El Gobierno andaluz y 22 medios de comunicación han suscrito este miércoles una declaración de intenciones en el que se comprometen por escrito a la eliminación total de la publicidad de contenido sexual y anuncios relacionados con la prostitución en sus páginas, programas de televisión y radio. “La Junta de Andalucía y los medios con sede social en Andalucía coincidimos en la necesidad de cooperación para la erradicación de cualquier contenido que induzca al consumo de la prostitución (…). Ambas partes apostamos por la sujeción de sus contenidos publicitarios a la igualdad, que debe erigirse en este ámbito en el principio constitucional de referencia”, reza el texto.

Este compromiso escrito, suscrito a los pocos días de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo, es la fórmula que ha encontrado el Ejecutivo de Susana Díaz para eliminar de una vez por todas los anuncios sexuales y sexistas.

No existe una legislación estatal ni autonómica para prohibirlos, de modo que la Junta ha buscado diferentes vías de disuasión. Pero la orden andaluza de subvenciones que penaliza a los medios que mantienen esta publicidad se ha demostrado poco efectiva, porque nueve de cada diez periódicos que optó a esas ayudas el año pasado no ha renegado aún de este tipo de anuncios, y la penalización no les ha impedido seguir percibiendo el 80% de las subvenciones.

El objetivo de este acuerdo es declarar a Andalucía “espacio libre de los llamados anuncios de contactos”, conscientes de que constituyen “la punta del iceberg de situaciones graves que atentan contra los derechos, la integridad y la dignidad de las personas, fundamentalmente de mujeres y niñas, como la prostitución, la esclavitud sexual o la trata”. Este diario, Público (y 20 Minutos), fue pionero al renunciar a este tipo de anuncios desde su nacimiento, hace justo diez años.

El compromiso que se ha firmado hoy en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, plasma la decisión que anunció la presidenta andaluza en el Parlamento el pasado noviembre: “Ningún medio de comunicación que publique anuncios de contactos sexuales, cualquier forma de prostitución, siquiera encubierta, podrá recibir ni un solo euro de las arcas públicas, sea contratación, subvenciones o publicidad”, dijo entonces. Tanto la Junta como los medios firmantes entienden “la necesidad de adoptar y mantener en el tiempo este compromiso deontológico y ético”, dijo, durante el Debate del Estado de la Comunidad Andaluza.

Mantienen el 80% de las ayudas

Pese a la trascendencia del acto, el acuerdo no deja de ser un compromiso simbólico, dado que los ingresos de los periódicos en papel por la publicación de anuncios de contenido sexual ha caído vertiginosamente en los últimos años, desde que este negocio se ha mudado a internet. Pero ni el desplome de la publicidad ni las cláusulas sociales que ya regulada la Junta para eliminar estos anuncios ha servido para zanjar el problema.

En 2016, el Gobierno andaluz ya intentó restringir la publicidad sexual y sexista en los medios de comunicación introduciendo criterios de fomento de la igualdad en la convocatoria de ayudas públicas: la Junta daría prioridad a los medios que voluntariamente retirasen de sus páginas los anuncios de contacto y los que ofreciesen una imagen vejatoria de la mujer. El resultado no fue el esperado. En la convocatoria de ayudas públicas de ese año, nueve de las diez cabeceras de periódicos andaluces que optaron a las subvenciones se negaron a eliminar los anuncios sexistas, que les reportaban más ingresos que lo que suponían las ayudas públicas. Pese a ello, como adelantó este periódico, acabaron recibiendo las subvenciones, porque los criterios de selección que priman la retirada de contenidos sexuales “no son suficientemente excluyentes”, admitieron desde la Consejería de Presidencia.

El veto de la Junta a los anuncios sexuales y sexistas no nace ahora. El año pasado el Ejecutivo andaluz trató de prohibir la concurrencia competitiva a ayudas públicas de todos los medios que publicasen este tipo de mensajes, “pero el gabinete jurídico frenó esa orden”. El gabinete jurídico de la Junta advirtió de que se podría incurrir en “discriminación” entre medios que quisieran optar a las subvenciones, exponiéndose a un recurso en los tribunales, y recomendó que la vía reglamentaria más apropiada para acabar con esos anuncios pasaba por redactar una ley específica para prohibirlos o bien para retirarles los fondos públicos a quienes los mantuvieran.

Actualmente, la Dirección General de Comunicación Social, dependiente de Presidencia, inyecta fondos públicos a los medios de comunicación por dos vías: los contratos de publicidad institucional y las llamadas subvenciones de alfabetización mediática para la promoción de la lectura de prensa, que financian cursos y actividades en colegios, hospitales o en centros de mayores. En 2016, según datos de este departamento, la Junta repartió 5,9 millones de euros en contratos de publicidad para los medios andaluces. La partida de alfabetización mediática fue de 500.000 de euros.

Cuando los letrados del Gobierno andaluz emitieron un informe en contra de una orden de subvenciones restrictiva, se optó por un atajo legal: en lugar de establecer criterios excluyentes, se introdujo un baremo que puntuaba más a quien aceptase prescindir de contenidos discriminatorios hacia la mujer. Se regularon tres nuevos criterios de valoración: el fomento de la igualdad de género (4 puntos); que no tuvieran publicidad ni imágenes sexistas (3 puntos) y que no tuvieran anuncios de contactos sexuales (3 puntos).

De las nueve cabeceras de papel que se presentaron a las ayudas, sólo una (el periódico universitario Aula Magna) obtuvo los 10 puntos máximos. El resto prefirió seguir incumpliendo el criterio de anuncios sexistas y de anuncios de contactos, sin embargo, eso no les hizo perder los puntos del criterio de fomento de la igualdad de género, como consta en la resolución de las ayudas. Y tampoco perdieron las subvenciones, porque las cláusulas de igualdad y no discriminación a la mujer tenían (y tienen) un peso menor en el cómputo total del baremo, según el informe de valoración para la concesión de subvenciones a medios de 2017. Esos nueve periódicos con publicidad sexista recibieron en torno al 80% de las ayudas que habían solicitado, un dinero con el que dieron cursos de buena lectura de prensa en colegios, institutos y centros de mayores de Andalucía.

La eliminación de este tipo de anuncios viene siendo desde 2008 una reclamación del Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) cuyos argumentos ha avalado el Consejo de Estado, y que se ha elevado al Gobierno central, a la Junta y a los parlamentos autonómico y nacional, aunque sin éxito por el momento. El CAA cree además que la eliminación de esta publicidad es clave para luchar contra la explotación sexual y la trata de mujeres. El CAA realizó un informe en 2008 que demostró la elevada presencia de publicidad y chat de contactos sexuales y de prostitución en los medios audiovisuales, un asunto cuyo debate, hasta entonces se limitaba a los medios impresos.