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Custodia compartida Juana Rivas sigue en paradero desconocido mientras avanza la batalla legal por sus hijos

La mujer que incumplió la orden de un juzgado de Granada que la obligaba a entregar a sus dos hijos al padre, residente en Italia y condenado en 2009 por lesiones contra ella, sigue ilocalizable.

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Juana Rivas comparece junto a la responsable del área de Igualdad del centro de la mujer de Maracena (Granada). EFE

Juana Rivas, la mujer que incumplió este miércoles la orden de un juzgado de Granada que la obligaba a entregar a sus dos hijos al padre, residente en Italia y condenado en 2009 por lesiones contra ella, sigue ilocalizable mientras los representantes legales de ambos mantienen la batalla judicial por los menores.

El abogado Adolfo Alonso, que representa al padre, ha anunciado este jueves a Efe que iniciará acciones legales ante lo que considera un "secuestro" de los niños, y por su parte Francisca Granados, asesora de la madre, ha dicho a Efe que siguen trabajando con nuevos informes en el recurso de reposición contra la ejecución de la resolución que obligaba a Rivas a entregar a sus hijos y en la preparación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Juana Rivas, que permanece ilocalizable junto a sus hijos, de 3 y 11 años, desde la noche del pasado martes, podría incurrir en posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro o sustracción de menores, penados a partir de tres meses de cárcel, al incumplir la orden que la obligaba a entregar este miércoles a los menores, según han apuntado a Efe fuentes judiciales.

Francisca Granados, que como asesora jurídica del centro municipal de la mujer de Maracena (Granada), de donde es vecina Juana Rivas, le ha prestado asistencia en este proceso, ha reconocido este jueves que la madre se está "jugando cosas muy duras" ante una administración "incompetente" para defenderla como víctima de violencia de género.

Ha insistido en que Juana, cuya expareja cuenta con una condena por lesiones en el ámbito familiar en 2009, está oficialmente reconocida como víctima de maltrato y que sus hijos también han recibido asistencia profesional por este motivo.

Aunque con posterioridad retomaron la relación en Italia y tuvieron un segundo hijo, ella decidió poner fin a la vida en común con él y volvió a denunciarlo en julio de 2016 por violencia machista tras abandonar Italia con sus hijos, donde residían los cuatro, si bien esta denuncia aún está pendiente de ser tramitada.

Ha reconocido que deberá ser un juez el que determine en última instancia la custodia de los niños, pero ha reiterado que se trata de un caso de violencia grave y ha lamentado el "desconocimiento" por parte de algunos miembros de la judicatura que habrían obviado que los menores también son legalmente reconocidos como víctimas.

Auxilio administrativo

Sin embargo, el abogado del padre ha vuelto a quejarse de la "instrumentalización" del caso, que, en su opinión, quiere derivarse exclusivamente a una cuestión de violencia de género, cuando, dice, es un tema de "secuestro y de un padre que lleva un año sin poder hablar con sus dos hijos menores".

Alonso, que ha insistido en que quiere centrar su actuación en los tribunales y no en la "agitación social", ha admitido que la condena en 2009 al padre por lesiones en el ámbito familiar puede "condicionar" la posición de la opinión pública, pero ha aclarado que no hay ningún dato que diga que haya perjudicado a sus hijos.

Según lo trasladado por el padre a su letrado, éste habría aceptado esa condena en 2009 como una forma de seguir viendo a su hijo -por entonces la pareja solo tenía uno-.

Mientras, continúa en vigor la orden de la titular del Juzgado de primera Instancia número 3 de Granada de que el padre fuera auxiliado por las fuerzas de seguridad en el supuesto de que la madre no entregara a los niños, como así ocurrió este miércoles.

Se trata de un auxilio administrativo por el que se insta a las fuerzas de seguridad -en este caso a la Guardia Civil al corresponderle la demarcación de Maracena- a que notifiquen a la madre que debe entregar a sus hijos al padre.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que las fuerzas de seguridad actúan conforme a lo dictado por la juez.

Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez no tiene de momento intención de emitir ninguna otra orden judicial.

En las últimas horas han surgido numerosas muestras de apoyo a Juana Rivas en las redes sociales, que en Twitter han sido tendencia nacional bajo la etiqueta #JuanaEstáEnMiCasa