La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla celebra este lunes el juicio oral contra tres directivos de la mina Cobre Las Cruces (CLC) por delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación para cada uno de los tres acusados, un exconsejero, un exdirector y una directora de CLC, 5 años y 6 meses de cárcel por los delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público, además de multas de 11.700 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante 3 años.

Las investigaciones de los delitos se iniciaron en mayo de 2008 tras una denuncia de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

La organización ecologista, que es acusación particular en el caso, ha indicado que, durante la fase de construcción de la corta minera de CLC en Gerena (Sevilla), "detectamos una gran cantidad de balsas ilegales con aguas contaminadas que denunciamos de manera reiterada ante la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) desde junio de 2007".

"Se comprobó que CLC incumplía sistemáticamente las autorizaciones, sobreexplotando y contaminando con arsénico el acuífero que atraviesa la mina y que entonces abastecía a una importante cantidad de población", según la fuente.

Tras las denuncias de Ecologistas en Acción, la Fiscalía presentó querella en septiembre de 2008 y se instruyeron diligencias previas en el Juzgado número 19 de Sevilla hasta 2014 que fueron remitidas a la Audiencia Provincial.

Según la Fiscalía, la empresa además debería responder solidariamente con 607.430 euros en concepto de responsabilidad civil, por los daños causados y para proceder a la restauración del equilibrio ecológico perturbado.

La organización ecologista ha expresado su satisfacción "por el trabajo riguroso, constante e ininterrumpido del Juzgado número 19 y de la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción, recabando numerosos informes a diferentes organismos técnicos, hasta llegar a las contundentes conclusiones que se plasman en el escrito de acusación".

"Censuramos, en cambio, la actitud pasiva de las administraciones públicas, tanto de la CHG como de la Junta de Andalucía, que además de no personarse para defender el dominio público y la salud de la población, siguen amparando los reiterados ataques medioambientales de la mina de Cobre Las Cruces", ha aseverado Ecologistas en Acción.

Inicialmente la Audiencia Provincial fijo el juicio oral para septiembre de 2017 pero posteriormente ha dictado Auto fijando la vista oral para este 12 de septiembre.