El Gobierno está plenamente convencido de la legalidad del actual modelo de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) y de su tasa a las empresas de telecomunicaciones para financiar la Corporación. Por ello, va a seguir defendiendo el modelo en Europa aunque el asunto de la legalidad de la tasa a las telecos, que deben aportar el 0,9% de sus ingresos a financiar RTVE, se acabe dirimiendo en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Esta fue ayer la respuesta del Ejecutivo al ultimátum lanzado por la Comisión Europea a España y Francia (en cuyo sistema se inspiró el modelo español) para que supriman la citada tasa al entender que es 'incompatible' con la legislación europea en materia de telecomunicaciones. Tras este requerimiento, impulsado por la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, se abre un plazo de dos meses prorrogables para que España modifique la normativa cuestionada.

En caso contrario, la Comisión puede llevar a España ante el Tribunal de Luxemburgo. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario indicaron que la decisión de la Comisión no ha supuesto sorpresa alguna e insistieron en que el nuevo modelo de RTVE se ajusta a la normativa comunitaria, aunque todavía tienen que 'estudiar y valorar' el dictamen de Bruselas.

Las operadoras tendrán que pagar antes del día 6 unos 235 millones

Lo que parece casi seguro, en cualquier caso, es que el aviso de Bruselas no paralizará el modelo ni impedirá que los primeros fondos de las telecos, que ascienden a 235 millones de euros, lleguen a RTVE. El propio presidente de la Corporación, Alberto Oliart, se remitía ayer en el Congreso al aforismo latino solve et repete [primero paga y luego reclama] para mostrarse 'convencido' de que las telecos 'tendrán que pagar' siempre que el Tribunal Supremo, al que han acudido a través de la patronal Redtel reclamando la paralización de la tasa, no les permita un aplazamiento.

Fuentes del sector de las telecomunicaciones admitían ayer que las compañías lo tienen 'complicado' para no pagar antes del día 6, cuando se extingue el plazo marcado por la normativa en vigor. En cuanto a los plazos, las telecos calculan que ahora se abre un margen de discusión de dos a seis meses entre España y la CE. Después, si el asunto acaba en Luxemburgo, el Tribunal tardaría entre 16 y 24 meses en resolver. Si fallara a favor de las telecos, el Estado tendría que pagarles dentro de dos años entre 700 y 1.000 millones, más intereses y la pertinente sanción.

Oliart, convencido de que contará con los 1.200 millones presupuestados

Pero incluso en el peor de los supuestos que el Supremo paralizara los pagos RTVE contaría con suficiente dinero, como dijo ayer Oliart, que se mostró 'tranquilo' porque la Ley de financiación de la Corporación garantiza el presupuesto de 1.200 millones, una cantidad que ha permitido incluso este ejercicio un 'importante' ahorro de 70 millones de euros.