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Ley Mordaza La reforma de la 'ley mordaza' con la que se denunció al cantante Evaristo lleva ya tres meses 'congelada' en el Congreso

PSOE y PNV presentaron en septiembre sendas proposiciones de ley para acabar con una de las normativas 'estrella' del PP. Pese a que las enmiendas parciales se presentaron en febrero, la Comisión de Interior aún no ha abierto la discusión.

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Evaristo, exvocalista de La Polla Records. Archivo / EFE

La ponencia para reformar en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'ley mordaza' por sus detractores, lleva tres meses 'congelada' en el Congreso a la espera de que se unifiquen los textos presentados por el PNV y el PSOE y, acto seguido, se constituya un grupo de trabajo que requerirá discusiones más pausadas.

Dicha norma, aprobada en 2015 durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, volvió a ser este fin de semana objeto de polémica por la denuncia contra el cantante Evaristo Páramos, que llamó "hijos de puta" a los policías desde el escenario del festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Los agentes de la Guardia Civil actuaron en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla multas de hasta 600 euros por faltar al respeto a las fuerzas de seguridad. Tras las denuncias de diferentes políticos, entre ellos el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el Instituto Armado aclaró desde su cuenta en Twitter que no se había producido ninguna detención ni tampoco retención del cantante Evaristo Páramos, exvocalista de 'La Polla Records'.

"Simplemente se le comunicó una denuncia. El motivo no han sido las letras de sus canciones, sino su grito de 'policías, sois unos hijos de puta' tras la actuación de su grupo", señaló la Guardia Civil este domingo.

Propuestas admitidas desde septiembre

En septiembre de 2017, el Pleno del Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley distintas para acabar con la vigente Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del PP en su etapa de mayoría absoluta y recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Una iniciativa, la del PSOE, propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como 'ley Corcuera' por la aprobada con el entonces ministros del Interior socialista o 'ley de la parada en la puerta', por el punto que acabó recurrido ante el TC.

La otra es una propuesta del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992 y que hasta el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró dispuesto a aceptar como punto de partida, llamando a que el resto de grupos consensuaran en qué términos se quería reformar la norma.

Alternativas de PNV y PSOE

Las enmiendas alternativas a la 'Ley Mordaza' se registraron el 28 de febrero. En anteriores legislaturas, el plazo medio para que se emitiera el informe de ponencia en la Comisión de Interior era de unos quince días desde la presentación de las enmiendas, pero la pérdida de la mayoría absoluta y la entrada de nuevos partidos ha dilatado el tiempo de debate de este tipo de iniciativas.

La 'ley mordaza' es una de las normas que ha ralentizado su tramitación parlamentaria. Uno de los puntos más polémicos de esta ley orgánica es lo referente al reglamento sancionador. Las fuerzas de seguridad, como ocurrió con el caso de Evaristo Páramos, pueden actuar de oficio si detectan que se han infringido alguno de los 44 preceptos calificados como muy graves, graves y leves, con multas que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros.

Entre las sanciones consideradas leves figura "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad". Dicha infracción está sancionada con una posible multa de entre 100 y 600 euros.

Los detractores de la 'ley mordaza' se suelen quejar especialmente en el procedimiento sancionador de la norma, ya que la Policía tiene que elaborar un acta de propuesta de sanción describiendo los hechos que luego pasa a la Delegación del Gobierno, que es el organismo competente de ejecutar la sanción o de desestimarla.