Publicado: 17.10.2016 13:04 |Actualizado: 17.10.2016 13:04

Una jueza denuncia que la falta de recursos impide cumplir la ley contra la violencia machista

Fátima Saura advierte de que los recursos económicos son insuficientes para ejercer una verdadera protección."No se puede invitar a denunciar a la mujer y luego no ampararla y dejarla a su suerte".

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Imagen en contra de la violencia de género

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MADRID. - La titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Murcia, Fátima Saura, ha pedido hoy una "revisión crítica" de la ley que regula su aplicación porque la falta de recursos económicos hace imposible ejercer una verdadera protección de la víctima.

"No se puede invitar a denunciar a la mujer y luego no ampararla y dejarla a su suerte", ha sentenciado Saura ante los grupos parlamentarios presentes en la Comisión Especial contra la Discriminación y la Violencia de Género de la Asamblea Regional de Murcia, en la que ha detallado las deficiencias y disfunciones provocadas por los recortes presupuestarios en los últimos años.



Así, ha denunciado que si una mujer presenta la denuncia policial en horario nocturno, no hay una trabajadora social que avise al letrado especializado para asistirla, cuando el primer paso es "fundamental".

También ha criticado que los partes manuscritos de denuncias que realizan los profesionales del servicio sanitario de urgencias y de algunos centros de salud sin ordenadores impide el rastreo del registro previo de posibles denuncias de la víctima.
Tampoco los profesores tienen formación sobre el protocolo de actuación ante una orden de alejamiento del padre de sus hijos.

Además, la jueza ha alertado del repunte de casos entre menores de edad y la desprotección que sufren las ancianas, puesto que sus maltratadores "no tienen nada que perder" si no hay plazas reservadas para ellos en centros de mayores, lo que aumenta "exponencialmente" el riesgo de atacar a sus parejas.

Saura ha abogado por acabar con la "pescadilla que se muerde la cola" que supone que la mujer tenga que formular una denuncia para tener derecho a protección y ha abogado por tramitar las ayudas sin necesidad de que tengan que dar previamente ese paso ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

También es partidaria de reforzar la sensibilización, la educación y la atención sociosanitaria para evitar que las chicas estén volviendo a aceptar conductas "intolerables" como el control del teléfono móvil por parte de sus parejas.