MADRID.- Durante la noche pasada, 39 personas internas en el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, han permanecido en su azotea, pidiendo a gritos “libertad y dignidad”.

En estos centros se ingresan a personas extranjeras, por un máximo de 60 días, como paso previo a su expulsión. Sin embargo, aproximadamente más de la mitad de las expulsiones planeadas no llega a materializarse, lo que cuestiona la idoneidad de dicha medida.

"Debemos recordar que en los CIES se retienen a las personas que no han cometido delito alguno, y que, sin embargo, se les privan de los derechos fundamentales y sociales más esenciales garantizados constitucionalmente", afirma la asociación Jueces para la Democracia a través de un escrito.

En el año 2014, fue finalmente aprobado el Reglamento de Funcionamiento de los CIES, recibiendo de inmediato numerosas críticas, y siendo, de hecho, anulados cuatro de sus artículos más polémicos por el TS.

Las innumerables quejas y denuncias interpuestas por la Defensora del Pueblo, diversas ONG, y organizaciones juristas, y sociales, así como las realizadas por las propias personas internas, "ponen de manifiesto que los CIES se caracterizan por ser espacios de vulnerabilidad humana en medio de la opacidad de las prácticas policiales", comentan desde el colectivo.

A pesar de la actuación que han realizado en estos años los y las jueces encargados de su control, "perviven las deficiencias estructurales, caracterizadas por el hacinamiento, la irregular asistencia sanitaria y jurídica, la falta de información a las personas internas sobre su situación administrativa, la nula existencia de políticas sociales y/o educativas, etc".

La asociación entiende que los CIES son una medida de último recurso, al igual que la sanción de expulsión es subsidiaria a la de multa para personas en situación de mera estancia irregular.

Por todo ello, desde JpD consideran que el internamiento de tales personas debe desaparecer a corto plazo, y, hasta que ello no se materialice, "exigimos del gobierno que realice una inversión económica adecuada que posibilite la vida digna en los CIES, dando pleno cumplimiento a los derechos de que son titulares las personas internas".