La organización Amnistía Internacional, que se dedica a defender y proteger los derechos humanos, ha presentado un mapa de las políticas de austeridad por Comunidades Autónomas. Durante 2009 y 2018, denuncia, España perdió una década en "términos de inversión" para la sanidad pública.  

La organización señala que tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario español, se sigue sin recuperar la inversión sanitaria pública que tenía hace diez años, a pesar de la progresiva mejora desde entonces.

Como consecuencia, explica AI, el derecho a la salud está en riesgo en España: estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores.

Cifras alarmantes 

La organización lamenta que, aunque en los últimos diez años España ha incrementado su riqueza (el PIB) en un 8,6%, eso no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino todo lo contrario: éste se ha visto reducido en un 11,21% respecto a 2009, frente al gasto sanitario privado, que se ha incrementado en un 16,28%.

Además, la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%. Por comunidades, solo Islas Baleares recupera la inversión sanitaria pública de 2009 y las que se encuentran más alejadas de alcanzar ese objetivo son: Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Catalunya.

El porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017. Comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, España está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25% de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia (el 11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%). Y solo por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.

"España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de salud, por las cuales se compromete a avanzar de manera progresiva en el cumplimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En un contexto como el que nos encontramos, esto parece más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales para asegurar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud", añade el director de AI.

Entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 10,5%, lo que supone que el Estado, en 2018, se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década. En dinero corriente, España dedica 2.221,11 € por habitante. Durante el mismo periodo países como Suecia, Alemania o Finlandia aumentaron su inversión más de un 20%. 

Si comparamos la inversión sanitaria por habitante con el resto de países de Europa en el año 2017, se encuentra en una posición intermedia, con países que destinan más de 5.000 euros por habitante, como Suecia (5.206€), Dinamarca (5.134 €), Luxemburgo (5.082€) y Alemania (4.459€) y otros que destinan menos de 1.000€ por habitante, como Lituania, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria y Rumanía.

"Los recortes han provocado desigualdad, enfermedades, sufrimiento y muertes. Parece que ahora hemos empatizado con los enfermos y fallecidos por covid-19. Pero hay que empatizar también con el desamparo que sufre un paciente de hepatitis C al que se le deniega un tratamiento o un enfermo que tiene que esperar meses para ir a un especialista. Para que esto no vuelva a pasar es importante defender un sistema de sanidad pública, universal y de calidad", asegura Loly, enfermera de atención primaria en Madrid.

Atención primaria: la gran olvidada

La organización señala que la atención primaria, fundamental en un sistema de salud y esencial para afrontar una crisis sanitaria como la pandemia de coronavirus, ha sido una de las áreas más perjudicadas. La inversión en este servicio se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018, frente al 14,3% de 2009.

Además, el número de personal médico y de enfermería en atención primaria por cada 1.000 habitantes se mantiene igual al año 2009. Aragón y Cataluña son las comunidades que más han reducido su inversión en atención primaria y solo Murcia ha aumentado su porcentaje en un 6,92%.

"La atención primaria tendría que dar respuesta al 85% de los problemas de salud, y en realidad supone un ahorro para la sanidad, pero se sigue recortando. Cuando yo empecé a trabajar, hace 30 años, podías hacer una valoración integral del paciente, que a veces puede venir con problemas físicos, pero si no pasas algo de tiempo con ellos se te pueden escapar los aspectos psicológicos. No podemos seguir atendiendo a 50 personas al día", denuncia Loly.

Profesionales estancados

El personal médico de atención primaria por habitante a nivel estatal ha pasado de un 0,74 en 2009 a un 0,77 en 2018, aumentado apenas en 0,03. Por comunidades, las Islas Baleares y Madrid han reducido esa ratio, a pesar de que España está por debajo de la media europea y alejada de países como Portugal, el país con mejor ratio con un 2,6, Irlanda (1,82) o Países Bajos (1,6). Solo se sitúa por encima de países como Eslovenia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia y Bulgaria.

"Tenemos personal insuficiente y un presupuesto menguante, muy por debajo de lo que se espera de un país como España. Este es el contexto en el que aparece la pandemia", denuncia Pedro, médico de atención primaria en Madrid.

"Hace diez años nos sustituían las ausencias por baja, permisos vacacionales, incluso en zona de costa había refuerzo. Ahora no. Por cubrir a un compañero te dan unos 20 o 30 euros. Si haces dos turnos te lo pagan, pero el sector está muy feminizado, y el compatibilizar horarios de tarde es más complicado", explica Paula (nombre ficticio), médica de atención primaria en Galicia.

Prioridad al sistema sanitario

Por su parte, Amnistía Internacional señala que España debe adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, por esto, pide a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas dar prioridad al aumento del presupuesto en sanidad pública. 

La organización aconseja seguir las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) con el fin de invertir en la atención primaria para reforzar su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.

Asimismo, Amnistía internacional recomienda que los profesionales del sector sanitario tengan una participación activa en el diseño de la estrategia de refuerzo del sistema sanitario público para poder tener en cuenta sus propuestas.