Publicado: 24.11.2015 15:54 |Actualizado: 24.11.2015 18:31

La justicia vaticana interrogará el lunes a los imputados del Vatileaks2

"El Papa quiere que esto termine pronto", dice el sacerdote español Lucio Vallejo, uno de los principales acusados

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Fotografía facilitada por 'L'Osservatore Romano' de la primera sesión del llamado caso Vatileaks2 en el Vaticano, que sienta en el banquillo al sacerdote español Lucio Vallejo Balda, dos periodistas, y otras dos personas. EFE

Fotografía facilitada por 'L'Osservatore Romano' de la primera sesión del llamado caso Vatileaks2 en el Vaticano, que sienta en el banquillo al sacerdote español Lucio Vallejo Balda, dos periodistas, y otras dos personas. EFE

ROMA.- El tribunal del Vaticano abrió este martes el juicio contra los cinco imputados por filtración y divulgación de documentos secretos en el caso conocido como Vatileaks2 y anunció que el próximo lunes comenzarán los interrogatorios, por lo que todo indica que podría ser un proceso rápido.

En el banquillo de la sala, presidida por el juez del Tribunal vaticano Giuseppe Dalla Torre, se sentaron el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el excolaborador del monseñor Nicola Maio y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de los libros donde se publicaron los documentos filtrados.



A los dos periodistas y Maio se les comunicó el pasado sábado los cargos por los que están acusados y han tenido sólo unos pocos días para buscarse un abogado de los autorizados por el Vaticano. Mientras que en el caso de Vallejo Balda, el sacerdote que fue secretario de la Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de donde se filtraron la mayor parte de los documentos, conoció a su abogada esta misma mañana en la apertura del proceso.

Los periodistas acusados denuncian que en las leyes del Vaticano no se contempla la libertad de prensa

La primera audiencia comenzó a las 10:34 horas locales (09:34 GMT) en la única sala para juicios que existe en el Vaticano, en el interior de las oficinas judiciales de la Santa Sede, y concluyó una hora y 45 minutos más tarde.

El proceso se celebró con la presencia de los cinco imputados sentados juntos a la izquierda del tribunal en un banco de madera, mientras que Vallejo y Maio se sentaban en unas sillas a continuación.

Durante esta primera vista, la abogada de Vallejo, Emanuela Bellardini, pidió tener más tiempo para preparar su defensa después de que la letrada indicara que el caso le había sido asignado de oficio esta misma mañana. Pero el juez Dalla Torre rechazó la petición de la abogada al explicar que si un acusado se presenta sin abogado el juicio continúa y además tiene hasta el próximo 28 de noviembre para presentar sus pruebas y la lista de testigos.

Los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi a su llegada a la primera sesión del llamado caso Vatileaks2 en el Vaticano. EFE/Ettore Ferrari

Los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi a su llegada a la primera sesión del llamado caso Vatileaks2 en el Vaticano. EFE/Ettore Ferrari

Al inicio de la audiencia, Fittipaldi, autor de Avarizia, manifestó ante el tribunal su incredulidad por las imputaciones y por estar ante un Tribunal que no es de su país y en el que no se contempla la libertad de prensa y pidió que se declare nula su imputación al no especificare en el auto el tipo de delito que ha cometido, ni los documentos por los que se les acusa.

A la petición del periodista contestó el promotor (fiscal) adjunto del Vaticano, Roberto Zannotti, que afirmó que en la formulación de los cargos está específicamente el delito del que se le acusa, donde se "describen los actos de presión ilícitos realizados" para obtener la información, y sobre los documentos afirmó que son los mismos que se puede consultar en sus libros.

Tras 40 minutos de reunión entre el presidente del Tribunal y los jueces adjuntos, Piero Antonio Bonnet y Paolo Papanti Pelletier, se decidió también rechazar la petición por parte de Fittipaldi de anular su enjuiciamiento al considerar que los delitos están "indicados de manera suficiente".

Cuatro de los acusados del Vatileaks2: de derecha a izquierda,  el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi. REUTERS

Cuatro de los acusados del Vatileaks2: de derecha a izquierda, el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi. REUTERS

Vallejo, que fue secretario de la COSEA, se declaró "sereno y tranquilo" a los periodistas que pudieron seguir esta primera sesión porque en el Vaticano, donde se le trata "muy bien", se siente "protegido".

Además, el sacerdote español, que permanece en el Vaticano desde su detención el pasado 1 de noviembre, explicó a la prensa que ha sabido que la intención es que el juicio "se acabe lo más pronto posible". "El Papa quiere que esto termine pronto", dijo Vallejo a los periodistas.

El juez Dalla Torre indicó que el próximo lunes, 30 de noviembre, comenzarán los interrogatorios a los imputados y el primero será Vallejo Valda, seguido de Chaouqui, Maio y después los periodistas. Por el momento, el calendario de las audiencias definido hoy prevé que se celebren mañana y tarde durante toda la próxima semana.

Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos documentos.

En concreto, están acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por papa Francisco en 2013, y que contempla el delito de "procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación".

El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros. En el caso de que estas noticias o documentos fueran de "interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión".