La transición energética es la esperanza de España. Las posibilidades de este cambio de modelo no sólo beneficiarían al planeta, también a las clases populares. Durante mucho tiempo, la incertidumbre generada por la crisis climática y el cierre paulatino de minas de carbón ha generado una desconfianza en torno a las políticas verdes y su impacto en el empleo. Sin embargo, la transformación radical de los sistemas energéticos trae nuevas posibilidades para generar nuevos puestos de trabajo. El caso más llamativo es el plan de rehabilitación de viviendas y la descarbonización del parque de edificios que la Unión Europea proyecta para esta primera mitad de siglo para todos sus estados miembros. 

Los propios sindicatos empiezan a entender las oportunidades que se abren. Tanto es así que el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO calcula que las obras en los edificios de España para alcanzar una mayor eficiencia no sólo permitirán ahorrar a las familias, sino que podrían generar cerca de medio millón de empleos nuevos al año durante la próxima década. El estudio Escenarios de rehabilitación energética para la recuperación y la creación de empleo analiza los planes del Gobierno de España y todos los objetivos que vienen dictados desde la Unión Europea y calcula que, en el escenario más ambicioso, se podrían crear 460.000 puestos de trabajo anuales de aquí a 2030, todos ellos dedicados a la remodelación de fachadas y a la instalación de nuevos sistemas de calefacción eficientes y descarbonizados.

Sin embargo, para alcanzar esta esta cifra de empleo, esta institución de investigaciones sindicales reclama al Ejecutivo lo que desde hace años vienen pidiendo los colectivos ecologistas: incrementar los objetivos de rehabilitación. El actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) –la hoja de ruta sobre la que se despliegan todos los objetivos de España de la próxima década en términos de transición ecológica– plantea rehabilitar 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030, así como la sustitución de 3,5 millones de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Con este objetivo, la cifra de empleo generado se situaría en los 160.000 puestos de trabajos dedicados a obras y mantenimiento anualmente. Todo ello, con una inversión pública de cerca de 7.000 millones de euros, el 9% del Plan de Recuperación para la Covid.

Desde el ISTAS reclaman al Gobierno incrementar la ambición y destinar un mayor porcentaje de los fondos al reacondicionamiento del parque inmobiliario que es el causante del 14% de las emisiones contaminantes. El organismo vinculado a CCOO reclama aumentar la partida de los Fondos hasta los 12.000 millones de euros de forma que se puedan rozar los medio millón de empleos nuevos cada año destinados a modificar las estructuras y sustituir los sistemas de calefacción y refrigeración. Con esta partida se duplicaría el número de edificios eficientes y descarbonizados, que pasaría de los 1,2 millones planteados actualmente por el Gobierno a los 2,3 millones.

Se crearía empleo y se contribuiría a combatir la pobreza energética, pues el informe aboga por mantener los planes del Ejecutivo de priorizar las obras en aquellos lugares donde habiten personas más vulnerables ante olas de frío y calor. Pero, ¿Qué consecuencias tendría para el clima? Los cálculos del ISTAS hablan de un ahorro energético anual de 8.764 GWh, lo que equivaldría a eliminar el consumo energético anual de una región como Asturias o Islas Canarias, según los datos de Red Eléctrica Española de 2019. En términos de emisiones de CO2, elevar los objetivos de eficiencia en viviendas supondría reducir 2,6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Este dato sería equivalente a que una compañía como Iberdrola –la octava empresa más contaminante de España– dejara de liberar CO2 a la atmósfera durante un año.

El parque residencial de España está compuesto en la actualidad por 25 millones de viviendas, de las que 18 millones funcionan como viviendas principales. De estas, 10 millones poseen instalaciones de calefacción que funcionan a base de combustibles fósiles. Además se calcula que el 60% de las casas fueron construidas antes de que se aprobara la primera normativa española que regulaba condiciones energéticas y un mínimo de aislamiento térmico. De hecho, tan sólo el 1% de las viviendas tienen un certificado energético de tipo A o B, los más eficientes, según los datos de 2019 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

En ese sentido, España avanza a un ritmo muy lento en lo que se refiere a la tasa de renovación de edificios respecto a sus vecinos europeos. Según los datos del ISTAS, en la actualidad el Estado está rehabilitando a un ritmo anual del 0,3% de sus edificios, un porcentaje que deja al país por detrás de Polinia, Bélgica, Rumanía o Italia. Según el organismo sindical, España debería situarse en una media del 2-3% de edificios rehabilitados cada año. Un porcentaje en el que sólo se sitúan Francia o Noruega en el presente.