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Juan Clavero La trama de 47 gramos de cocaína para acabar con un histórico ecologista andaluz

Una trampa urdida por varios empleados de una finca privada pretendía inculpar a Juan Clavero en un delito de narcotráfico como venganza por su defensa de los caminos públicos en la Sierra de Cádiz, pero el plan fue desmontado en pocas horas.

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El ecologistas Juan Clavero. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Al ecologista Juan Clavero le conoce todo el mundo en la Sierra de Cádiz. Tal vez eso le libró de la cárcel, porque nadie podía creer que el histórico activista andaluz, exdirector del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y Premio Andalucía de Medio Ambiente se hubiera dado de pronto al tráfico de drogas. Ni siquiera algunos de los alcaldes con los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su trayectoria por la defensa de los caminos públicos andaluces.

O quizás porque el montaje para acusarlo de un delito de narcotráfico resultaba tan evidente que cuando la tarde del 26 de agosto la Guardia Civil halló 47 gramos de cocaína en su furgoneta y se lo llevó esposado al cuartelillo de la Policía Local de Ubrique, el juez tardó apenas un día en ponerlo en libertad sin medidas cautelares y 20 más en sobreseer el caso y considerarlo una “víctima de actuaciones malintencionadas por parte de terceros”.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción -la organización de la que forma parte- exigieron, no obstante, que se investigara hasta el final, para dar con los culpables. Tres meses después, un contundente informe de la Guardia Civil se ha cerrado con la imputación de cuatro personas por un delito de denuncia falsa y el esclarecimiento de una trama tan torpe como preocupante.

“Esta instrucción, presumiblemente, llega al convencimiento de que J.M.H.D, M.A.P., O.G.G. y J.L.P.R, se concertaron en el espacio y en el tiempo para perjudicar a Juan Clavero Salvador por su condición de ecologista activo en la defensa de los caminos públicos presuntamente usurpados por algunos propietarios de fincas, introduciendo maliciosamente en su vehículo 47 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís, y asegurándose de que fuera interceptado por la Guardia Civil mientras lo conducía y que encontraran las drogas”, cita en sus conclusiones el informe de la Benemérita.

Tres de los acusados son el administrador y dos empleados de la finca La Breña del Agua, propiedad de un empresario belga de quienes Clavero ya había recibido amenazas y ataques en más de una ocasión. El otro, M.A.P, es un vecino de Jerez de la Frontera que sirvió como infiltrado de aquellos para introducir la droga en el coche del ecologista.

Clavero y otros compañeros se habían reunido en la localidad gaditana de El Bosque la tarde del 26 de agosto para realizar una marcha reivindicativa por los caminos de uso público vallados y ocupados por terratenientes, como tantas otras veces. Al inicio de la manifestación se les unió un hombre que, haciéndose pasar por ecologista, se ganó su confianza para que a la vuelta le acercaran en coche hasta un punto del camino donde, supuestamente, vendrían a buscarle. “Sí, sí, vale… ya voy para allá… en el bar Majaceite…” dijo por teléfono antes de bajar. Previamente, había fingido perder las gafas en el asiento trasero para esconder allí las 29 papelinas de cocaína y los 8 trozos de polen que la Guardia Civil encontró casualmente pocos minutos después de que abandonara el vehículo.

La Guardia Civil -que en un primer momento sostuvo que se trataba de un control rutinario y luego cambió su versión-paró a Clavero e inspeccionó su coche tras recibir una llamada anónima:

-¡Hola!, buenas tardes… ¿Guardia Civil, no…?

-Sí.

-Mire… yo llamaba para informar que hoy, entre las cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con matrícula terminada en DTT, con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos.

-¡Ummm…!

-Gracias.

Lo que no tuvo en cuenta quien llamó es que la cabina desde la que lo hizo estaba en el campo de visión de dos entidades financieras situadas justo enfrente. Las cámaras de seguridad muestran al teléfono a un hombre con un coche de la finca La Breña del Agua.

Pero no fue el único chivatazo. Un agente del Seprona presente en la detención también conocía la información. Unos días antes se había reunido en uno de los bares más concurridos de la zona y a la vista de todos con el administrador de la finca ahora acusado. Es a él a quien llamó, de hecho, cuando en un primer registro a Clavero no apareció la droga.

-“Detrás del asiento del copiloto, borra esto”, le contestó el responsable de La Breña del Agua al agente en un mensaje.

El Guardia Civil, no obstante, no ha resultado imputado. El informe considera que fue también víctima de la trampa.

“Lo que hay detrás de esto es torpeza y prepotencia, porque se piensan que como esto es la sierra y ellos son los señores del dinero y el poder, pueden hacer lo que quieran. El empresario belga ha comprado varias fincas ahí y las ha cerrado a cal y canto para sus intereses, ha contratado seguridad privada cuando son vías de paso público”, dice en conversación telefónica con Público Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Cádiz.

Clavero, Yllescas y otros ecologistas de la zona llevan décadas luchando por la defensa de los caminos públicos, que la Ley de Vías Pecuarias de 1995 reconoce como bienes de dominio público, pese a que muchas están dentro de fincas de terratenientes, que las vallan para su aprovechamiento forestal y de caza. El problema afecta a terrenos de todo el Estado, pero es especialmente grave en el sur de la Península, porque gran parte de las tierras están en manos privadas. Allí, pasear por el campo se ha convertido en algunos casos en una ruta por alambrados.

Lola Yllescas recuerda que siempre han tenido problemas, pero asegura que ahora son más frecuentes: “Ha habido de todo, amenazas, llamadas… a Juan le quemaron el coche una vez y a mí me advirtieron de que no caminara sola. Hay un pueblo donde a los ecologistas nos han nombrado personas non gratas, y aunque te ríes, no nos atrevemos a ir”, asegura.

“Nos hemos metido en fincas de amigos del rey o en las de la Pantoja, pero cuando estas tierras han empezado a comprarlas extranjeros es cuando ha habido más problemas. Parece ser que hay gente que todavía cree que Andalucía es Zimbabwe”, sentencia.

Los cuatro imputados declararán ante el juez en febrero.