Publicado: 26.11.2015 15:09 |Actualizado: 26.11.2015 15:17

Casi la mitad del gasto sanitario
de la Comunidad de Madrid en 2014
se destinó a empresas privadas

La Auditoría Ciudadana de la Deuda denuncia que la mayoría del dinero (568 millones de euros) que la Consejería de Sanidad invirtió en los 1.414 contratos con compañías privadas cayó a manos de grupos relacionados directa o indirectamente con 'lobbies' sanitarios 

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Manifestación de la 28ª edición de la Marea Blanca, esta mañana en Madrid. EFE

Manifestación de la 28ª edición de la Marea Blanca, en Madrid./ EFE

MADRID.- El presupuesto de la Comunidad de Madrid en 2014 contemplaba un gasto consolidado inicial para la Consejería de Sanidad de 6.980 millones de euros. De ese dinero,  el 41,5% (2.989 millones) se realizó con medios ajenos, es decir, mediante contratos de suministros (85,8%), de servicios (8,6%), de gestión de servicios públicos (4,3%), de obras (0,8%) y de administraciones especiales (0,5%).

Son las conclusiones del Informe sobre la Contratación Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en 2014 elaborado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad que este lunes han presentado en Madrid. 



Analizando los datos del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y el Perfil del Contratante, este grupo de trabajo demuestra que las principales empresas adjudicatarias están relacionadas con la industria farmacéutica (Janssen Cilag SA-Johnson &Johnson SA, Merck Sharp & Dohme SA, Grífols SA, Abbvie Farmacéutica SLU y Gilead Sciences SL) y la tecnología médica (Hewlett-Packard Española SL, Philips Ibérica SA, el grupo Medtronic Ibérica SA-Covidien Spain SA y Boston Scientific Ibérica SA).

Sin embargo, ni el BOCM ni el Perfil del Contratante reflejan las concesiones administrativas a las empresas que construyeron los hospitales privatizados de la Comunidad ni el canon de 30 años al que están sometidos

La mitad del dinero (568 millones de euros) que la Consejería de Sanidad empleó en los 1.414 contratos con empresas privadas cayó a manos de grupos pertenecientes directa o indirectamente a lobbies sanitarios. Entre ellos, destacan Farmaindustria y la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad). De hecho, recientemente, se ha hecho público que el Gobierno y Farmaindustria estudian blindar el gasto en fármacos al PIB y que la Fundación IDIS (que representa a la mayoría de empresas de la sanidad privada)  ha pedido al Gobierno que blinde la colaboración público-privada en sanidad para que no corra peligro si el Ejecutivo cambia de color

Estos lobbies se consolidaron, según ha explicado Juan Luis Ruiz, gracias al desmantelamiento de los servicios públicos y a la aplicación de políticas neoliberales. "El control y la restricción de la financiación del sector público ha fomentado la iniciativa privada, que cada vez es más potente y que lo seguirá siendo aunque el Gobierno de la Comunidad diga que se van a parar las privatizaciones", ha concluido. 

La deuda crece a pesar de los recortes

Además, el grupo analiza un estudio publicado por la Comisión Europea que señala que en 2013 se produjo un sobrecoste de entre el 10% y el 25% del gasto de contratación pública para la provisión de tecnologías sanitarias y productos farmacéuticos debido a prácticas corruptas. 

Y es que las cuentas, insiste el colectivo, no cuadran. "De los 2.989 millones de euros de presupuesto inicial de la consejería destinado a adjudicaciones, hemos esclarecido cómo se han repartido 568 millones, pero ¿dónde está el resto?", se ha preguntado Vicente Losada, quien ha apuntado que la cantidad que no aflora puede deberse a contratos fraccionados porque sólo se publican en el BOCM los que superan los 18.000 euros.

Losada, que ha explicado que los objetivos del grupo son el empoderamiento de la ciudadanía, el acceso a la información y la transparencia, ha destacado además que, a pesar de los recortes, entre 2002 y 2013, la deuda de la Comunidad de Madrid pasó de poco más de 2.000 millones de euros a 23.000. "Queremos cuantificar la deuda para identificar qué parte de ella es ilegítima y pedir que se suspenda", ha añadido Pilar Fernández