Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), empresa resultante de la fusión de las siente embotelladora española y la portuguesa, se muestra satisfecha con la acogida que ha tenido entre los trabajadores el plan de prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones, al que se han adscrito voluntariamente más de 1.700 empleados de todo el país, según ha informado la compañía. Sinn embargo, los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo eran 1.191, una cifra que no va a variar pese al excedente de peticiones.

Según las cifras de CCIP, se ha cumplido 'la totalidad de los objetivos de reestructuración en los diversos centros de la empresa'. Concretamente, en tres de las cuatro fábricas que cerrarán [Asturias, Palma de Mallorca y Alicante] 'el grado de consecución de los objetivos de reestructuración ha sido del 100%', mientras que en la zona centro los objetivos se han situado en un 70%; llegando al 60% en la planta de Fuenlabrada, la cuarta fábrica pendiente de cerrar.

Fuentes conocedoras del proceso han asegurado a Público que no se conoce aún la forma en que saldrá la totalidad de empleados de este centro de trabajo, el más combativo contra el cierre y los despidos. Para aquellos trabajadores que no se apuntaran al plan voluntario que ofreció la empresa, las indemnizaciones por despido son cuantiosamente más reducidas: 33 días de salario por año trabajado durante 24 meses frente a los 45 días por año durante 42 meses más 10.000 euros adicionales que la empresa ofreció para quienes aceptaran salir voluntariamente.

En ese sentido, parece que hay posibilidades de que haya despidos forzosos, pese a que la intención de Coca-Cola con el plan era evitarlos para que los sindicatos firmasen un acuerdo durante el periodo de negociaciones. Algo que nunca ocurrió. Desde la compañía no han adelantado lo que sucederá con ese 40% de la plantilla de Fuenlabrada que no ha querido vender su puesto de trabajo a ente esta oferta que mejora sustancialmente lo establecido en la reforma laboral.

Actualmente la empresa se encuentra en fase de implementación de las medidas, 'valorando especialmente la adjudicación de puestos en la recolocación', y se dará prioridad a aquello empleados que se han sumado al ERE y que trabajen en los centros más afectados, es decir, los que van a ser cerrados.

Desde el sindicato CCOO, el representante de la federación Agroalimentario, José Vicente Canet, asegura que este excedente de adscripciones al ERE es resultado de 'presiones'. 'La empresa ha presionado mucho para que los trabajadores se apuntaran', asegura; 'muchos se han apuntado sin saber muy bien a qué, ya que les ha movido el temor a ser despedidos con una indemnización menor', añade.

Para el sindicalista, este excedente de deja más que claro que no son necesarios los despidos forzosos, que 'sin ninguna duda los va a haber', subraya.

Por otra parte, tanto CCOO como UGT van a impugnar el ERE la próxima semana ante la Audiencia Nacional con la intención de 'paralizarlo cautelarmente'. Según Canet, antes del miércoles se registrará la demanda, en la misma semana en la que los representantes sindicales tienen previsto reunirse con la dirección de la empresa para que les sean entregados los datos que 'de momento sólo han facilitado a los medios de comunicación', critica el sindicalista. Un encuentro en el que volverán a solicitar la constitución de una mesa de negociación alternativa que contemple un plan industrial para evitar los cierres y los despidos forzosos.