Juana Rivas ha llegado esta mañana al Juzgado de lo Penal 1 de Granada, donde será juzgada por dos delitos de sustracción de menores por haberse negado a entregar a sus hijos a su expareja y posteriormente haber permanecido durante un mes con ellos en paradero desconocido.

Acompañada por su abogado, José Estanislao López, una hermana y sus padres, Rivas, que ha llegado poco antes de las nueve y media, ha estado arropada a su llegada por medio centenar de personas pertenecientes a la plataforma cívica creada en su apoyo y ha declarado a los periodistas al acceder al juzgado que afronta el proceso "tranquila".

En su declaración, Rivas afirmó que se fue en mayo de 2016 con sus dos hijos de la isla de Carloforte (Italia) y no volvió porque "no quería vivir más bajo las torturas" de su expareja y que, ya en España, no le entregó a los niños pese a conocer las resoluciones judiciales que le obligaban a ello, porque estaban "escapando del maltrato" y quería proteger su "integridad física y psicológica".

"Cómo los iba a entregar", ha llegado a decir a preguntas del fiscal, reconociendo que sabía que le estaban requiriendo a sus hijos pero creía "imposible" que finalmente fuera obligada a entregarlos para que regresaran a Italia, donde están escolarizados y residían hasta que ella decidió marcharse porque era "insoportable" continuar allí.

Rivas ha relatado que llegó "aterrada" de Italia y, a preguntas de su letrado, ha descrito una situación en la que "siempre fue actuando dentro de lo que le iban diciendo" sus distintos asesores y abogados, que si bien le advirtieron de que "podría tener represalias y dificultades" no le hablaron de que podía enfrentarse a "años de cárcel y retirada de la patria potestad", ha dicho.

Ha afirmado que le explicaron que no tenía que entregar a los niños mientras hubiera recursos y que luego, cuando se acudió al Tribunal Constitucional, le plantearon que no era "producente" hacerlo hasta que existiera una resolución, de modo que fue cuando le transmitieron que no había "más armas legales" cuando, tras permanecer un mes en paradero desconocido con ellos, decidió entregarlos. Así lo ha expuesto en el transcurso del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por presunta sustracción de menores, y donde el juez ya ha advertido de que ésta "no es una causa de malos tratos".

Por su parte, Enrique Fabián Zambrano, letrado de la expajera de Rivas y padre de sus hijos, el italiano Francesco Arcuri -que declarará por videoconferencia-, ha manifestado a los periodistas que confía en que se haga justicia.

Primer juicio aplazado

El juicio estaba inicialmente previsto para el pasado 14 de junio, aunque se había pedido un retraso debido a la baja médica de López, abogado en el que Juana Rivas depositó su confianza en esta causa. Otro abogado del mismo despacho, Juan de Dios se presentó entonces como letrado, sólo para ratificar que no ejercería su defensa por no estar al tanto del caso que se seguía en España y falta de tiempo para preparar la defensa. Ante la negativa del Juez a aplazar la vista, de Dios abandonó la sala, dejando a Rivas sin representación legal, lo que forzó la suspensión del juicio en contra del criterio del juez, Manuel Píñar, que puso los hechos en conocimiento del Juzgado de guardia, el Colegio de Abogados de Sevilla y la Fiscalía, y dio a Rivas un plazo de tres días para que designara a un abogado de su confianza.

Rivas designó entonces a José Estanislao López, el abogado que la ha asistido en el proceso y en quien la acusada tenía depositada su confianza, si bien no pudo asistir el pasado 14 de junio para ejercer su defensa por encontrarse de baja médica, cosa que hoy sí ha hecho.

Juana Rivas está acusada de permanecer en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, aunque ella mantiene que no ha cometido delito alguno, por lo que se considera exenta de responsabilidad.

La mujer ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que intentó actuar para proteger a sus dos hijos frente a Arcuri, que fue condenado en 2009 por malos tratos y al que denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolverse por la justicia italiana, que sigue además otro procedimiento civil por la custodia de los menores. Las claves de este caso, según los abogados de Juana Rivas, recaen sobre la decisión del juez Piñar de permitir entrar en la violencia de género que sufrió Juana a manos de su expareja o no.