Rosana empezó con dolores hace siete años. Desde hace cuatro son casi insoportables, así que desde entonces tiene que tomar morfina para calmarlos. Pero ni siquiera el fentanilo que le recetaron, un derivado sintético del opio muy potente y que se emplea sólo en casos muy graves, consigue aliviarlos del todo. Rosana Posada tiene 45 años y era reponedora en un supermercado de Burela, en A Mariña, en Lugo. Su lesión en la espalda, la que la paraliza con agudas lumbalgias y dolores en la pierna izquierda, la mantuvo tanto tiempo de baja que la Seguridad Social acabó dándole la incapacidad permanente total.

El 3 de enero del año pasado, el especialista osteomuscular del Hospital da Costa, en Burela, le diagnosticó una hernia discal con protusión y afectación de las raíces nerviosas, y ordenó un tratamiento de 30 sesiones de rehabilitación que debería probar si ésta mitigaba los dolores y si la lesión remitía, para que el traumatólogo pudiera decidir después un tratamiento definitivo. Pero el Servicio Galego de Saúde (Sergas) aún no se han puesto en contacto con ella para darle cita para la primera sesión. Desde entonces han pasado quince meses.

“Estoy desesperada”, dice Rosana. “No es normal esperar más de un año por la rehabilitación, tengo miedo de que la lesión pueda ir a más y dejarme incapacitada”, explica. En este año los dolores han ido a más y empiezan a extenderse a su pierna derecha. El fentanilo, que aunque se administra bajo un estricto control farmacéutico también causa una severa dependencia, hace cada vez menos efecto.
El pasado mes de enero, cuando ya había transcurrido más de un año desde que el médico ordenó las sesiones de rehabilitación, Rosana contactó con la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de A Mariña, que la ayudó a redactar una reclamación que registró en el Sergas el 30 de ese mes. Ni la gerencia del hospital del Sergas respondieron a su demanda, así que el pasado 13 de marzo interpuso una nueva queja en la que solicita tratamiento inmediato en la sanidad pública, y en la que advierte de que hará responsable a la gerencia del hospital de las posibles lesiones que se deriven de la demora en someterla a él. También avisa de que acudirá a la justicia si no le dan un solución y puede empezar la rehabilitación cuanto antes.

De momento no ha obtenido respuesta. Ni del hospital ni del Sergas. Tampoco Público, que se dirigió hace días por escrito y por teléfono al servicio de Comunicación y a la gerencia del Sergas para obtener su versión de la denuncia, y para que la administración sanitaria gallega explicara por qué Rosana aún no ha sido llamada si la Xunta presume de que en el Hospital da Costa se atiende a los pacientes graves en pocos días y las listas de espera quirúrgicas y para pruebas diagnósticas apenas llegan a un par de meses.

Rosana repite que está desesperada. Su lesión la impide trabajar, así que su familia tiene que mantenerse con el sueldo de su pareja y con el pequeño subsidio que le ha quedado a ella por su incapacidad. A eso se une el dolor casi constante y el tener que vivir dependiendo de la morfina. Y lo que es peor, con la angustia de saber que el tiempo pasa, que su lesión empeora y que ni siquiera tiene aún una valoración del traumatólogo sobre la efectividad de la rehabilitación, porque ésta ni siquiera ha empezado.

La Plataforma de A Mariña asegura que el caso de Rosana, como otros que han denunciado en los últimos meses, demuestra que las cifras oficiales de espera del Sergas son mentira. Y que someter a los pacientes a esas demoras inhumanas forma parte de una estrategia “perfectamente orquestada por el Gobierno” de Alberto Núñez Feijóo para deteriorar la sanidad pública y lograr que a los enfermos no les quede más remedio que acudir a una clínica privada, o suscribir un seguro médico que sufrague los gastos de su tratamiento.

Rosana deja claro que quiere que la traten en la sanidad pública. Que ha cotizado casi un cuarto de siglo a la Seguridad Social y que no reclama nada que no sea su derecho. Pero su caso, curiosamente, muestra un paso más en esa estrategia privatizadora de la Xunta. El propio hospital que ordenó someterla a las 30 sesiones de rehabilitación explicitó en el volante que éstas deberían realizarse en un centro privado. “No es que la hayan llamado de un centro concertado porque había demoras en la sanidad pública, sino que directamente le indican una clínica privada. Y tienen la cara tan dura de decir que las derivaciones son casos puntuales”, aseguran los portavoces de la plataforma.