Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que era impensable que alguien fuera juzgado por hacer chistes sobre Carrero Blanco. En el que los seis tuits de César Strawberry no hubiesen merecido más que algún comentario de: ¡Qué crack es este tipo! o ¡A este señor se le está yendo la chola!". Sin más. Ni el más pesimista hubiese imaginado que unos titiriteros acabarían cinco días en prisión por una representación teatral. Y mucho menos que el fiscal y el juez tomarían una decisión de tal calibre sin haberse leído la obra en cuestión. Pero ese tiempo pasó. El espíritu de Torquemada tomó la Justicia.

"El retroceso de libertades que hemos tenido en los últimos años ha sido brutal. Hemos ido retrocediendo a pasos agigantados. Un punto de inflexión fue la llegada al Gobierno del Partido Popular en 2011 y el caso paradigmático se produjo con los titiriteros. Fue una auténtica barbaridad. Este caso es lo peor que le ha pasado en los últimos 40 años a la libertad de expresión en España", denuncia en conversación telefónica con Público el abogado Carlos Sánchez Almeida, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). 

Manifestación a las puertas del Congreso de los Diputados en contra de la 'ley Mordaza'. EFE

La "auténtica barbaridad", que denuncia Sánchez Almeida, fue el ingreso en prisión de dos jóvenes artistas acusados de apología del terrorismo por una obra de títeres en la que, precisamente, intentaban denunciar cómo la policía puede utilizar el terrorismo para criminalizar la protesta social. Eso sucedió hace un año. Un año desde que el mismísimo ministro del Interior en aquel momento, Jorge Fernández Díaz, se posicionara públicamente a favor del encarcelamiento de los dos artistas. Pero desde entonces la situación tampoco ha mejorado. Ni se ha calmado. 

"El envío a prisión de estos jóvenes fue un ejemplo de las consecuencias de la última reforma del Código Penal al amparo del pacto antiyihadista. Antes de la reforma de 2015 era imposible mandarlos a prisión, pero con la reforma se amplían las penas a tres años por enaltecimiento del terrorismo y hace posible el envío a la prisión provisional", explica a Público Patricia Goicoechea, vicepresidenta de Rights International Spain (RIS), que habla de "locura colectiva" para describir los acontecimientos que se sucedieron hace un año y que dieron con los jóvenes artistas en prisión. 

La reforma del Código Penal de 2015, no obstante, no vino sola. Junto a ella se aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', y hasta cinco relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas exigieron al Gobierno su retirada ya que entendían que cercenanaban derechos fundamentales de los ciudadanos. La respuesta del Gobierno fue dar la callada por respuesta. Pero los juicios y la deriva judicial sí continuaron. 

Así, el espíritu de Torquemada permitió que, por ejemplo, en el año 2015 los juicios por presunto enaltecimiento del terrorismo se quintuplicaran respecto a 2011, fecha en la que ETA anunció su cese definitivo de la violencia. De hecho, el propio Joaquím Bosch, de Jueces para la Democracia, ha denunciado en varias ocasiones que las denuncias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado desde que ETA dejó de matar. 

"Esto se debe a una progresiva criminalización de cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y a un abuso por parte del Gobierno de los conceptos jurídicos indeterminados en sus nuevas leyes, como se da en la Ley Mordaza o en la reforma del Código Penal. Cuando la interpretación es ambigua se facilita que la ley pueda ser utilizada por cualquier Gobierno en la dirección que da a las fuerzas policiales", señaló Bosch a este diario cuando fue preguntado por el aumento de los juicios por enaltecimiento del terrorismo.

Manifestación en Madrid contra la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'ley mordaza'. AFP

La vuelta de tuerca por parte de los tribunales llegó, sin embargo, hace apenas unas semanas. El Supremo tumbó su propia jurisprudencia al respecto y condenó a un año de cárcel al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo alegando que sólo cabía interpretar la literalidad de sus tuits. Es decir, el Supremo negaba toda importancia al contexto en el que se producen los mensajes presuntamente enaltecedores e, incluso, la personalidad que los había escrito. Da igual que los escriba un dictador o un cantante. El literal es el literal. 

"El Supremo ha prohibido los tropos literarios, es decir, las metáforas, las metonimias y las sinécdoques. Ya se puede perseguir por tuits irónicos que pretenden decir lo contrario de lo que dicen. Ya no hace falta la intención de humillar. Así que el caso de Strawberry llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque es evidente que el Supremo está haciendo una interpretación sesgada de la ley y contraria al propio espíritu del Derecho Penal", afirma Sánchez Almeida. 

La abogada especializada en Derecho penal, Isabel Elbal, comparte el razonamiento de Sánchez Almeida y añade una pregunta retórica que debería ser contestada por el Supremo: "¿Si sólo sirve la literalidad para qué sirve el juicio? Si es así, es mejor que un órgano censor se ocupe de decir lo que es delito y lo que no y lo que se puede decir y lo que no", critica esta abogada, que también es asesora del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín. 

La jurista, además, añade una nueva vuelta de tuerca: la imputación de la estudiante de Historia Cassandra Vera por realizar chistes sobre el atentado que causó la muerte al presidente del Gobierno de la dictadura franquista Carrero Blanco.

"Terrorismo es aquel acto de subversión contra el orden constitucional de forma violenta. Da la sensación de que con esta imputación quieren tanto penalizar los chistes sobre su muerte como legitimar el orden anterior a la Constitución de 1978 y ensalzar al franquismo. Es brutal", añade Elbal, que denuncia que la primera consecuencia de esta deriva de los tribunales es provocar la autocensura a nivel individual y un "daño terrible" al Estado democrático a nivel colectivo.

"No hay nada que atente más contra la dignidad de la persona que la sensación de sentirse vigilado", agrega.

¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué?

Concentración en la Puerta del Sol del movimiento 15M.- EFE

Los expertos consultados por Público coinciden en que la situación actual de la libertad de expresión en España es la peor desde la recuperación de la democracia. Y eso que durante los 80 y 90 España sufrió especialmente el terrorismo. Y es que cabe recordar, tal y como hace la jurista Patricia Goicoechea, que los delitos de menosprecio y humillación a las víctimas se crearon para aplicarse a unos supuestos extremadamente graves como era, por ejemplo, la aparición de dianas en las puertas de las viviendas de víctimas. "Poner a los titiriteros o a Strawberry en este nivel es más que peligroso", incide la subdirectora de RIS. 

¿Pero cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que Zapata, Strawberry o Facu Díaz hayan sido juzgados por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas? ¿Por qué ahora? El experto en Derecho Penal Endika Zulueta señala, por una parte, el inicio de la guerra global contra el terrorismo que comenzó con el ataque del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos. Por otra parte: la reacción represora del Estado ante la amenaza al poder establecido que supuso el movimiento 15M. 

Facu Díaz en la Audiencia Nacional. / EFE

"La guerra contra el terrorismo es, además, una guerra interna y cada Estado ha definido qué es terrorismo y qué no y ya hemos visto como en España hasta unos titiriteros han podido verse afectados por esto", señala Zulueta, que añade que las reformas penales llevadas a cabo para luchar contra el terrorismo se han utilizado con una "segunda finalidad que es la represión punitiva de la desobediencia civil". "Cada vez estamos teniendo más reformas que declaran más actividades ilegales desde el punto de vista administrativo y penal", asegura. 

En este sentido, los expertos coinciden en destacar que el aumento de la legislación represiva está altamente vinculado con la explosión del movimiento 15M. Zulueta destaca que el 15M fue un revulsivo en la lucha y en la contestación social contra un determinado tipo de políticas y que la respuesta del Estado ha sido "protegerse con legislación represiva". "Un Estado que se entienda democrático tiene que tener herramientas de diálogo y aquí lo que se ha ofrecido es represión", agrega. 

La jurista Isabel Elbal, que también ejerce de profesora de Derecho procesal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, comparte el análisis de que la legislación represiva es, en parte, consecuencia del "despertar colectivo" que supuso el 15M, pero añade a la ecuación otros factores más mundanos. Por ejemplo, que "a la Fiscalía Antiterrorista de la Audiencia Nacional le sobra el tiempo" y tiene que justificar su propia existencia después de que, afortunadamente, la violencia de ETA desapareciera. En sus propias palabras: 

"La Fiscalía Antiterrorista de la Audiencia Nacional prácticamente tiene vida propia y tiene que justificar su propia existencia. Si pierde su razón de ser va perdiendo cotas de poder y ámbitos de actuación. Además, el hecho de ejercer en la Audiencia es un privilegio y es muy bueno para promocionarse de cara al Supremo. Es un privilegio que no están dispuestos a deshacerse de él". 

La lucha por los derechos no termina

A pesar de que este reportaje ofrece razones más que de sobra para el pesimismo y que los expertos consultados temen que las autoridades continúen con su tendencia a cercenar aún más los derechos de los ciudadanos, también hay motivos para la esperanza. Y en este caso, además, también hay consenso. Si por una parte es cierto que la espiral represiva ha alcanzado su mayor nivel, también es cierto que nunca antes había habido tanta contestación social ni un nivel de concienciación tan elevado como el actual. "Querían anular las conciencias y lo que han hecho ha sido reforzarlas. Les ha salido el tiro por la culata", señala Zulueta. 

El abogado penalista recuerda que la Ley Corcuera o ley de la patada en la puerta, que fue anulada en parte por el Constitucional, apenas sí provocó contestación social y debate en las calles. Así, este abogado señala que la movilización y la protesta contra la conocida como ley mordaza ha llegado al extremo de que el PSOE, padre de la ley Corcuera, se haya comprometido a derogar la ley mordaza si llega al Gobierno. "Ha habido cientos de manifestaciones, concentraciones, protestas, actos informativos. etc. Hay motivos para la esperanza", prosigue Zulueta. 

Idéntico razonamiento muestra la abogada Patricia Goicoechea, que cierra este reportaje con un llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga activa en la lucha y defensa por sus derechos: "No podemos dar por hecho que por tener una democracia formal y un Estado de derecho ya está todo conquistado. Tenemos que mantenernos vigilantes ante las actitudes de las autoridades para recortarlos. Hay que continuar luchando y defendiéndolos día y a día. Y la mejor manera de defender el derecho a la libertad de expresión es usándolo".