Segundo día del juicio al juez Baltasar Garzón por autorizar las escuchas de los imputados de la trama Gürtel con sus abogados en prisión. Tras la declaración de Garzón el primer día, es el turno de los testigos. Hasta seis pasarán por el Tribunal Supremo en una jornada que se prevé clave para el desarrollo del caso.

El primero en hacerlo ha sido Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del empresario José Luis Ulibarri, autor de la querella inicial que dio lugar a este juicio. Además de como testigo, Peláez actúa en el juicio como acusación, solicitando 10 años de inhabilitación para Garzón.

Los cincuenta minutos de interrogatoria por parte Francisco Baena Bocanegra, abogado defensor de Garzón, se pueden resumir en esta pregunta y su posterior respuesta: "Dígame cuáles son los datos que fruto de las intervenciones de las conversaciones ha utilizado el instructor ilegalmente", le preguntó el abogado de Garzón al letrado que presentó la querella. "Lo que me preocupa es que yo no tengo datos", reconoció Peláez.

El demandante negó este miércoles tajantemente en el Tribunal Supremo que el objetivo de las reuniones que mantuvo en la cárcel con los supuestos cabecillas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, fuese blanquear dinero de la trama de corrupción. "No nos reunimos para blanquear dinero ni para obstruir la acción judicial, ese no era el caso, sino para preparar la estrategia de la defensa".

- Defensor: "Dígame  los datos que fruto de las grabaciones ha utilizado el instructor ilegalmente"

-Peláez: "No tengo datos"

Peláez admitió que, entre los meses de febrero y marzo de 2009, se reunió unas "siete u ocho veces" en la cárcel de Soto del Real (Madrid) con Francisco Correa y Pablo Crespo, a pesar de no ser su abogado.

El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, le preguntó en repetidas ocasiones si había sido autorizado para visitar en la cárcel a internos que no eran su cliente. Hizo referencia en este sentido al artículo 38 del Reglamento Penitencaria, que señala que el abogado que visita a un preso que no es cliente suyo debe pedir permiso al juez de instrucción. Peláez se defendió asegurando que había sido "expresamente llamado" por Correa y Crespo, por lo que no considera que "necesitase la autorización del juez". 

Al igual que hiciera el martes Garzón para declarar, Peláez tuvo que quitarse la toga para poder testificar ante el tribunal. Para evitar que pueda escuchar lo que dicen otros testigos pidió declarar el primero para no tener que abandonar la sala.

Después de Pelaéz le tocó el turno a  el Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el policía M.T. Fue el mando policial que realizó las grabaciones ordenadas por Garzón. Según este policía, Garzón requirió que el derecho de defensa fuera la "cláusula" por la que debían guiarse en las intervenciones.

El policía contó que, para llevar a cabo esta tarea, la dinámica de trabajo consistía en excluir de las escuchas las que entendían que estaban "dentro del círculo privado de las personas", por lo que se aportaban solo aquellas relacionadas con el hecho investigado. Un criterio que, ha subrayado, a veces es "difícil poder llevarlo a la práctica", porque en comunicaciones largas suelen cruzarse los temas, por lo que deben "mantener pequeños giros" que, aunque ajenos a la investigación, son necesarios para dar sentido lógico a la transcripción.

Preguntado por el abogado José Antonio Choclán —representante del presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa— si en su mandamiento Garzón requirió intervenir de la misma manera las conversaciones genéricas que aquellas en las que participaban letrados, el inspector de la UDEF ha respondido que "el sistema de escucha es el que es" y que él transcribe "lo que se escucha".

Sin embargo, recalcó que el magistrado decretó salvaguardar el derecho de defensa en la resolución en la que ordenaba interceptar las conversaciones. "Era la cláusula por la que nos teníamos que guiar en las intervenciones", insistió el agente, propuesto como testigo tanto por las acusaciones como por la defensa de Garzón. 

Puntualizó que en un primer momento tuvieron que preguntar al juez para que aclarara como hacerlo. De esta forma, y gracias a la "fluidez de relación y comunicación" que existía con el magistrado, Garzón les precisó que él "asumía el rol a la hora de valorar lo que pudiera o no afectar" al derecho de defensa.

La Policía cree que los abogados "eran los receptores de las instrucciones"

Al constatar la Policía que la actividad de la organización delictiva continuaba, ahora encaminada a la ocultación de su patrimonio, los agentes transmitieron verbalmente a Garzón la conveniencia de mantener intervenidas las conversaciones de Correa y de Pablo Crespo, ya detenidos.

Y, en esa actividad, prosiguió, "los abogados tenían esa capacidad de control, de dirección de estrategias" porque "eran los receptores de las instrucciones" de los internos. El policía ha explicado que en las investigaciones sobre blanqueo la prioridad es "la intervención de bienes", por lo que trasladaron al juez la necesidad de "trazar alguna estrategia" para evitar que el patrimonio de los imputados se pusiera a nombre de terceros y, por tanto, fuera del alcance de la Justicia.

Tras Peláez y el policía pasarán por el estrado otros cuatro testigos: tres agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el funcionario del juzgado de Garzón liberado para el caso Gürtel, Vicente Maroto. Todos los harán a partir de las 16:30 horas.

La defensa de Garzón ha solicitado la declaración del comisario jefe de la UDEF y de dos funcionarios de esta unidad para preguntarles las razones por las que solicitaron 'pinchar' las conversaciones entre los abogados y los imputados de la trama Gürtel.

El tribunal ha señalado tres sesiones para celebrar el juicio por las escuchas de la Gürtel y pretende escuchar en principio las comparecencias testificales este miércoles, sin perjuicio de que puedan extenderse a días posteriores.

Además, aceptó la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones que fueron intervenidas siempre que las partes justifiquen su interés para la causa y acoten los fragmentos relevantes. En la primera sesión también admitió la testifical del funcionario Vicente Maroto, que alertó a algunos letrados de que sus comunicaciones estaban siendo grabadas.

A las puertas del Supremo había este miércoles menos expectación que en el día de ayer. Mucha menos gente esperaba a Baltasar Garzón a su llegada al Supremo. El magistrado, que llegó a pie a la sede del alto tribunal alrededor de las 10.15 horas, entró por la puerta principal del Supremo, donde sólo se habían congregado algunos cámaras y periodistas que están cubriendo el desarrollo de la vista oral. Dos mujeres, eso sí, han lanzado tímidamente dos gritos de apoyo al juez diciéndole: "Animo, Garzón".

Durante la primera jornada de la sesión, que se celebró este martes, unas 50 personas de la plataforma Solidarios con Garzón se concentraron frente al Supremo para denunciar "la impunidad de la dictadura franquista".

Los manifestantes, entre los que se encontraban el diputado de IU Gaspar Llamazares y la actriz Pilar Bardem, aplaudieron al juez y llamaron "nazis y fascistas" a los abogados que lo acusan.