¿Dónde están las mujeres que deciden abortar libremente? Desde luego que a este centro no vienen." El que habla es un médico de un hospital público de Guipúzcoa, que prefiere no dar su nombre. Explica que en el centro en el que trabaja únicamente se realizan Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) cuando existe una malformación del feto. Del resto desconoce qué ocurre.

Las estadísticas nacionales que maneja el Ministerio de Sanidad sobre los abortos dan la respuesta a esta realidad: el 97,09% de las interrupciones realizadas en 2005 se llevaron a cabo en centros privados. Las agrupaciones de mujeres y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del Embarazo (ACAI) hablan de hipocresía: "¿Por qué, si hay unos supuestos contemplados por la ley, no se realizan las interrupciones en la sanidad pública?", se preguntan desde uno de estos centros.

"Los vergonzoso es que la sanidad pública esté pagando a un centro privado por algo que debería estar haciendo ella", señala José Antonio Sanz Grasa, abogado de la clínica Magrit, donde la semana pasada la Consejería de Sanidad de Madrid suspendió cautelarmente la zona que se dedica a las IVE por encontrar expedientes a los que les faltaban la firma de los psiquiatras. El letrado aporta un dato para apoyar su afirmación: el 95% de los abortos que realiza esta clínica madrileña está derivados de la sanidad pública.

Sin lugar en la sanidad pública

En cinco comunidades autónomas, según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad, no se realizan IVE en hospitales públicos: son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura. En Navarra ni siquiera hay clínicas privadas que lleven a cabo los abortos. Tanto las asociaciones como las clínicas se evitarían muchos problemas si existiera una ley de plazos: una madre podría abortar hasta el tiempo que se estableciera sin necesidad de pasar por un examen psicológico.

Ahora, en el 96,68% de los casos el aborto se realizó para proteger la salud de la mujer. "El informe psicológico debería sustituirse por una serie de consultas para ayudarla a aclarar sus ideas y para que sea más libre a la hora de decidir", señala Jocelyn Guerrero, psicóloga especializada en temas de la mujer. Las asociaciones piden una planificación familiar adecuada: "La sanidad pública tiene que facilitar toda la información sobre anticonceptivos para no tener que recurrir al aborto".

"La ley tiene que salir del Código Penal"

 Entrevista a Empar Pineda, portavoz de la clínica Isadora, de Madrid

¿Cuál es el balance de los 22 años que lleva en vigor la ley del aborto?
Desde el punto de vista estadístico, el número de mujeres que aborta no es especialmente llamativo con respecto a otros países europeos. Además, el hecho de que casi el 90% de las interrupciones se realizan antes de las 12 semanas demuestra la madurez de las mujeres en este tema. 

¿Por qué el 97,09% de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se realizan en la sanidad privada?
No se hacen abortos en el sistema público de salud porque cuando el gobierno de Felipe González aprobó la ley en 1985, al mismo tiempo permitió la objeción de conciencia de los profesionales sin ningún tipo de control.

¿Debería modificarse la norma en este sentido?
Las autoridades sanitarias deberían garantizar en la sanidad pública unos equipos dispuestos a cumplir la ley. No sólo las clínicas privadas tenemos que acatar la norma, también los hospitales públicos.

¿Qué habría que cambiar de la ley vigente?
Necesitamos otra ley, una nueva norma que salga del Código Penal y que el aborto se contemple como otra prestación sanitaria más.

Algunos critican esta medida porque aseguran que se dispararía el número de abortos.
No sería el caso, pero se deberían tomar otras medidas: el problema de este país es que faltan políticas públicas sexuales adecuadas. Antes de recurrir a la interrupción, que debe ser la última opción, deben ponerse todos los medios para evitar el embarazo. Ojalá ninguna mujer tuviera que abortar.  

 

"La norma actual nos desprotege"

Entrevista a Francisco Valera, ginecólogo del centro Ginemur, de Murcia

Murcia es una de las cinco comunidades autónomas en las que sólo se puede abortar en la sanidad privada. ¿Por qué?
Porque todos los médicos son objetores. Hace 15 años, el Gobierno de la región, entonces socialista, trató de normalizar el aborto y se encontró con que ningún ginecólogo quería realizarlos. Esto no ha cambiado en todos estos años.

Una mujer puede abortar en España si hay peligro físico o psíquico para la madre o el feto, o si el embarazo fue fruto de una violación. ¿Le parece que es suficiente?
Al 90% de los ginecólogos que practicamos abortos, nos parece insuficiente y estamos a favor de una ley de plazos. Que la mujer sea libre de decidir si quiere o no ser madre hasta las 12 semanas de gestación, sin que sea un psiquiatra quien tenga que darle el visto bueno. Ya es posible hasta en Portugal. La ley actual española trae consigo, además, la desprotección de médicos y mujeres.

¿En qué consiste esta desprotección?
En que es muy fácil tener un problema con la Justicia. Es habitual, por ejemplo, el caso del ex novio que quiere fastidiar a su antigua pareja y la denuncia por aborto ilegal. A partir de ahí, depende del juez. Si él quiere, puede pedir el dictamen psiquiátrico que justificó el aborto y cuestionarlo, de forma que tanto la mujer como el médico podrían llegar a ser condenados. Afortunadamente, esto casi nunca pasa.

¿La sanidad privada es suficiente o también en la pública se deberían practicar abortos?
La gente paga sus impuestos y también en los centros públicos debería practicarse. Sería un síntoma de que por fin está normalizado.