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El rostro de la desigualdad en España: mujer, gallega y pensionista

Galicia tiene las segundas pensiones más bajas del país, pero el riesgo de pobreza se extrema para las jubiladas, que perciben subsidios que no alcanzan los 623 euros de media

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Unas mujer pensionista en una manifestación contra la austeridad en Madrid AFP / Pedro Armestre

Si la desigualdad de sexos en España tuviera rostro, éste sería el de una mujer gallega y pensionista. Porque ese es el perfil de las personas peor tratadas por el sistema económico y el de quienes perciben no sólo las rentas más bajas del país, sino también las más desiguales.

Las pensiones de Galicia son las segundas más bajas de España. Una media de 789 euros en la última paga de marzo, sólo por encima de las de Extremadura (775 euros). Es decir, más de un 15% por debajo de la pensión media española (932 euros) y a distancia sideral de las más altas, como las del País Vasco (1.159 euros), Madrid (1.171 euros) y Navarra (1.072 euros).

La brecha autonómica es considerable. Pero se multiplica si las estadísticas se desagregan por sextos. En Galicia hay casi el mismo número de pensionistas varones -337.162, según los últimos datos de la Seguridad Social- que de pensionistas mujeres –un total de 336.192-. Pero si la pensión media para los primeros es de 982 euros mensuales, la nómina media de las segundas no alcanza los 623 euros. Es decir casi 360 euros (un 37%) menos. Si el subsidio es de jubilación, la mensualidad de un gallego asciende a 1.069 euros, pero para una gallega baja hasta los 669.

“Los problemas de desigualdad son los mismos aquí y en Albacete. Pero aquí hay características del modelo económico que agravan la brecha salarial y que afectan a la posibilidad de las mujeres de obtener una pensión similar a la de los hombres”, afirma Maica Bouza, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) en Galicia.

Bouza explica que durante los años ochenta se produjeron dos fenómenos que propiciaron la incorporación de miles de mujeres al mercado laboral bajo un modelo que condicionó el desarrollo de sus carreras profesionales, su capacidad de cotización y, por tanto, la percepción de su pensión futura.

En primer lugar, el desarrollo del Estado de las Autonomías y la descentralización de competencias en materia de educación y sanidad hacia las comunidades autónomas, que dieron empleo a muchas trabajadoras “en actividades que eran un prolongación de ese rol tradicional de la mujer en áreas relacionadas con la educación y el cuidado y la protección social”. En segundo término, la “descausalización” y el abaratamiento de la contratación temporal, que facilitó que las empresas absorbieran esa mano de obra femenina en actividades con menor valor añadido, con peores salarios y cotizaciones y en situación mucho más precaria y vulnerable al desempleo.

“Las mujeres son las primeras candidatas a tener rentas en el umbral de pobreza. Si miras las estadísticas de la Renta de Integración Social de Galicia [Risga], que es la última frontera de la pobreza, el 70% o más son mujeres”, subraya.

Comisiones Obreras acaba de publicar un informe, La brecha de género en la protección social, que pone de manifiesto que la secular diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, que en la actualidad alcanza el 23%, ha provocado que las desigualdades se disparen aún más cuando trabajadores y trabajadoras se jubilan. Y no parece que esa tendencia se esté frenado, o al menos no lo está haciendo al ritmo en que debería. Hace diez años, según los datos de la Seguridad Social para el ejercicio del 2008, la diferencia entre la pensión media de hombres y mujeres era del 38% -892,83 frente a 548,58 euros. Hoy en día, según el estudio de CCOO, sigue elevándose al 36%.

En Galicia incluso se supera esa distancia, porque el mercado de trabajo, el modelo socioeconómico y el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social ha castigado con dureza a las trabajadoras, especialmente a las de algunos sectores productivos. Como las mariscadoras, muchas de las cuales están alcanzando la edad de jubilación sin derecho a una pensión contributiva por no disponer del período mínimo cotizado, a pesar de que han trabajado durante años en las rías. O el las agricultoras de explotaciones y granjas familiares, cuyo titular, y por tanto quien se afiliaba a la Seguridad Social y se ganaba el derecho a una pensión, era su pareja.

Otro ejemplo, mucho más actual, figura en el informe Pensiones desagregadas por sexos elaborado por el Departamento de la Mujer de la Unión General de Trabajadores (UGT), que refleja la fragilidad del sistema en aquellos empleos que suelen tener mayor grado de precariedad e inseguridad, y que suelen acarrear menores niveles de cotización para el cálculo de las pensiones: “El mayor número de mujeres jubiladas en el régimen de autónomos [de la Seguridad Social en España] lo encontramos en Galicia, con un 55,15% más de mujeres que de hombres”.