MADRID.- Cristina lleva casi quince días sin comer. Se puso en huelga de hambre el lunes pasado tras seis meses sin ver a su hijo, desde marzo, cuando los servicios sociales lo cambiaron de centro de internamiento y le prohibieron las visita. El niño lleva casi tres años bajo la tutela del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Sin embargo, ahora mismo, Àngel, el menor, se encuentra en custodia provisional con sus abuelos, los padres de Cristina, quienes la denunciaron ante los servicios sociales porque, según explica, no les gustaba la forma en que criaba al niño.

“La única denuncia que interpusieron contra mí es que soy vegana y que estoy a favor de la homeopatía, es absurdo”, dice Cristina. Tanto ellos como el IMAS se han negado a hacer declaraciones.

Todo comenzó el 2 de enero de 2014, cuando Cristina y su hijo Àngel visitaron Mallorca, de donde ella es natural, para las vacaciones de navidad. Ambos vivían en Escocia desde que el pequeño tenía tres años y sólo viajaban a España en verano, pascua o navidad, para que el niño aprendiera la cultura española, por lo cual, estaban allí en calidad de turistas. "Era muy importante para mí no desconectar a Àngel de España, aunque ya no viviéramos allí", asegura Cristina a Público. Pero, según cuenta, fue en una de esas visitas al país en la que los servicios sociales se llevaron al niño, que entonces tenía 6 años.

Cristina recuerda ese día como “el peor” de su vida. "El 17 de enero de 2014, dos días antes de volver a Escocia tras las vacaciones de navidad la policía llamó a la puerta de mi casa", dice Cristina, quien se negó a abrir porque "sabía que llamaban por culpa de mi padre", contra el que puso años antes una denuncia por violencia y quien, resalta, era policía antes de jubilarse. El día 14 de enero, afirma que tuvo una discusión con él y que le aseguró que no se irían de Mallorca.

“Los policías tiraron la puerta abajo sin pensar que podíamos estar detrás”, lamenta Cristina, quien recuerda tristemente los últimos momentos con su hijo. "El niño empujaba la puerta para que no entraran y empezó a chillar porque tenía miedo y no quería irse, nos agarramos tan fuerte que me quedé con un trozo de su jersey en mi mano" explica. Los servicios sociales de Mallorca declararon al niño en situación de desamparo y lo internaron en un centro.

“Decían que mi hijo no estaba escolarizado sólo porque no sabía leer en castellano, pero es que nosotros vivíamos en Escocia y mi hijo estaba aprendiendo a leer en inglés, era imposible que supiera en Español” se defiende Cristina. Esta defensa ya le hizo ganar un juicio, en octubre de 2014, cuando un juez declaró que no había desamparo y ordenó que el niño volviera con su madre, sin embargo, "los servicios sociales recurrieron en segunda instancia y el resultado de esa resolución fue negativo", explica.

El juez apuntaba que “tan acusado apresuramiento originaba carencias administrativas -desde que se puso la denuncia hasta que se llevaron al menor pasaron solamente tres días-. La primera de ellas es que ni la madre ni el menor fueron objeto de estudio, de examen o de entrevistas (…) para verificar si eran ciertos o no los detalles del Informe”.

Así, el juez tumbó, una a una, las acusaciones tanto de sus padres como de la administración y restituyó “a la demandante en el ejercicio de la patria potestad”.
La huelga de hambre que empezó el lunes es para que "quien tenga que ponerse las pilas se las ponga porque un juez ya dijo que tenían que devolverme a mi hijo", dice Cristina. Se refiere al IMAS, el Instituto de Mallorca de Servicios Sociales, que es el que tiene la custodia de Àngel. “Una madre se pone en huelga de hambre cuando ya lo ha hecho todo y no tiene nada más que hacer para recuperar a su hijo” explica Cristina, quien fue despedida de su trabajo como piloto comercial al no volver a Escocia.

“La sociedad piensa que es muy difícil que te quiten la custodia de un niño, que algo muy malo habrás hecho, pero esta es la realidad: hay cientos de mujeres en mi situación que están sin sus hijos porque la administración no quiere devolvérselos; para ellos la madre siempre es el último mono” denuncia Cristina, quien acusa también a los servicios sociales de “lavarle el cerebro a Àngel”.

“Los primeros meses siempre que me veía venía corriendo a abrazarme, era un niño muy cariñoso, pero desde hace unos meses se limitaba a mirarme y a no hablarme prácticamente”, asegura. Ahora la única forma que tiene de verlo es hacerse la encontradiza con sus padres, quienes le prohíben cualquier contacto.
El lunes 10 de octubre Cristina vuelve a ir a los juzgados, esta vez para demostrar que, si bien el desamparo no existía, en los casi tres años que han pasado, las acusaciones del IMAS y de sus padres ya no pueden sostenerse.

“Es difícil, pero lo vamos a intentar una y otra vez”, asegura Cristina.