Dicen los colectivos que luchan por la igualdad de género que "la revolución será feminista o no será". Oímos esta frase en manifestaciones y, a veces, en boca de algunos políticos. La leemos en pancartas y ahora incluso en camisetas de última moda. Inspirada en la consigna del Che ("la revolución será socialista... o no será), esta afirmación se ha llenado de significado en los últimos 13 días porque tres colectivos de mujeres han conquistado importantes hitos laborales tras arduas luchas sindicales y judiciales. 

El primer fue, a finales de octubre, cuando alrededor de 5.000 trabajadoras en residencias de ancianos de Bizcaia ponían fin a dos años de conflicto con las tres patronales del sector (Gesca, Lares y Elbe). Después de 370 días de paros, la lucha del sindicato ELA surtió efecto: las empleadas de las residencias llegarán a los 1.200 euros de salario neto por 14 pagas en 2020 y a las 1.592 horas anuales en el año 2022. Finalmente, el salario bruto de una gerocultora pasará de los 18.500 euros brutos actuales hasta los 20.400 euros brutos en 2020 gracias a la huelga más larga de la historia de Bizcaia que se convirtió, según ELA, en una lucha social y feminista. "Ha sido una huelga de mujeres y, desde nuestra humildad, creemos que estamos escribiendo una página de la historia en el movimiento sindical", afirmaron las trabajadoras en un comunicado.

Coincide con este diagnóstico la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cristina Antoñanzas, que constata la mayor implicación de las mujeres en el ámbito sindical. "La incorporación de las mujeres al mercado laboral se está reflejando ahora, después de muchos años, en la representación sindical de las empresas", explica a Público. Las condiciones laborales en sectores feminizados (como el comercio, la hostelería, la sanidad o la educación) son más precarias y quizás por ese motivo, supone Antoñanzas, sus trabajadoras tienen "más miedo de pelear por sus derechos".

Está claro que han empezado a perderlo. Las trabajadoras de Bershka fueron las protagonistas de la primera huelga indefinida contra el grupo Inditex y tras nueve días de parón en las tiendas de la provincia de Pontevedra, las empleadas de la marca ganaron la batalla al gigante textil propiedad del hombre más rico del mundo. Con su presión, obtuvieron de la empresa un compromiso para acercar sus salarios a los de sus compañeras de las otras provincias gallegas. El acuerdo incluye un plus de 40 euros mensuales por cada contratada a tiempo completo y de una parte proporcional a esa cantidad en los contratos a tiempo parcial. Además, la compañía aceptó abonar a las trabajadoras los salarios correspondientes a tres de los nueve días que permanecieron en huelga y que obligaron a mantener cerradas las cinco tiendas que tiene en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa la marca de ropa de juvenil de Inditex. 

Finalmente, este jueves conocíamos que la justicia europea rechaza por sexista el cálculo que hace España de la duración del paro para quienes tienen un empleo a tiempo parcial porque excluye los días no trabajados del cálculo de los días cotizados. Es decir, si un empleado trabaja, por ejemplo, 25 horas repartidas durante todos los días laborables de la semana, el Servicio Público de Empleo (SEPE) estipula que ese trabajador podrá disfrutar de un mes de paro. Sin embargo, si esas 25 horas de trabajo se han concentrado en cuatro días (lo que se llama empleo a tiempo parcial vertical), el SEPE sólo tiene en cuenta las jornadas trabajadas para calcular el tiempo que durará su prestación por desempleo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que ese cálculo lleva implícito una discriminación de género porque "está acreditado" que la mayoría de trabajadores a tiempo parcial vertical (cerca de un 80%) son mujeres. 

De hecho, esta sentencia del TUE llega tras la denuncia de una mujer española que trabajó como limpiadora a tiempo parcial y de forma ininterrumpida entre diciembre de 1999 y julio de 2013 con una jornada "vertical", de dos horas y media diaria, tres días a la semana. Al quedarse en el paro y solicitar su prestación por desempleo, el SEPE le otorgó dicha prestación por un periodo de 120 días frente a los 720 días que ella consideró que le correspondían. Tras una primera reclamación, la Seguridad Social le reconoció 420 días de prestación, teniendo en cuenta el número de días efectivamente trabajados y no el número de días cotizados. Sin embargo, la exempleada de la limpieza impugnó esa duración y ahora el TUE le da la razón. 

Algo muy parecido sucedió en 2012, cuando el mismo tribunal instó a España a cambiar el mecanismo por el cual se accede a la pensión contributiva. La justicia europea tachó de "discriminatorias" las condiciones de acceso a una prestación contributiva porque, debido al mismo cálculo, dejaban casi sin opción de recibirla a los trabajadores a tiempo parcial, es decir, mayoritariamente a las mujeres. De hecho, quien dio la voz de alarma en ese caso fue también una mujer. En concreto, una limpiadora a tiempo parcial en una comunidad de propietarios durante 18 años que solicitó su pensión con 66 años. Como su jornada laboral se limitaba a cuatro horas semanales, la Seguridad Social le denegó la prestación por no reunir el periodo mínimo legal de 15 años de afiliación para percibirla.

Ejemplo para otras mujeres

Esa sentencia, junto con otra del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2013, dio lugar a un acuerdo de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno para que los trabajadores a tiempo parcial tuvieran acceso a una pensión aunque no cotizaran los 15 años obligatorios. Hitos como estos sientan un precedente social y, como apunta la vicesecretaria general de UGT, "sirven de ejemplo para otras mujeres porque demuestran que la lucha sindical sirve para solucionar conflictos y para recuperar derechos".