· TODOS LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ - VER ESPECIAL

Resolver el desaguisado que deja el Partido Popular en materia de derechos y libertades no será tarea fácil. Con un rapero en el extranjero para no entrar en prisión, otros 13 condenados por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones o tuits y una 'Ley mordaza' que ha convertido en multa canciones que llevan cantándose 40 años en España, entre otras cosas, la tarea de un Ejecutivo  progresista debe ir encaminada a frenar cuanto antes el actual deterioro de la democracia española y quitar la 'mordaza' a la sociedad'. 

El mismo Pedro Sánchez se mostraba recientemente en Twitter en contra de la pena de cárcel contra el rapero Josep Miquel Arenas, Valtonyc. "El mal gusto no puede estar castigado con la cárcel. La libertad en la expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia", escribía el ahora presidente del Gobierno sobre la sentencia de tres años y medio que pesa sobre el rapero mallorquín por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. 

Sin embargo, fue el propio PSOE quien firmó con el Partido Popular el Pacto Antiyihadista que endurecía las penas por enaltecimiento del terrorismo a la vez que empujaba la definición de qué es terrorismo a terrenos pantanosos. Asimismo, los socialistas también votaron en contra recientemente en el Congreso a derogar el delito de injurias a la Corona. En estas circunstancias, tiene que ser el presidente Pedro Sánchez el que disponga qué quiere cambiar en la legislación para evitar que raperos entren en prisión por sus canciones. 

La reforma más asequible parece la de la Ley de Seguridad Ciudadana ya que solo el Partido Popular defiende la actual redacción de la misma. El propio Pedro Sánchez citó la reforma de esta ley como un horizonte posible desde la tribuna del Congreso durante su sesión de investidura. Meses antes, en el Congreso, los socialistas plantearon recuperar el articulado de la ley anterior a Mariano Rajoy, conocida como 'ley Corcuera o ley de la patada en la puerta', como punto de partida del debate. 

El regreso a esta norma sería un paso positivo para varios colectivos. Acabaría con la Disposición Final Primera, que regula las devoluciones en caliente (Disposición Final Primera); y también con las multas a prostitutas, que son perseguidas con por la actual legislación (artículo 36.11); o las sanciones a drogodependientes que se transportan en cundas (artículo 36.17). Asimismo, también pondría fin a las sanciones por "falta de respeto a la autoridad", concepto introducido en la reforma de la Ley del exministro Fernández Díaz y que solo en 2016 sirvió para recaudar más de 3 millones de euros en multas. 

Volver a la 'Ley Corcuera' no es la solución

Sin embargo, expertos y juristas consultados por Público cuando se presentaron los proyectos para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana señalaron que, desde un punto de vista progresista, el regreso a la Ley de 1992 no es la solución. Así, Daniel Amelang, abogado de La Red Jurídica, advierte la 'Ley Corcuera' es la que sirvió al Estado para imponer miles de multas contra los activistas del 15M:

"Si volvemos a la legislación anterior se podrán seguir sancionando conductas como convocar u organizar una concentración o manifestación sin comunicarlo a Delegación de Gobierno, negarse a disolver una concentración cuando lo ordene una autoridad (incluso si se considera que dicha orden es ilegítima), así como cualquier forma de desobediencia, negarse a exhibir la identificación ante un agente, impedir la circulación por las vías públicas, y un largo etcétera. Y, lo que es más grave, los agentes de la autoridad seguirían gozando de una suerte de presunción de veracidad, por tanto de un mayor valor probatorio que la versión de los ciudadanos", señala Amelang.

Propuestas para una nueva Ley

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oviedo Jose Manuel Paredes señaló que una Ley de Seguridad Ciudadana debería "acabar con la inseguridad jurídica que permiten expresiones como 'perturbar la seguridad ciudadana' o la 'paz pública', que deja en manos de la Policía la interpretación de quien y cuando se perturba la paz". Asimismo, Paredes también apunta a la "rebaja" de las cuantías máximas que van asociadas a cada sanción; así como reducir la discrecionalidad que tiene ahora la Policía para decidir cuando cachear a un ciudadano o impedir el paso a un determinado lugar.

El catedrático destaca como una medida a "tener en cuenta" la creación de "órganos admnistrativos independendientes" encargados de recibir las propuestas de sanción de los policías y recoger también la versión de los ciudadanos para evitar la discrecionalidad de los procesos administrativos.

Amnistía Internacional, por su parte, también hizo llegar el pasado mes de septiembre una serie de propuestas a los grupos parlamentarios encaminadas a proyectar una Ley de Seguridad Ciudadana que "garantice que todos los ciudadanos acceden a los recursos adecuados" cuando "consideren vulnerados sus derechos de reunión, expresión e información"; que asegure que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada "en materia de derechos humanos"; y, por último, que "incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias".

En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI), señalan que el problema de la Ley de 1992 no es tanto de articulado, que también, sino del espíritu que inspira las leyes que hasta ahora han regulado el ambiguo concepto de "orden público". "Tanto la 'ley mordaza' como la 'ley corcuera' comparten el espíritu de restringir derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad de reunión y expresión. Solo que la 'mordaza' exagera aun más ese espíritu represor", señala Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI en declaraciones a Público.

"El objetivo de este tipo de leyes debe ser la salvaguarda de nuestros derechos y no acotarlos, como hasta ahora, con la Administración como juez y parte. La Protección de la Seguridad Ciudadana no puede ser una excusa para continuar con leyes de Orden Público. Eso no es compatible con la democracia", sentencia Quintana.