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Violencia de género El pacto de Estado contra la violencia machista encalla en el documento presentado por el PP

El segundo borrador del documento, al que ha tenido acceso este diario, no establece prioridades, da marcha atrás en acuerdos que estaban ya cerrados y deja abierta la composición de la comisión de seguimiento de su implementación.

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Foto de los miembros de la subcomisión de violencia de género del Congreso

El pasado 12 de julio, el Partido Popular entregó a los distintos grupos parlamentarios que forman la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado contra la Violencia Machista el segundo borrador del documento que debe sentar las bases para alcanzar este pacto.

Se trata de un borrador que tiene que recoger y sistematizar los acuerdos alcanzados a lo largo de los últimos cinco meses de trabajo y que recoge también las propuestas de cerca de 70 expertos que pasaron por ella. El Partido Popular, por ser el grupo mayoritario en la subcomisión es el encargado de la redacción de este documento que deber recoger y sistematizar los puntos de consenso entre los distintos partidos.

Se esperaba que este segundo borrador subsanara las dificultades que tuvo el primero y que obligó a una ampliación del plazo de cierre de la subcomisión por falta de acuerdo en el fondo y en la forma.

Sin embargo, el documento, que se conoce en el argot parlamentario como "documento percha" y al que ha tenido acceso este diario, no parece subsanar los principales escollos del primero.

"El documento da marcha atrás en algunos acuerdos ya alcanzados y obliga a renegociarlos"

Según afirman fuentes cercanas a la negociación, el nuevo borrador "da marcha atrás en algunos de los acuerdos ya alcanzados y obligará a renegociarlos, por lo que es más que probable que no haya un acuerdo para cerrar el documento el próximo 20 de julio", tal como habían acordado los grupos parlamentarios en última reunión de dicha subcomisión.

Otra fuente cercana a las negociaciones afirma a Público que el documento "es mejor que el primero y un texto sobre el que se puede trabajar, aunque su redacción desvirtúa muchos de los acuerdos alcanzado sobre los que tendremos que volver a trabajar".

Se esperaba que las reuniones de la subcomisión del próximo martes y miércoles 18 y 19 de julio se dedicaran a cerrar "cuestiones técnicas", aunque tal como reconocen fuentes consultadas por Público, esos dos días se tendrán que utilizar para volver a negociar cuestiones políticas de fondo y no sólo la forma, lo que supone un nuevo parón en el proceso. Algunas de las fuentes afirman que "aún quedan varios días de sentarnos durante muchas horas para cerrar el documento".

La subcomisión tiene de plazo hasta el 31 de julio para finalizar su trabajo y fuentes conocedoras del proceso afirman que todos los grupos están comprometidos en cerrarlo antes de que termine el plazo.

Documento farragoso

Se trata de un documento de 76 páginas, difícil de leer, que lista un gran número de recomendaciones sin ningún tipo de prioridad y repartidas en diez ejes de acción.

Llama poderosamente la atención que, a pesar contener acuerdos alcanzados y cerrados por todos los grupos de la subcomisión, las recomendaciones están escritas, en su gran mayoría, en el modo "infinitivo y condicional", lo que le da a las propuestas carácter más de intenciones que de guía para un Pacto de Estado que deberá implementar el Gobierno.

Frases como: "priorizar la educación...",  "mejorar la detección precoz...",  "promover la constitución de un grupo de trabajo..." abundan el el documento. 

Es el caso de uno de los temas clave que se habían acordado por consenso: la modificación de la Ley de racionalización de las administraciones locales, por la que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas perdieron competencias en materia de atención a las víctimas de violencia de género.

El documento presentado por el PP afirma ahora que es preciso "valorar la modificación de la Ley 27/213 de 27 de diciembre, [...] para incorporar que la administración local pueda actuar en la promoción de la igualdad entre hombres  mujeres"..., en lugar de redactarlo como un hecho acordado, lo que supone un retroceso sobre los acuerdos alcanzados.

Las fuentes consultadas coinciden en que los dos próximos dos días son clave para desbloquear el proceso y para aclarar si las desviaciones en el texto presentado se deben a "no haber sabido plasmar posturas que no son suyas o a una voluntad de desvirtuar los acuerdos".

Los ejes en que se dividen las recomendaciones son: la sensibilización y prevención; la mejora de la respuesta institucional; el perfeccionamiento de al asistencia y protección de las víctimas; la protección de los menores; el impulso a la formación de los distintos agentes; la necesidad de mejorar el conocimiento; las recomendaciones a las administraciones públicas y otras instituciones; la atención contra otras formas de violencia contra la mujer; el compromiso económico y el seguimiento del pacto.

¿Pacto de Estado a cinco años?

Parece claro que un Pacto de Estado debería sentar las bases de actuaciones a largo plazo para que sea efectivo, se puedan poner en marcha medidas concretas, evaluarlas, llevar a cabo los cambios legislativos necesarios y corregir las desviaciones. Sin embargo el documento presentado por el Partido Popular prevé una financiación de este acuerdo a sólo cinco años y concluye con la siguiente frase: "las actuaciones contenidas en este pacto se desarrollaran en un marco temporal de cinco años".

"Esto tiene que ser un pacto más allá de una legislatura, sino no será un Pacto de Estado y la financiación también debería ir más allá para garantizar la perviviencia de las estructuras que se creen", afirma una fuente consultada.

Incremento de la financiación

El borrador presentado por el PP contiene avances importantes con respecto al borrador anterior. Uno de ellos es la financiación. El actual documento valora la inversión en unos 500 millones de euros en los próximos cinco años, muy alejados de los seis millones que algunas fuentes afirman que se había discutido en el documento anterior. 

El documento valora la inversión en 500 millones de euros en cinco años

Si bien todos reconocen que se trata de un avance importante, aún hay dudas de cómo se invertirá y si algunas partidas están bien calculadas.

Uno de los caballos de batalla en este acuerdo es el esfuerzo que tendrán que hacer los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas en materia de violencia de género y de protección y atención al las víctimas. Para este apartado el documento destina 10 millones de euros en los próximos cinco años (un total de 50 millones), una cifra muy inferior a la calculada por el PSOE que la valoraba hace unos meses en unos 100 millones a distribuir en cuatro años. 

Algunos fuentes consultadas afirman que esa será una dura negociación en los próximos días, porque si sobre las Comunidades y los entes locales van a recaer la mayor parte de las competencias, "éstas tendrán que estar correctamente financiadas y existir un plan plurianual, no a corto plazo".

El presupuesto incluye incrementos porcentuales cada año para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que será para 2018 un 20% más que lo destinado este año y un 15% de incremento anual los cuatro años posteriores. Sin embargo, la explicación de cómo se incrementarán los fondos hasta los 500 millones en cinco años es aún confusa y precisa de aclaración por parte del Partido Popular.

Otro tema importante con respecto a la financiación, es saber a qué acciones o recomendaciones se van a dirigir los fondos y establecer prioridades de gasto. En el documento actual, las acciones y los fondos parecen estar disociados.

Más violencias

Según el documento, la Ley de violencia de género, aprobada en 2004, incluirá otros tipos de violencias que se cometen contra las mujeres, y no sólo las que tienen lugar en el ámbito de la pareja, como estipula la ley actual. Para ello la subcomisión ha acordado cambiar el artículo 1 de la Ley, en consonancia con las convenciones de Naciones Unidas y el Convenio de Estambul retificados por nuestro país.

Según el texto, el artículo 1 incluirá dos disposiciones adicionales: una que insta a la elaboración de una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual y otra más amplia que recogerá que las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul que recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el marco de esa ley. 

Un cambio que es clave en el documento y que ha sido fruto de acuerdo de todas las fuerzas políticas, es lo relativo al "titulo habilitante" de la condición de la víctima de violencia de género. Hasta ahora para ser considerada víctima se debía presentar una denuncia previa antes de ser capaz de acceder a las prestaciones públicos y medidas de protección. Ahora este acuerdo podría acabar con este requisito previo y se lista un amplio abanico de instituciones que pueden certificar la condición de víctima sin pasar por la denuncia o los juzgados.

Comisión de seguimiento, tema clave

Otro de los puntos que levantan serias críticas sobre el documento presentado el pasado día 12 por el Partido Popular, es lo relativo a la Comisión de Seguimiento. La Proposición no de Ley que puso en marcha esta subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado, ya contenía la necesidad de crear este órgano. 

Fuentes consultadas por este diario afirmaron que la subcomisión llegó a un acuerdo en cuanto a la composición y funciones de este órgano de seguimiento que no aparecen en le documento remitido ahora. 

Se trata de un punto importante y que supone una línea roja (tal como adelantaba este diario hace unos días) puesto que gran parte de los partidos representados en este pacto coinciden en que el seguimiento de los acuerdos lo debe realizar una comisión formada por representantes de los distintos partidos políticos, instituciones de la administración, Comunidades Autónomas y organizaciones de la sociedad civil, entre otras. 

Algunos grupos como el PSOE o Unidos Podemos manifestaron en múltiples ocasiones que esta Comisión de Seguimiento debería tener un funcionamiento similar al Pacto de Toledo. Lo que la mayoría de los partidos sentados en al subcomisión defienden es que este órgano debe vivir en el Congreso y no bajo el ala del Gobierno.