La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aprovechó ayer la presentación de una conferencia en el Club Siglo XXI del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, para salir en defensa del tribunal que preside. 'Ante las críticas que ha recibido el Tribunal Constitucional siempre he pedido respeto a la alta función que ejerce. Ahora, y debido a la desproporcionada e intolerable campaña de desprestigio emprendida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, sólo me cabe una vez más hacer un llamamiento al respeto de la institución y de las personas que allí desempeñan su labor de la jurisdicción constitucional', aseveró Casas.

La polémica a la que se refería es la surgida después del rechazo, a mediados de mes, del quinto borrador de sentencia del Estatut de Catalunya que estudiaba el pleno y que concluyó con un cambio de ponente.

La redacción del texto pasó de las manos de la progresista Elisa Pérez Vera a las del vicepresidente, Guillermo Jiménez, del sector de magistrados considerado conservador y cuyo criterio se supone más próximo al de Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno, pero que votó en contra del texto debatido.

Desde muchos ámbitos, pero especialmente desde Catalunya, arreciaron las críticas a la situación de los magistrados del alto tribunal. Cuatro de ellos debían haber sido renovados en diciembre de 2007 y otros cuatro lo tendrán que ser el próximo noviembre. La propia Constitución prevé la renovación por tercios de sus doce miembros, pero la falta de acuerdo entre los partidos políticos lo ha impedido. El motivo: los parlamentos autonómicos gobernados por el PP sólo presentaron a dos candidatos, el ex presidente del Supremo Francisco José Hernando y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El PSOE entendió que el PP había infringido lo previsto en una reciente reforma de la ley reguladora del TC y se cortaron las negociaciones.

Después de que fracasara el quinto intento de una sentencia que se espera desde hace más de tres años y medio, la falta de renovación volvió a cobrar protagonismo. Ayer, el Tripartito catalán, compuesto por PSC, ERC e ICV, propuso a CiU pactar una resolución parlamentaria para exigirla.

Por eso, no era mal día para que Casas saliera en defensa del tribunal que preside. 'En democracia, no cabe más que el respeto hacia las instituciones que son pilares básicos para la convivencia, como es el Tribunal Constitucional', aseveró.

'Desde luego que cabe la crítica razonada y razonable hacia sus resoluciones argumentó, pero lo que en modo alguno puede ser aceptable es la crítica interesada e irracional de una institución que ha servido en sus 30 años de vida para defender la Constitución a través de su interpretación y aplicación cotidiana y cuya jurisprudencia ha permitido a los españoles profundizar en sus convicciones democráticas'.

'Sólo la fidelidad al sistema, esto es, la lealtad constitucional constituye el único criterio para hacer vivas las reglas de convivencia que libremente nos hemos dado', aseguró la presidenta del alto tribunal.

Tras recordar que en apenas dos meses el Constitucional cumplirá 30 años, Casas calificó de 'éxito' la Carta Magna, porque, a su juicio, a diferencia de sus predecesoras, 'se ha basado en una concordia, en un consenso político que la hizo posible'.

Un espíritu que reivindicó para 'seguir ofreciendo un marco de convivencia democrático y estable, basado en los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político', que, según dijo, 'se traduce en las democracias más asentadas que la nuestra en el respeto institucional'.