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La pobreza andaluza desborda la 'renta básica' de la Junta antes de entrar en vigor

El Gobierno de Díaz incluye en los próximos presupuestos una partida de 198 millones para sufragar por primera vez una prestación social para personas en riesgo. El cálculo se hace para 45.000 familias, aunque hoy 2,6 millones de andaluces pobres cumplen los requisitos para pedirla

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Un hombre en situación de pobreza pide en la calle.- EFE

El proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2018 contempla, por primera vez, una renta mínima de inserción social dotada con 198 millones de euros. Es una medida novedosa, dice la Junta, que garantizará una prestación social a todo andaluz con unos ingresos mensuales por debajo de los 415,35 euros. El objetivo “es erradicar la pobreza”, “una gran fuente de exclusión social, marginación y desdicha con la que los andaluces no debemos resignarnos a convivir”, ha subrayado estos días la presidenta Susana Díaz.

Pero, ¿cuántos andaluces conviven con la pobreza? ¿Cuántos serán los beneficiarios potenciales de esta medida? El último informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social concluye que tres de cada diez andaluces son pobres (32,3%), es decir, que sus ingresos anuales están por debajo de los 4.000 euros. El porcentaje asciende al 41,7% de andaluces que se encuentran al borde de la exclusión social. Estas cifras desbordan por completo el presupuesto previsto por la Junta de Andalucía para poner en marcha la renta mínima de inserción: 198 millones de euros para una población necesitada que, según los autores del citado informe, alcanza los 2,6 millones de andaluces pobres. El reparto equivaldría a unos 74 euros por cabeza. Sin embargo, la Consejería de Bienestar Social ha estimado que la futura renta básica beneficiará a unas 45.000 personas.

¿Cuáles son los parámetros que definen la pobreza? El informe que ha presentado esta semana la Red andaluza contra la Exclusión se basa en el llamado índice europeo AROPE, que combina pobreza (ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional), carencia material y falta de un empleo regular. Una persona pobre es la que no puede permitirse comer carne o pescado al menos cada dos días, no puede irse una semana de vacaciones al año, no puede asumir gastos imprevistos, se retrasa en el alquiler o la hipoteca, es incapaz de hacer frente a los recibos de gas y comunidad, y carece de coche, teléfono, televisor y lavadora.

Un hogar pobre -con cuatro miembros- es aquel donde no entran más de 8.000 euros al año, y se considera en pobreza severa si ingresa menos de 4.000 euros anuales. Andalucía, junto a Canarias, lleva años puntuando por debajo de la media nacional (13,8 puntos este año), parece anclada en la parte baja de la tabla, aunque en el último año ha mejorado su situación (también la del resto de comunidades). La renta media en España es de 10.700 euros anuales, y en Andalucía de 8.398 euros.

Estos números chirrían con las macrocifras que recientemente ha aportado la Consejería de Hacienda al presentar las cuentas públicas del año que viene. El Gobierno andaluz ha anunciado un presupuesto para 2018 “expansivo” gracias, asegura, al crecimiento de la economía regional, previsto en el 2,6%. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que Andalucía alcanzará el año que viene el PIB más alto de la historia autonómica: 166.000 millones de euros, superando el nivel previo a la crisis (157.147 millones en 2008).

Empleos precarios, salarios bajos

Estas macrocifras confirman, según la Junta, la consolidación de la recuperación en Andalucía, a pesar de que la región aún soporta una de las tasas de paro más altas de España (en torno al 25%, más de 800.000 desempleados). La propia Administración regional admite que los empleos creados son precarios y los salarios ínfimos, sobre todo en los dos sectores puntales de la economía andaluza (Turismo y Agricultura), y que cuatro de cada diez andaluces vive al borde de la exclusión social. Se crea riqueza, pero se reparte de forma desigual, y la bolsa de pobreza aumenta considerablemente. El 78% de la población andaluza tiene dificultades para llegar a fin de mes, según el informe del tercer sector, y uno de cada cuatro lo hace “con mucha dificultad”.

Susana Díaz anunció la renta mínima de inserción para 2018 después de que la Consejería de Bienestar Social de su Gobierno mantuviera reuniones regulares con sindicatos, empresarios y asociaciones del tercer sector, como Cruz Roja, Cáritas o Cermi. Es una prestación que aún está por regular, pero que vendrá a sustituir al programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, el llamado salario social (de 402,13 euros por solicitante), que el año pasado percibieron 34.980 andaluces).

Sólo la asignación consignada triplica a la actual: en 2016 la Junta destinó 80 millones al Ingreso Mínimo de Solidaridad. La nueva renta mínima se percibirá durante 12 meses, y no seis como ahora el salario social. Según los cálculos de Bienestar Social, podrán beneficiarse hasta 45.000 familias que recibirán un mínimo de 415,35 euros (correspondiente al 78% del Iprem, índice de referencia para la concesión de ayudas públicas. La oposición dice que la nueva renta de inserción es, en realidad, una reformulación del salario social, eso sí, teniendo en cuenta un 10% más del Iprem por cada miembro de la unidad familiar, hasta llegar al 125% del mismo (665 euros).

La apuesta del Ejecutivo de Díaz por la renta mínima de inserción parece enterrar definitivamente el ambicioso proyecto de una ley de Renta Básica, uno de los 28 compromisos legislativos suscritos por PSOE e IU en el pacto de Gobierno de la pasada legislatura. De aquel compromiso surgió un grupo de trabajo en el Parlamento (mayo de 2014) por el que desfilaron durante meses expertos, agentes sociales, representantes de la Universidad y de los ayuntamientos.

Se habló, entonces, de renta básica según la acepción que se le dio al concepto en su nacimiento: “un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”. Un pago incondicional para toda la población adulta equivalente, al menos, al umbral de la pobreza en cada nación. Fue un proyecto que nació muerto, porque se empezó a esbozar en el inicio de la mayor crisis económica vivida en años. Ahora, en el arranque de la recuperación económica, la Junta ha optado por dejar aquel trabajo en un cajón, y apostar por un modelo similar al que se ha venido aplicando en Andalucía los últimos años.