La energía es un elemento indispensable para asegurar a los ciudadanos una vida confortable y digna. Sin ella, no podríamos siquiera cocinar. Tampoco podríamos asegurar un clima habitable en nuestros hogares. Sin embargo, las cifras de pobreza energética siguen siendo uno de los principales problemas sociales y económicos del país. Tanto, que en España el 15% de la población (6,8 millones de personas) se ve incapaz de mantener sus casas en temperaturas adecuadas, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Medioambientales.

Un dato que se debe, tal y como analiza Ecologistas en Acción en su publicación De la vulnerabilidad energética al derecho a la vida, a la disposición de las leyes. Y es que los propios organismos europeos consideran la energía como una mercancía, lo que dificulta una regulación social de precios.

Cecilia Sánchez, autora del informe, explica a Público que "la carta fundacional de Europa podría incluir perfectamente el derecho a la energía", pero ésta es vista desde una perspectiva comercial que no atiende al bien común. "No me puedes quitar un derecho porque no te asegure un libre mercado. Primero los ciudadanos, luego las empresas", denuncia la experta.

"Es significativo que la redacción del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ponga el acento en las condiciones económicas y financieras que han de respetar las empresas que ofrezcan servicios de interés económico general”, sentencia de manera complementaria el texto del informe.

La visión neoliberal del mundo energético que hay en Europa no dista mucho en España. Desde Ecologistas en Acción denuncian la inacción política de los diferentes Gobiernos, que se han limitado a impulsar bonos sociales que, según el informe en cuestión, no cubren al número de consumidores energéticos vulnerables reales. De hecho, según las cifras de la OCU, la última reforma de los bonos impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez supuso un ahorro a los ciudadanos de dos euros en la factura respecto a la anterior.

Soledad Montero, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explica a este diario que la entrada en vigor en diciembre de 2018 de la última reforma de los bonos sociales ha sido negativa porque ha dejado de cubrir a parte de la población. Antes había dos millones de beneficiarios y ahora sólo un millón cien. “Esto no es una buena noticia, porque no significa que haya menos gente vulnerable, sino que el bono social no recoge las necesidades de esta población”, denuncia la experta.

Tal y como se trata de enfocar desde el estudio de Ecologistas en Acción, el desamparo energético tiene que ver con la condición mercantil que se da a un derecho fundamental como el acceso a la energía. En cualquier caso, la desprotección social se puede ver agravada en este tramo final del invierno, ya que el bono térmico no verá la luz después de que los grupos parlamentarios no llegaran a un acuerdo en torno a los Presupuestos Generales del Estado.

El bono térmico iba a ser un pago único que se pretendía repartir entre la población, a través de los PGE y bajo criterios de zona térmica y vulnerabilidad. "Al no haber acuerdo, la partida no existe y se va a quedar excluida de esta ayuda mucha gente", detalla Montero.

La falta de acción política para paliar los efectos de la pobreza energética no es un hecho exclusivo de España, en tanto que sólo Grecia incluyó medidas sociales para erradicar esta lacra en su Plan Nacional de Energía y Clima, según el informe de OpenExp publicado este miércoles.

Esto se debe principalmente a los límites jurídicos e institucionales analizados en el trabajo de Cecilia Sánchez. Entre ellos, es imprescindible destacar el papel que juegan los acuerdos internacionales para la protección de inversores del sector energético. Uno de ellos, el más nocivo para los intereses sociales de la población española, es el denominado Tratado sobre la Carta de la Energía, que influye de manera decisiva en el rumbo comercial del sector energético y antepone los intereses empresariales a los derechos sociales.