Cada día entre 5.000 y 10.000 mujeres atraviesan ida y vuelta la frontera entre España y Marruecos cargando a sus espaldas diversas mercancías, en una actividad que supone uno de los mayores sustentos de la región, pero que se basa en la explotación de estas personas. Los eurodiputados Marina Albiol (IU), Miguel Urbán (Podemos) y Florent Marcellesi (Equo) han pedido a la Comisión que se posicione sobre esta práctica, que vulneraría la Carta de Derechos de la UE, y que de hecho tiene lugar en una frontera europea.

Las porteadoras son mujeres de mediana edad, sin estudios, provenientes esencialmente de zonas rurales. Están solteras, viudas, divorciadas o son cabezas de familiar que deben hacerse cargo de los gastos de la casa, por un marido ausente, que tiene dificultades para encontrar trabajo o que, simplemente, no lo hace. Las porteadoras cargan a sus espaldas enormes fardos extremadamente pesados, bajo el sol, durante kilómetros y en el caos del paso a Ceuta y Melilla, y los ingresos que consiguen son tan escasos que no salen del círculo de pobreza de la frontera. Su situación es tan precaria que al menos cuatro de estas mujeres han muerto en el ejercicio de su profesión en el lado español. Por eso estos tres eurodiputados exigen responsabilidades a la Comisión mediante una pregunta escrita.

En la cuestión que los tres representantes han formulado, aluden a los artículos 67 y 77 del Tratado Fundacional de la Unión Europea que exigen a los estados miembros el control de las fronteras en el respeto a los derechos humanos. Los eurodiputados de la izquierda consideran que las altas temperaturas, la espera prolongada, la incertidumbre laboral y la violencia estructural a la que estas mujeres se ven sometidas, y que está alentada por esta forma de comercio, van en contra de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. IU, Podemos y Equo piden a la Comisión que manifieste su posición al respecto y aclare si está en contacto con las autoridades españolas en relación con esta situación.

La iniciativa surge tras la presentación de un informe elaborado por la de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que denuncia la situación de vulnerabilidad de las porteadoras. Ana Rosado y Cristina Fuentes, representantes de la organización, explican que la función del informe es por un lado, visibilizar la situación de estas mujeres y por otro, presentar un decálogo de propuestas con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Rosado y Fuentes denuncian que la situación de las porteadoras es el resultado de la violencia estructural y patriarcal. Las porteadoras son mujeres excluidas, muchas veces discriminadas y hasta denostadas socialmente por el oficio que realizan. “Ellas lo que reclaman es dignidad”, explica Cristina Fuentes.

La APDHA denuncia además casos de violencia policial, piden un espacio de descanso para estas mujeres, delimitar las competencias de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la frontera, fijar el peso máximo del fardo, que las porteadoras sean reconocidas como trabajadoras o que se habilite una aduana comercial para que las porteadoras no sean la única forma de comercio.

Insisten además en que las empresas se lucran de esta forma barata de transporte de mercancías que es casi una forma de esclavitud. Los eurodiputados de Izquierda Unida, Podemos y Equo se han comprometido no solo a presentar la pregunta escrita sino a buscar otras formas de presión para tratar de mejorar la situación de las mujeres porteadoras. Destacan que están en juego los derechos humanos, de la mujer y de los trabajadores. En este sentido, Florent Marcellesi considera que es necesario que se reconozca los derechos de las porteadoras como trabajadoras. “No tienen dignidad porque no tienen derechos”, sentencia. Visibilizar la situación, depurar responsabilidades y tratar de cumplir con las demandas que las propias porteadoras presentan a través de organizaciones como la APDHA es clave para mejorar su situación.