La censura algorítmica, en forma de interrupción de emisiones de vídeo en directo si una plataforma considera "sobre la marcha" que vulnera los derechos de autor, ha llegado a España en forma de Decreto- Ley. Frente a ello, la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha presentado en el Congreso "un escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios en el que se les pide votar en contra de la convalidación en lo referente a la retirada de contenidos de Internet".

Esta plataforma considera que "la regulación contiene elementos que vulneran un derecho fundamental como es la libertad de expresión en Internet". Como adelantó Público la pasada semana, el texto —concretamente, en su artículo 73— obliga en la práctica a las plataformas como YouTube o Tiktok a la censura previa, y de forma automatizada, de cualquier publicación con tal de evitar ser responsables de posibles infracciones por vulnerar derechos de autor.

Es decir, la norma española va más allá incluso de lo que obliga la Directiva: la posibilidad de que puedan censurarse retransmisiones en directo: "En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión".

"A juicio de la PLI, se trata de un artículo que atenta contra la esencia misma de Internet y es una amenaza a nuevas formas de comunicación como son las retransmisiones comentadas de acontecimientos deportivos por 'streaming'", señala el director legal de la PLI, el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, que añade: “Con el artículo 73.4 (del Decreto-Ley), el Ministerio de Iceta se ha inventado una censura en directo que no está en la directiva europea. Sin ningún tipo de control humano, ni judicial, ni garantía de ningún tipo".

En general, el Real Decreto Ley "reproduce sin matices la Directiva" y traspone el polémico artículo 17 de la Directiva, muy combatido por la Plataforma y el resto de organizaciones europeas de defensa de los derechos digitales. Sin embargo, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, no ha introducido elementos clarificadores y garantistas que eviten un impacto desproporcionado e inaceptable para la libertad de expresión. Este extremo también ha sido denunciado por la plataforma activista en defensa de los derechos civiles en la red Xnet.

Por otro lado, la PLI aplaude que se haya acabado con la fórmula del 'canon AEDE' (la cantidad que supuestamente tenía que cobrarse a los motores de búsqueda por la reproducción de fragmentos de texto de medios de comunicación), "muy negativa para el derecho a la información, y dañina tanto para medios como para anunciantes y usuarios".

Sin embargo, reclama que "el nuevo sistema para retribuir a los medios de comunicación por el enlazado de sus contenidos sea transparente y equitativo, para que no tenga un impacto negativo en el pluralismo del ecosistema digital".