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Acabar con el P2P no va a ser sencillo. Los modelos que se están estudiando en Francia, Reino Unido o España se apoyan en la ley para perseguir la demanda de los usuarios de material protegido con derechos de autor (modelo francés) o combatir la oferta de esos contenidos bloqueando páginas de enlaces o programas P2P como el eMule (modelo español). Pero, como se está comprobando en los países nórdicos, ambos modelos descuidan el lado tecnológico del problema. Sólo en Suecia, que legisló contra el P2P ya en abril, medio millón de internautas usan artimañas tecnológicas para ocultar lo que hacen en Internet.

Un grupo de sociólogos de la Universidad de Lund inició a comienzos de año un estudio sobre la formación de normas y valores sociales entre los jóvenes suecos y su relación con el intercambio de archivos (P2P). Entre el inicio de la investigación y sus conclusiones, presentadas la semana pasada, Suecia ha asistido al juicio y condena al principal portal de enlaces sueco y mundial, The Pirate Bay , y a la transposición de la directiva comunitaria sobre propiedad intelectual, Ipred, que ha dado soporte legal a los primeros juicios contra usuarios. Pero ni el acoso legal ni el judicial están acabando con el intercambio.

Aunque es una encuesta a 1.000 jóvenes de entre 15 y 20 años, los resultados dados a conocer la semana pasada son muy preocupantes para la industria cultural. Los jóvenes no tienen peor imagen del intercambio de archivos ahora que en enero. Además, su concurso fue vital para que el Partido Pirata lograra dos eurodiputados en las pasadas elecciones europeas. No sólo eso, también están aprendiendo a escapar del control con diversas tecnologías.

Redes privadas

Un 10% de los encuestados reconoce que está usando algún sistema para evitar ser espiado. Una de las fórmulas para esquivar a las entidades de gestión de derechos que vigilan Internet para denunciarles es crear redes privadas virtuales (VPN). Esta tecnología, usada desde hace tiempo por las corporaciones con varias sedes o trabajadores en movilidad, permite navegar por Internet o descargar archivos de forma anónima.

Según estima el profesor de sociología de la universidad sueca, Måns Svensson, el uso de VPN se ha extendido no sólo entre los jóvenes. "Entre un 7% y un 9% de los suecos mayores de esa edad podrían estar usando alguna técnica de ocultación de su identidad", dijo Svensson al principal periódico sueco, Dagens Nyheter . Y la cifra puede crecer. Un 55% de los entrevistados aseguró que usaría herramientas para tener anonimato en la Red si se penaliza el P2P.

Este interés en el camuflaje está provocando una explosión de servicios de empresas más o menos fiables que prometen ocultar lo que hace el internauta. Para humillación de la industria cultural, estos servicios son de pago (entre 5 y 30 euros mensuales).

En Suecia, tras la entrada en vigor de la legislación anti P2P, el intercambio de archivos bajó un tercio frente al mes anterior. Hoy las cifras se han recuperado. En este hecho ha influido la aparición de Ipredator . Esta empresa, relacionada con varios de los fundadores de The Pirate Bay, lanzó el mismo día que entraba en vigor la ley Ipred un servicio de red privada virtual. En unas semanas logró 100.000 clientes.

Por cinco euros al mes, Ipredator oculta la dirección IP (que identifica a cada máquina en Internet) de sus abonados y les da otra anónima. Con esta nueva dirección, el internauta pasa de los servidores de Ipredator a la Red. Los sitios que visita o los archivos que descarga son separados de la identidad del usuario.

En una lógica de acción-reacción, este modelo se ha extendido a otros países: a medida que se cierra el cerco sobre el P2P, se abren nuevas empresas de VPN. Ocurrió en Francia, con el lanzamiento de Ipodah , un servicio que permite conectarse a Internet de forma segura. Y ha pasado con el Reino Unido, donde el anuncio de un plan contra las descargas ha popularizado las VPN de ItsHidden o Cryptocloud .

En España, la idea no es ir contra los usuarios, al menos en una primera fase. Pero no porque lo diga la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, sino porque la industria cultural quiere ensayar antes un sistema que ataca la oferta mejor que la demanda. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha dicho ya en varias ocasiones que buscan impedir el acceso a las páginas de enlaces y el bloqueo de los programas P2P. Si consiguen esto, estiman que el tráfico bajaría un 70%.

Pero, ¿y si no desciende en ese porcentaje? Hace unas semanas, el presidente de la Coalición, Aldo Olcese, recordó que si no funcionaba el modelo español, "habría que estudiar otros modelos", como la persecución de los usuarios.

Ocho ministerios

Hasta que eso ocurra, las medidas propuestas por la industria cultural van a ser tan fáciles de aplicar como de burlar. Las páginas de enlaces ubicadas en España (un 30% de las 200 más conocidas) tienen los días contados. Al día siguiente de que el plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla. Pero habrá que esperar a que los ocho ministerios que están implicados en ello se pongan de acuerdo. La prometida comisión interministerial que debe ofrecer alternativas al Consejo de Ministros antes del 10 de diciembre aún ni se ha formado.

Pero el verdadero problema está en los sitios web o servicios P2P que, aún siendo españoles, tienen sus servidores fuera de España. De hecho, la mayoría están en EEUU. La idea es que los ISP impidan el acceso a los usuarios. Pero si entre los españoles, igual que hacen ya los suecos, se ponen de moda las redes privadas virtuales, el proveedor de acceso sólo sabrá que su cliente se conecta a un servidor VPN, perdiendo su rastro más allá.