acreditaron “que todos los ayuntamientos denunciados habían cotizado por cantidades inferiores a las legalmente correspondientes” desde febrero de 2011, tanto con los directores de lidia como con otros trabajadores, por lo que levantó a todos ellos “acta de infracción grave en materia de relaciones laborales”.

En concreto, les sanciona por “vulneración del derecho de los trabajadores a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”, ya que abonaron “en un gran número de casos, salarios inferiores a los mínimos establecidos por el convenio”.

Los consistorios pagaban al personal de los festejos por días trabajados, en lugar de por cada sesión de cada tipo de suelta de reses en la que participaban, que es lo que marca la normativa. Y eso supuso, en su conjunto, una sisa de 67.993 euros a los trabajadores en cuatro años, con el fraude proporcional en las cotizaciones no ingresadas a la Seguridad Social por esos salarios impagados. Ahora deberán pagarlas con recargo.

Sisas de más de 10.000 euros en salarios

Los afectados, en cambio, tendrán que presentar demandas de reclamación de cantidad ante los juzgados de lo Social si quieren ingresar esos “atrasos”.

La situación afecta al Ayuntamiento de Zaragoza como organizador de los festejos taurinos de las fiestas del barrio rural de La Cartuja Baja, donde entre 2011 y 2014 se celebró cada año, a mediados de agosto, una jornada con dos o tres sueltas de vaquillas. No obstante, el fraude es en este caso testimonial, ya que la sisa al director de lidia se queda, en este caso, en 35 euros.

Las cuantías son muy superiores en otros municipios. Por ejemplo, el dinero pagado de menos ascendió a 7.500 euros en tres años en La Almunia de Doña Godina, alcanzó los 6.756 en Illueca en cuatro ejercicios y se elevó a 11.250 en Pedrola en el mismo periodo.

Sin sanciones en Teruel pese a detectar irregularidades

La Inspección de Trabajo fue mucho más benévola con la treintena de municipios denunciados en Teruel, provincia en la que las denuncias apuntaban a la existencia de irregularidades de mayor gravedad. “En los casos en que se detectaron irregularidades se procedió a requerir al sujeto responsable, en cada caso, a cumplir la normativa” y a “efectuar la correspondiente regularización”, concluye la Inspección.

También, añade, “se efectuaron requerimientos a tales entidades a fin de que se acojan a lo estipulado en las normas vigentes tanto en materia de cotización a la Seguridad Social como en materia laboral”.  “No existe procedimiento sancionador o liquidador del que informar”, anota.

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