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El cerebro de la muerte de la pareja holandesa en Murcia, dispuesto a pactar si la oferta es "razonable"

El letrado defensor de Serafín de Alba, propietario de los terrenos donde se hallaron enterrados los cadáveres, ha asegurado que su defendido niega alcanzar un acuerdo.

El acusado Serafín de Alba (d), acompañado de su abogado, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde este miércoles se iniciaba el juicio por el asesinato de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y su pareja, Lodevijk Severein, hallados muertos en una casa rural de Molina de Segura (Murcia) en mayo de 2013. A de Alba, el único acusado en libertad, se le atribuye un delito de encubrimiento. EFE/Javier Carrión

PÚBLICO/AGENCIAS

MURCIA.- El abogado José María Caballero, que ejerce la defensa de Juan Cuenca, el 'cerebro' del doble crimen de la pareja holandesa que desapareció en mayo de 2013 y dos semanas después encontraron sus cuerpos descuartizados y enterrados en cal viva, ha afirmado este jueves que estaría dispuesto a alcanzar un pacto de conformidad con la fiscal y la acusación particular si la oferta que proponen es "mínimamente razonable".

Y es que, ha explicado momentos antes de dar comienzo la segunda sesión de la vista oral, que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Murcia, "una cosa es la pena que se refleje en la sentencia y otra cosa es el máximo cumplimiento, si son 30 años con un máximo de 20 ó 25 años, y con la calificación de asesinato cabe la posibilidad de 25 años y podría ser una alternativa", pero por encima no se plantearía ese acuerdo.

Hay que recordar que la acusación, que representa a las familias de las víctimas, la exjugadora de voleibol Ingrid Visser y su pareja, Severin Lodewijk, no está dispuesta a modificar el delito de asesinato a homicidio.

La fiscal y la acusación mantienen su petición inicial de 25 años por cada uno de los dos delitos de asesinato para Juan Cuenca y los dos individuos rumanos, Valentin Ion y Constantin Stan. Para Serafín de Alba, el propietario donde se hallaron los cuerpos descuartizados, por un delito de encubrimiento solicita tres años de prisión.

Está previsto que después de las alegaciones de los abogados, la fiscal y la acusación comience la ronda de declaraciones de los acusados. En principio, el primero en declarar es Juan Cuenca; en el caso de que exista una sentencia beneficiosa, su letrado advierte que podrían plantear un posible reconocimiento de los hechos, aunque es un extremo que aún desconoce.

El propietario de los terrenos se niega a pactar

Por su parte, Fidel Pérez, el letrado defensor de Serafín de Alba, el propietario de los terrenos donde se hallaron los cadáveres de la pareja, ha asegurado que su defendido se niega a alcanzar un pacto de conformidad.

Minutos antes de comenzar la segunda sesión, el abogado ha dejado claro que ellos están fuera de esas negociaciones.

Serafín de Alba mantendrá en el juicio su inocencia y declinará pactar con las demás partes y la fiscal, ya que afirma que no ha cometido los hechos que le imputan la fiscal y acusación, quienes piden tres años de cárcel por un delito de encubrimiento.

"Seguimos la ruta prevista"

Fermín Guerrero, el letrado que lleva la defensa de uno de los individuos de nacionalidad rumana, acusado en el crimen de los holandeses, Valentin Ion, no se ha cerrado a alcanzar un posible pacto, ya que acude al juicio "con el ánimo de intentar darle una solución razonable a este tema".

Guerrero, a su llegada a la Ciudad de la Justicia, ha explicado que ese pacto "se irá viendo conforme vayan pasando las primeras horas". Asimismo, ha asegurado que "no hablo de pactos, mantenemos nuestra posición inicial y cuando las posibles negociaciones estén avanzando veremos, pero de momento seguimos la ruta prevista". Pese a ello, ha dejado claro que el juicio "no se va a poder evitar en cualquier caso".

Hay que recordar que tanto la fiscal como la acusación particular, que ejerce en representación de las familias de las víctimas, Ingrid Visser y Lodewijk Severin, piden para los dos individuos rumanos y Juan Cuenca, 25 años por cada uno de los dos delitos de asesinato, así como una indemnización de entre 50.000 y 100.000 euros.

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