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Investigan a una falsa traductora acusada de robar información de la Audiencia Nacional para el CNI

El Juzgado de Instrucción número 49 ha decidido esta semana trasladar la causa a la Fiscalía para que declare la complejidad especial y se pueda ampliar otros seis meses una instrucción que parte de una denuncia de 2012 y evitar así el archivo del proceso.

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Fachada de la Audiencia Nacional de Madrid. EFE

MADRID.- El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga a una falsa traductora que supuestamente robó información sensible de la Audiencia Nacional al trabajar en realidad como agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han informado fuentes jurídicas.

Las citadas fuentes han precisado que el Juzgado ha dado traslado a la Fiscalía para que, de acuerdo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, declare que el procedimiento es complejo y se pueda ampliar otros seis meses una instrucción que parte de una denuncia de 2012.

La investigación lleva más de un año parada en el Juzgado de Plaza de Castilla a la espera de un informe solicitado a Microsoft USA a través de una comisión rogatoria con vistas a aportar pruebas del supuesto robo de información sensible por parte de una falsa traductora. Esta agente habría sustraído información de los ordenadores de los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Fernando Andreu.

Robo a Pablo Ruz y Fernando Andreu

La falsa traductora está acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber indicios de que realmente era un 'topo' del CNI que pasaba a este centro información reservada sobre causas que tramitaban Andreu y el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La supuesta intérprete fue contratada para ayudar a ambos magistrados en causas sobre el terrorismo yihadista.

El Juzgado de Instrucción número 49 ha decidido esta semana dar traslado a la Fiscalía para que declare la complejidad especial y evitar el archivo de la causa. Con esta decisión, comunicada ya a las partes, se ampliaría el plazo para que Microsoft USA responda a la comisión rogatoria y envíe al Juzgado un informe clave para esclarecer la forma en la que un intruso accedió a unos ordenadores con protocolos de seguridad para supuestamente sustraer información bajo secreto de sumario.