Las facilidades concedidas a los empresarios en la última reforma laboral han propiciado la puesta en marcha de 48.801 expedientes de regulación de empleo (ERE) entre febrero de 2012 y junio del presente año, a razón de 90 cada día. A raíz de ese polémico cambio normativo, que suprimió la autorización administrativa previa y redujo sustancialmente las indemnizaciones, el ritmo del ajuste de plantillas casi se ha duplicado, pues la media de 2011 había sido de 58 ERE diarios.

Según datos oficiales, el número de trabajadores afectados también ha crecido de forma brutal durante el último año y medio, hasta alcanzar los 653.368, más que en 2010 y 2011 juntos. Además, los despidos no han dejado de aumentar gracias a la flexibilidad introducida, contrariamente a lo anunciado por el Gobierno para justificar la reforma. Como habían advertido los sindicatos y algunos partidos de la oposición, miles de empresarios la han aprovechado a fondo para deshacerse de personal con un coste menor que antes.

El crecimiento de los despidos colectivos favorecido con la reforma laboral contrasta con el mensaje oficial desde el Gobierno de que sus medidas han evitado un mayor deterioro del empleo. Precisamente, este jueves la ministra del ramo, Fátima Bañez, comparece en el Congreso para presentar un informe de evaluación de la reforma laboral que, según aseguró a finales de junio y sin más explicación, ha evitado 225.000 despidos.

Mientras que en los dos últimos años de Zapatero las víctimas de despidos colectivos fueron 52.534 y 67.981, respectivamente, en 2012 la cifra se disparó a 82.876 y el primer semestre de 2013 cerró con 39.909 más. Este dato es peor incluso que el del periodo comprendido entre enero y junio del año pasado, cuando la reforma laboral estaba en pleno apogeo, a pesar de que el volumen total de expedientes de regulación de empleo experimentó un descenso del 15% en términos intersemestrales.

La explicación de tal descenso estriba en el retroceso de los ERE que no conllevan la extinción de contratos y que, según el Gobierno, iban a verse favorecidos por el nuevo marco legal. En la primera mitad de 2013, la suspensión temporal de empleo recayó sobre 116.780 trabajadores, frente a los 145.828 del año anterior. Y vieron recortada su jornada laboral 43.880, es decir, 7.376 menos que en 2012. Cosa que, en opinión de los expertos, sólo admitiría una lectura positiva si los despidos también hubieran bajado.

Por otra parte, la supresión de la autorización administrativa previa, que con la legislación anterior era casi automática si el ERE había sido pactado, ha hecho que aumenten los expedientes que se cierran sin acuerdo entre la empresa y los representantes sindicales y, por tanto, con peores condiciones para los trabajadores. De 1.796 en 2011 se pasó a 2.920 en 2012, con un incremento superior al 60%. En el caso de los ERE de extinción, el número de despedidos en esas circunstancias se duplicó.