MADRID.- Ha tenido que hacerse efectiva la entrada en prisión de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que no cumplió una sentencia que le obligaba a derribar su casa, para que Mariano Rajoy anuncie que el Consejo de Ministros aprobará este viernes su indulto. 

"El Gobierno la va a indultar, creo que es una cosa de sentido común, se ha creado una situación profundamente injusta, y yo diría hasta absurda", ha dicho el presidente en los pasillos del Congreso. Rajoy también ha dicho que sería "bueno e imprescindible" que el Gobierno canario pudiera resolver el asunto de la vivienda y poner a disposición de la familia de Josefa Hernández una nueva.

En esta línea, esta mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido en el Congreso con las diputadas canarias del PP Matilde Asian y Celia Alberto para abordar el caso. El ministro ha dicho que el cumplimiento de la pena puede tener "un impacto sobre su familia y sobre las personas que conviven con ella", y ha añadido que el Gobierno y la Administración deben abordarlo con "responsabilidad". 

Y es que ha tenido que ser la enorme presión social la que ha obligado a mover ficha a Mariano Rajoy. Incluso, hasta miembros de su gabinete, como el ministro Soria, llamó al propio Catalá para pedirle el indulto.  Numerosos políticos y cargos públicos habían pedido también durante estos días el indulto. Y en la plataforma de Internet Change.org casi 95.000 personas han firmado la solicitud.

La Fiscalía se opuso al ingreso en prisión

La Fiscalía se dirigió el pasado sábado por escrito al Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para recomendar que se suspendiera el ingreso en prisión de Josefa Hernández, encarcelada por no derribar su casa, mientras se tramitaba el indulto. El juez, sin embargo, hizo caso omiso a la petición y se mantuvo firme en su sentencia.

El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, reveló también que el Ministerio Público pidió en dos ocasiones este verano que Josefa, que mantiene a dos hijos y tres nietos, no ingresara en prisión: primero el pasado 6 de julio y después el 22 de agosto.

La ya conocida como abuela de Fuerteventura ha defendido que su único pecado ha sido "dar un techo" a sus nietos. "Si este es el precio que tengo que pagar por ello, lo haré", ha añadido. Hernández fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, en el Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de su vivienda, considerada ilegal.

Esta vecina pagó en su día la multa, pero no derribó la casa porque no tiene otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependen de ella (un hijo parado, una hija discapacitada y tres nietos menores), lo que llevó a un Juzgado de Puerto del Rosario a exigirle que cumpliera la pena de prisión, que inicialmente había quedado en suspenso.