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Vivienda pública Primer varapalo judicial al fondo buitre al que Botella vendió 1.860 pisos protegidos

Una sentencia impide que la empresa Fidere desahucie a un inquilino a quien no quería prorrogar el contrato. La jueza entiende que el contrato, firmado con la empresa municipal de vivienda antes de la venta al fondo buitre, puede prorrogarse durante 15 años y le da la posibilidad de comprarla tras agotar las prórrogas.

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Una de las promocios de vivienda pública que el Ayuntamiento de Madrid vendió al fondo buitre Fidere.- J.V

La plataforma de afectados por la venta de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid a un fondo buitre durante el mandato de la alcaldesa Ana Botella han conseguido una pequeña victoria que trastoca las intenciones de Fidere, la empresa propiedad del fondo buitre Blackstone.

El juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid ha desestimado la demanda de Fidere contra uno de los inquilinos, a quien quería desahuciar de la vivienda mediante la no renovación del contrato. La jueza entiende que, al tratarse de una vivienda protegida, tiene que aplicarse una "normativa especial": el decreto 100/1986, de 22 de octubre, por el que se regula la cesión, en arrendamiento, de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública, y no sólo la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Esta sentencia frena el desahucio del demandado y le reconoce la posibilidad de prorrogar el contrato que firmó originalmente con la EMVS durante 15 años y, además, le otorga el derecho a comprar la vivienda una vez que finalicen todas las prórrogas posibles.

"Hito judicial"

La decisión supone un "hito judicial importantísimo", ha afirmado en rueda de prensa el abogado de la plataforma de afectados, Mariano Benítez de Lugo, que ha añadido que la sentencia "tiene una gran trascendencia de cara al futuro" porque "sus efectos pueden extenderse a las 1860 viviendas de aquella infame operación" de venta. La sentencia no es definitiva, ya que cabe recurso por parte de Fidere ante la Audiencia Provincial de Madrid, algo que el letrado de la plataforma da por seguro.

El Ayuntamiento vendió en 2013 estas viviendas a Fidere por 128,5 millones de euros. Botella justificó la operación y afirmó que los inquilinos, que disfrutaban de alquileres sociales por sus bajas rentas, no tendrían problemas ya que sólo "cambiaba el casero". Sin embargo, el fondo buitre comenzó a aumentar los precios del alquiler y presionar a los inquilinos para que desalojaran las viviendas, no renovando contratos.

Según el letrado, la sentencia no hace referencia a las condiciones particulares del inquilino, sino que establece "una especie de teoría general" que puede ser "el primer eslabón de una cadena de posibles sentencias favorables a para unos inquilinos que fueron ninguneados por la anterior gestión del PP". Aunque no crea jurisprudencia, el letrado espera que el auto judicial genera una "unidad de criterio" entre los jueces que tienen pendientes vistas similares entre Fidere y los inquilinos de este bloque de viviendas, en la calle Lope de Vega de Madrid. 

Revulsivo para el Ayuntamiento 

La presidenta de la plataforma de afectados por la venta de viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, ha afirmado que la decisión judicial es "esperanzadora", una "tranquilidad muy grande para las familias que han vivido con la desazón de pensar que te pueden desahuciar". El abogado va más allá y afirma que "debería ser un revulsivo para el Ayuntamiento, para que se mueva y no siga con la pasividad" a la hora de intentar revertir esta operación de venta que, como recuerda la plataforma, era una promesa electoral de Manuela Carmena.