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Una mujer se niega a entregar a sus hijos al padre, denunciado por maltrato

Juana Rivas denunció a su expareja por malos tratos el año pasado. Éste además ya fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009.

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Juana Rivas comparece junto a la responsable del área de Igualdad del centro de la mujer de Maracena (Granada). EFE

Juana Rivas, la mujer a la que un Juzgado de Granada ha obligado a devolver mañana a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su padre, al que denunció por malos tratos el año pasado y que ya fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009, ha asegurado hoy que no le entregará a los niños.

Esta vecina de Maracena (Granada) ha comparecido junto a la responsable del área de Igualdad del centro de la mujer de este municipio, Francisca Granados, quien, por su parte, ha asegurado que agotarán todas las posibilidades contra la resolución judicial que ordena a la madre a entregar a sus hijos en un punto de encuentro familiar, y frente a la que han presentado un recurso de reposición.

Según Granados, que también se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, "la Justicia y la legalidad no siempre van de la mano", y el caso de Juana Rivas, en el que ha habido a su juicio "demasiados despropósitos", está plagado de "ignorancia e irresponsabilidad intolerables" por parte de la judicatura.

Juana Rivas, por su parte, ha asegurado que es "peligroso" que los niños vivan con su padre: "Tengo esperanza, creo en los milagros y hay gente que nos puede ayudar", ha dicho emocionada en rueda de prensa.

Tras una condena en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, esta mujer volvió a denunciar a su pareja por malos tratos en julio de 2016, después de regresar de la pequeña isla italiana de Carloforte en la que vivía con el padre de sus dos hijos, tras estar sometida supuestamente a una situación de violencia psicológica y física.

Esta última denuncia por violencia de género presentada hace ahora más de un año contra su expareja, ha informado Granados, sigue "a la espera de ser traducida" para ser enviada a Italia.

La responsable del centro de la mujer ha lamentado también que, en las decisiones judiciales acordadas no haya sido tenido en cuenta la legislación más reciente que considera a los menores como posibles víctimas de violencia de género, de ahí que haya criticado el "despropósito absoluto" de este caso.

Más recientemente, la Audiencia de Granada desestimó el recurso de apelación presentado por Rivas contra la decisión del juzgado que le ordenó la restitución de sus dos hijos a Italia, motivo por el que presentó otro recurso por infracción procesal ante el TSJA, que a su vez lo rechazó y que la ha obligado a llevar su caso al Supremo.

A pesar de la queja formalizada ante ese último alto tribunal, pendiente de resolverse, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada volvió a ordenar este lunes la devolución de los menores, en una providencia en la que señalaba que, pese a que contra ella cabía recurso de reposición, se debería "llevar a efecto lo acordado".

La juez indicaba incluso que, en caso de que la madre obstaculizara mañana la devolución, el padre debía ser auxiliado por la unidad de familia y mujer del Cuerpo Nacional de Policía.

"Estamos en acción. Vamos a luchar hasta el último momento. Se han cometido una serie de irregularidades e ilegalidades tan evidentes que demandan una respuesta extraordinaria", ha sentenciado Granados, quien ha apostillado que los menores no pueden ser considerados una mera "transacción de mercancías" y que ha advertido de que se les podría causar un "daño irreparable". 

El abogado del padre denuncia la instrumentalización de un "secuestro"

El abogado Adolfo Alonso, que representa al padre, ha denunciado hoy la "instrumentalización" de lo que considera un secuestro y no un caso de violencia machista.

El letrado ha lamentado la "campaña de desprestigio" hacia su cliente y ha asegurado que toda la actuación judicial seguida ha pretendido siempre "hacer las cosas lo mejor posible para los menores", sin exponer la figura de estos a la opinión pública y respetando su intimidad e historia personal.

En su opinión, existe una "manipulación" de los hechos y se omite que el proceso seguido para lograr la restitución de los menores con su padre en Italia ha contado con todas las garantías judiciales.

"Se pretende cercenar al Poder Judicial con movilizaciones sociales", ha sentenciado Alonso, quien a su vez ha mostrado su respeto absoluto a los derechos fundamentales del padre, de la madre y de los propios menores.

Según este abogado, el asunto no puede "desplazarse" hacia un supuesto caso de violencia contra la mujer y olvidarse el secuestro de menores llevado a cabo "voluntariamente" por la madre, con desprecio de la figura paterna y de sus derechos.

El representante del padre italiano ha recordado asimismo que la mujer, Juana Rivas, puede ejercer sus derechos en Italia "con todas las garantías" respecto a la custodia de sus hijos, dado que cualquier juez de la Unión Europea protegerá los intereses de los menores.

El abogado ha recordado que, tanto un Juzgado de Primera Instancia como luego un órgano colegiado como la Audiencia de Granada, han acordado que la restitución no supondría -ni está acreditado- que los menores quedaran expuestos a peligro físico o psíquico grave, ni a una situación intolerable.

"No hay un solo detalle que implique que mi cliente haya sido un mal padre para sus hijos. Estamos ante un Estado que cumple sus tratados internacionales", ha indicado el letrado, quien ha insistido en la instrumentalización de una condena por lesiones en el ámbito familiar al padre que se produjo en 2009.