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La Manada "Sin perspectiva de género, la justicia se convierte en un arma de discriminación institucional"

La sentencia a La Manada despertó duras críticas hacia el tribunal y la forma en que se interpretan los delitos sexuales en la justicia. Pero, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género? Lo analizamos en este artículo de la mano de dos expertas.

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El movimiento feminista lleva a los actos del Dos de Mayo su protesta por La Manada / EFE

Pocas decisiones judiciales han sido tan contestadas y han levantado tanta indignación social como la que emitió el pasado 26 de abril la Audiencia de Navarra en el caso de La Manada. El hecho de que los jueces no encontraran indicio de violencia o intimidación suficiente para considerarlo una violación, ha sido el detonante de una fuerte contestación social de la que nadie ha quedado al margen. Las protestas en la calle se han repetido desde el mismo momento de conocerse la sentencia, pero también se han extendido a la política y dentro mismo del estamento judicial. El Gobierno ha propuesto, incluso, realizar un informe para una posible modificación del Código Penal.

Sin embargo, lo que más se ha oído a lo largo de estas últimas dos semanas es la necesidad de que se juzgue con perspectiva de género, un concepto que está dentro de nuestras leyes y en los tratados internacionales que ha firmado España en las últimas décadas, pero que pocas veces parece aplicarse.

Pero, ¿qué significa juzgar con perspectiva de género exactamente y porqué no se hace?

“El objetivo de juzgar con perspectiva de género es garantizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Para que esto sea posible, lo que hay que reconocer previamente es el hecho de que mujeres y niñas, por el hecho de serlo, han sufrido históricamente y siguen sufriendo toda una serie de discriminaciones”, cosa que en general no se tiene en cuenta en los juzgados, afirma Elena Laporta, abogada de Women´s Link, una organización que defiende los derechos de las mujeres desde el derecho.

“Juzgar con perspectiva de género es buscar soluciones justas a situaciones desiguales. Y eso se hace evitando una aplicación mimética o formalista del derecho. Si se aplican la ley tal cual está, incluso las leyes potentes sobre género, no vamos a avanzar”, afirma Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

De lo que se trata es de realizar un análisis caso por caso (independientemente de que sea penal o civil o laboral, porque no hay que perder la perspectiva de que no se aplica sólo a los casos penales) y tener muy en cuenta el impacto diferenciado que puede tener la aplicación de una ley, un hecho o un delito, sobre hombres y sobe mujeres, para identificar las situaciones que pueden haber de desigualdad. “Para esto, la interpretación y aplicación de las normas no se pueden basar en estereotipos de género, es decir ideas preconcebidas de cómo tendríamos que ser o cómo nos tendríamos que comportar las mujeres”, afirma Laporta.

Para entender el concepto de juzgar con perspectiva de género, advierten las expertas, es necesario entender dos conceptos clave: qué son los estereotipos y los prejuicios, que todos, de una forma y otra llevamos incorporados y hemos mamado desde nuestra infancia.

"Si eres juez y no sabes diferenciar cual es tu forma de pensar o cual es el estereotipo, corres el peligro de que transversalmente éstos se integren en tus resoluciones con una naturalidad aplastante, sin ser consciente de ello"

“Los estereotipos y los prejuicios de género son ilusiones cognitivas irracionales que vemos como verdades absolutas y que son muy potentes", explica Poyatos. "El problema es que cuando éstos traspasan nuestro tejido cognitivo ya no tenemos conciencia de ellos y los vemos como nuestra propia forma de pensar y no como un problema que requiera remedio legal o de tipo alguno”, añade. "Si eres juez y no sabes diferenciar cual es tu forma de pensar o cual es el estereotipo, corres el peligro de que transversalmente éstos se integren en tus resoluciones con una naturalidad aplastante, sin ser consciente de ello". El resultado, explica esta magistrada, "es una justicia distorsionada y que las sentencias se conviertan en un arma de discriminación institucional. Es decir, lo que estás haciendo es elevar el estereotipo a la categoría de justicia".

Según Poyatos, la sentencia de La Manada podría haber sido distinta con las leyes que tenemos, "pero han hecho una interpretación muy formal, sustentándola en la jurisprudencia del supremo, pero hay que recodar que esa jurisprudencia ha sido forjada por hombres. Que en ese órgano no ha habido mujeres hasta el 2015, en el que ha entrado una única mujer".

No es una opción, es una obligación

La ley de Igualdad de 2007 establece en sus artículos 4 y 15 la necesidad de integrar transversalmente el principio de igualdad que vincula a todos los poderes públicos, incluido el judicial. "¿Por qué hace esto el legislador?" se pregunta Poyatos. "Porque es consciente de que tenemos un derecho que no es neutro, que se ha diseñado y se ha forjado de espaldas a la perspectiva de género, desde una visión única que es la masculina".

"Lo que hay que tener claro es que esta no es una opción del juez, Esto es una obligación, un mandato imperativo legal. No hacerlo es impartir justicia distorsionada y hacer una justicia parcial, porque estarías tratando igual a los desiguales y con eso se genera más discriminación", insiste Poyatos. Por eso, para esta magistrada, la cura a aplicar es compensar las deficiencias de la ley con perspectiva de género y curar utilizando tres verbos: "detectar, corregir y compensar. Se llama justicia equitativa, que es el fundamento de la justicia".

Tal como reconocen las expertas, no sólo la legislación nacional, sino los convenios internacionales suscritos por nuestro país incorporan esta obligación de compensar los desequilibrios de las leyes con perspectiva de género. "En el caso de la violencia de género, el propio convenio de Estambul [suscrito por España y ratificado en 2014] dice específicamente que todo lo que tiene que ver con la investigación y sanción tiene que tener incorporado el enfoque de derechos humanos y el de género. Esto es vinculante y obligatorio", afirma Laporta. 

La formación como vacuna

Juzgar con perspectiva de género es muy difícil, reconoce Poyatos, "porque nos enfrentamos a enemigos muy potentes qué sólo se combaten de dos formas: mediante su vacuna, que es la educación desde la niñez, trabajando desde las escuelas, con una educación igualitaria, que muestre y ayude a los jóvenes cuáles son los estereotipos y les permita franquearlos; y si ya eres adulto estás contaminado, mediante la formación.  Para reafirmar la dificultad que supone recuerda una cita de Einstein: "Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". 

Nuestra legislación incluye la necesidad de formación de los operadores jurídicos en materia de género e igualdad, sin embargo estas normas son muy poco conocidas y estudiadas. En la actualidad tan sólo existe cierta formación para el personal que esté destinado a los juzgados especializados en violencia de género, pero las expertas denuncian que se trata de una formación puntual y escasa. Además, afirman, que no se trata sólo de formar para casos de violencia y penales, sino que es necesaria para todos los operadores jurídicos para asegurar una justicia igualitaria. 

"Todos tendrían que recibir formación: jueces, juezas, fiscalía, equipos psicosociales, psicólogos, forenses, abogados… Y no debería ser puntual, tendría que ser continua", afirma Laporta. Esta abogada añade que es tan importante formar en perspectiva de género y estereotipos, como en el conocimiento de las herramientas internacionales, un grupo de normas suscritas por España y que obligan a nuestro país en materia de derechos humanos y género. 

"No es una minoría discriminada. Es la mitad de sociedad. Y cuando entendamos esto podremos empezar a tomar medias serias y no sobre el papel"

"La formación no debería reducirse a la violencia de género ni a penal. Los estereotipos operan en todos los ámbitos, en contencioso y en civil también operan y en laboral y en militar. Debería haber una formación permanente, transversal y obligatoria en todos los ámbitos porque estamos hablando de la mitad de la formación. Esto es muy serio. No es una minoría discriminada. Es la mitad de sociedad. Y cuando entendamos esto podremos empezar a tomar medias serias y no sobre el papel".

¿Para qué sirven los tratados internacionales?

Según las expertas, no se puede juzgar en igualdad sin mirar lo que dicen las herramientas internacionales que como país hemos suscrito. Lo que dice la CEDAW (la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas), por ejemplo. Esta convención de Naciones Unidas tiene un montón de recomendaciones y guías que ayudan a interpretar los principios de igualdad y de no discriminacíon por razón de sexo.

"Es vergonzoso que en el temario para acceder a la carrera judicial y fiscal, no se incluya la CEDAW y en cambio se incluya el Convenio de La Haya, que están al mismo nivel jurídico. Es tan escasa la formación hoy en día, que ni siquiera los jueces tienen conocimiento de la existencia de la CEDAW a pesar de las recomendaciones y la condena a España en relación al caso de Ángela González Carreño en 2014", añade Poyatos.

Entonces, entre otras cosas, el comité de Naciones Unidas recomendó al Estado español que formara a los operadores jurídicos en materia de género y dio pautas concretas para subsanar para llevarlo a cabo. Sin embargo, España no las ha aplicado hasta la fecha. No hace falta ir muy lejos. La propia ley contra la violencia de género de 2004 establece la necesidad de formar a los operadores jurídicos y a todo personal que pueda intervenir en los casos de violencia contra las mujeres. También recoge la necesidad de una educación en igualdad en todas las etapas educativas de niños y jóvenes. Debido al incumplimiento de estos artículos, el pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó hace ya ocho meses en el Congreso, vuelve a incorporar medidas de formación y educación en justicia igualitaria, aunque hasta el momento no ha entrado en vigor. Ni siquiera el Gobierno ha liberado los fondos acordados (200 millones de euros anuales durante un lustro).

Esta magistrada, ha emprendido desde hace años, de la mano de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), organización que preside, un proyecto de formación tanto a alumnos como a profesionales. El proyecto Educando en justicia igualitaria es un ejemplo de programa reversible, porque no sólo forma a alumnos de colegios, sino también a equipos judiciales. Se trata, según Poyatos, de una educación tranformativa, no teórica tradicional, que crea recuerdos perennes en el alumnado a través de experiencias sociales reales. Lo alumnos aprenden a distinguir los estereotipos  y los prejuicios y trabajan en un juicio real.

Otra manera de producir cambios reales en los que trabaja esta magistrada, es en hacer una hoja de ruta de las sentencias con perspectiva de género. "No basta con aplicarla, hay que decirlo, visibilizarlo. Extraer el estereotipo y señalarlo. Porque con eso ayudamos a otros, cuando tenga que juzgar hechos similares". Para Poyatos, desenterrar los estereotipos de género en una sentencia o en un juicio, es una labor similar a la de un cirujano.  "Lo que hacemos es identificar cuando hay un patrón estereotípico. Lo identificamos, lo extraemos con un bisturí, lo analizamos y lo visibilizamos. Entonces aplicamos la cura: compensar con la perspectiva de género a la hora de aplicar el derecho".

Women´s Link también trabaja en la visibilización de estereotipos y justicia igualitaria. Su programa Premios Género y Justicia, analiza cada año las mejores y las peores sentencias de todas partes del mundo en materia de igualdad de género. Resalta las decisiones que han hecho avanzar el derecho de las mujeres y aquellas que ha supuesto un retroceso. En la edición pasada, una sentencia de la magistrada Gloria Poyatos obtuvo el premio mallete de oro a la mejor sentencia por juzgar con perspectiva de género. Resaltan la labor del Tribunal de Justicia de Canarias por definir jurídicamente por primera vez la técnica de juzgar con perspectiva de género en España. 

España no está entre las pioneras

La falta de perspectiva de género en la justicia no es un problema español, sino que afecta de un modo u otro a todas las carreras judiciales de todo el mundo, dependiendo de la andadura que cada una haya efectuado. "Pero España no está entre los más avanzados", afirma Poyatos. A pesar de que nuestro país ha desarrollado algunas de las legislaciones más avanzadas en materia de igualdad (que son referentes en muchos países del mundo) "aún no hemos alcanzado la igualdad real y todavía existen tantas brechas de género en todos los ámbitos sociales donde miremos, debido a la prevalencia de estereotipos y prejuicios", afirma la magistrada.

Según Poyatos, hay tribunales que están muy por delante nuestro en perspectiva de igualdad, incluso tribunales supremos y cortes constitucionales como la de México, que tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género en la carrera judicial. "Además, lo que han hecho en México ha sido formar al tribunal supremo y éste está aplicando el protocolo en sus sentencias, con lo que las hace vinculantes para todos los jueces y juezas". Otro ejemplo es Colombia, cuyo Tribunal Constitucional está emitiendo sentencias en las que hace un análisis desde la cultura social y la posición de las mujeres, como forma de contextualizar las resoluciones y avanza poco a poco hasta el momento en el que tiene que interpretar la ley, comenta Poyatos. "Porque juzgar con perspectiva de género se tiene que hacer siempre que estemos en situaciones asimétricas y patrones estereotípicos de género. Es ahí donde tienes que utilizar estas herramientas como formas de impartición de justicia equitativa. Es como una intervención quirúrgica y aunque no es sencilla, es posible", concluye.