No es la primera vez que María Salmerón está a punto de entrar en la cárcel. Lo curioso de su historia es que en todas ellas obtuvo un indulto gubernamental para esquivar la prisión en el último minuto. En tres ocasiones un Gobierno del Partido Popular le otorgó la medida de gracia. Según relatan fuentes conocedoras del caso, en una cuarta ocasión fue el propio juzgado el que decidió conmutar la pena de encierro por una multa, convencidos de que recibiría una cuarta dispensa del Ejecutivo.

 Veinte años después de que empezase el calvario judicial de esta mujer, por el simple hecho de no obligar a su hija a visitar a un padre condenado por maltrato, María Salmerón se encuentra de nuevo a las puertas de la prisión. Y  será un Gobierno coalición de PSOE y Unidas Podemos el que quizás tenga que pronunciarse sobre el caso si no prospera el recurso de sus abogados contra el auto que ordena su encarcelamiento en un plazo de apenas 15 días. Los abogados de Salmerón ya han manifestado a este diario su intención de volver a solicitar el indulto si su recurso fracasa. María Salmerón no da crédito a una condena y un auto de prisión dictados con tanta rapidez tras el estado de alarma por la covid-19 y a pesar de que su hija, que ahora tiene 20 años de edad, lleva más de siete años declarando en diversas instancias judiciales que no quiere ver a su progenitor. La última vez que lo manifestó fue precisamente en el juicio de 2019 en el que la condenaron a una pena de nueve meses de prisión y que una jueza ha convertido en un auto de ingreso en prision inmediato.

El Ejecutivo no puede pronunciarse aún sobre una medida de gracia que ni siquiera ha sido solicitada. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, difundió este lunes por la tarde un tuit en el que afirmaba que "ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por luchar por los derechos de todas".

Indultos encadenados

En julio de 2016, a un día de entrar en prisión con una pena de cuatro meses de cárcel, el entonces ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, promovió un indulto parcial. Los meses de pena se conmutaron por 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Esta fue la tercera vez que el Gobierno intervenía para evitarle la cárcel, aunque esta medida de gracias fue anulada casi dos años más tarde por el Tribunal Supremo por entender que la petición del Gobierno estuvo poco motivada”. Para entonces la pena ya había prescrito.

El Ejecutivo ya había indultado parcialmente a Salmerón en otras dos ocasiones. La segunda se había producido sólo unos meses antes, en febrero de ese mismo año y la primera en 2012, promovida en esa ocasión por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. En todas las ocasiones la pena de prisión lo fueron por el mismo delito: incumplir las visitas de su hija con su exmarido, condenado por malos tratos a 21 meses de prisión, aunque no llegó a entrar el la cárcel debido a que la condena era menor de dos años y que no tenía antecedentes.

Tal como recuerdan a Público diversas juristas, el indulto es una medida habitual. Es siempre una medida extraordinaria y ninguna de las expertas consultadas recuerda el caso de otra mujer a la que se haya concedido un indulto por incumplir las visitas de sus hijos con su expareja. Ni siquiera recuerdan a mujeres que hayan entrado en la cárcel por este motivo. Y mucho menos si su expareja ya había sido condenado por maltrato físico y psicológico a su pareja.

"El castigo más habitual en el sistema de justicia hacia las mujeres que incumplen por algún motivo los regímenes de visita con los padres suele ser quitarles la custodia de los hijos e hijas. De esos tenemos casos a raudales. Las pena de cárcel por los incumplimientos de visitas son muy poco habitual”, explica a Público Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Para esta experta, la raíz de este caso habría que buscarlo en la existencia de una "falta de sintonía entre las leyes y la realidad social. Entre el poder Judicial y la realidad social y en la leyes del poder judicial y el poder ejecutivo. Una falta de sintonía que sería necesario corregir." 

Salmerón tiene el dudoso honor, tal como ella misma reconoce, de ocupar el primer puesto de personas indultadas en España por el mismo delito.

 "Llama la atención que el indulto, que debería ser excepcional, en este caso se ha convertido en algo habitual. Ya ha tenido tres indultos y podía llegar a pedirse un cuarto. Esto es así porque no se trata de una violencia excepcional, sino sistémica. Ella ha sido condenada en varias ocasiones por hechos parecidos que la sociedad entiende que no deberían ser constitutivos de un delito condenado con una entrada en prisión. Entonces lo que hace es rectificar y la única herramienta legal que le ofrece nuestra normativa es el indulto", señala la abogada de María Salmerón, Ana Castaño Vilas. "Pero, ¿es esto lo que debería hacer nuestra sociedad y nuestro aparato legislativo? ¿O más bien debería reformar la normativa, para evitar que sigan produciéndose casos como el de María? Estoy segura de que no es un caso aislado".

Lo mismo opina y expone con determinación la propia María Salmerón. En una entrevista concedida al diario Público este fin de semana, la madre expresabaa con rotundidad que "cuando me quitaron la custodia y se la dieron a un maltratador estaba gobernando Zapatero. Y en ese momento se lió la que se lió con mi caso, pero no se legisló. ¿Por qué en ese momento no se decidió que ya no habría más visitas para maltratadores? Estamos hablando de que 15 años después seguimos en el mismo punto que en 2009. Estamos igual. No hemos avanzado nada".

Recientemente el Ministerio de Justicia se ha comprometido a modificar la legislación para retirar visitas y custodias a los padres maltratadores. Así lo afirmó el ministerio que dirige Juan Carlos Campos, después de que el Defensor del Pueblo le remitiera una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género. Entre las medidas previstas, muchas de las cuales conllevan reformas legislativas, Justicia prevé configurar como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato cuando la víctima y el autor de los delitos tuvieran un hijo en común, o cuando la víctima sea hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hijas, si existieren". Según Justicia, estas medidas afectarán de forma prioritaria al proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, que está en período de enmiendas.

"Tenemos una sociedad que afortunadamente está encarando la violencia machista desde una perspectiva progresista y que incluso tiene un Ministerio de Igualdad y que no puede permitirse que una víctima de violencia de género ente en prisión precisamente por las consecuencias que ha generado aquella violencia. Porque en realidad a ella la están queriendo mete en prisión por respetar la voluntad de su hija de no querer ver a su padre. Y cabe recordar una y otro vez que un maltratador no es un buen padre", concluye Castaño.