MADRID.- La Fiscalía pide 57 años y seis meses de prisión para un guardia civil acusado de "provocar de forma deliberada y voluntaria" veinte incendios en distintos parajes naturales de la Comunidad de Madrid entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 2013, hechos que el propio agente reconoció ante el juez.

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará desde mañana el juicio contra Enrique L. D. por un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas, nueve delitos de incendio forestal cualificado, tres delitos de incendio forestal y siete faltas de daños.

Su caso puso en vilo a la Guardia Civil durante el verano de 2013, en el que llegó a provocar en menos de dos semanas hasta 19 incendios, pero finalmente fue detenido el 1 de agosto después de que se le reconociese cuando estaba tratando de prender otro fuego.

Inmediatamente, fue llamado para que acudiese a su cuartel de Navas del Rey, en el que trabajaba, y arrestado allí mismo. Para su detención, fueron cruciales tanto las descripciones aportadas por diferentes testigos como las sospechas de sus compañeros de trabajo, que comunicaron esta circunstancia al Seprona. Tras su arresto, el juez dictó prisión provisional comunicada y sin fianza para el guardia civil, que reconoció su autoría.

Según las calificaciones de la Fiscalía, el acusado, entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 2013 "provocó de forma deliberada y voluntaria veinte incendios" en parajes naturales de la región cercanos a los municipios de Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo y Villanueva de Perales.

Todas estas agresiones medioambientales supusieron relevantes daños en las parcelas afectadas, algunas de ellas enclavadas en espacios naturales protegidos.

El acusado padecía en el momento de cometerse los hechos un trastorno complejo de la personalidad con rasgos mixtos, si bien conservaba su capacidad cognoscitiva y, por tanto, conocía y comprendía la ilicitud de su conducta. Dicho trastorno le llevó a actuar de forma impulsiva en ciertos momentos, por lo que su voluntad pudo verse afectada de forma leve y moderada.

Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que el acusado pague las correspondientes multas por cada uno de los delitos atribuidos a su persona y las indemnizaciones a los propietarios de las parcelas afectadas que así lo han reclamado.