La Audiencia Nacional trazó ayer una gruesa línea divisoria entre coincidir con ETA en sus aspiraciones políticas y actuar al servicio de ella. Lo hizo en la sentencia que absuelve a 20 miembros de la conocida como Udalbiltza-Kursaal, asamblea de electos de la antigua Batasuna, para los que la fiscalía solicitaba una pena de diez años de prisión por un delito de integración en organización terrorista.

La Sala de Lo Penal rechaza los planteamientos del Ministerio Público y de la acusación popular, rectificando los informes de la policía sobre la supuesta dependencia y subordinación de ETA por parte de Udalbiltza. El razonamiento policial, denuncian los jueces, 'sienta la premisa de que todo lo que nombre ETA está bajo su control, sea la lengua, el deporte, la soberanía, la autodeterminación, la nacionalidad o la política en general'.

Udalbiltza era la asamblea de cargos electos de la antigua Batasuna

Udalbiltza Kursaal surgió en 2001 después de que PNV y EA abandonaran la asamblea por la ruptura del Pacto de Lizarra. Su declaración fundacional la define como un instrumento 'para impulsar la construcción nacional de Euskal Herria'. Según el fallo conocido ayer, 'es, simplemente, una idea y un proyecto nacionalista, pero no terrorista' y perseguir a quien coincide con ETA supone 'criminalizar' las ideas independentistas. Además, provoca un efecto perverso, el de conceder a la banda el poder de fijar 'el límite' de lo permitido en un Estado de Derecho.

'En un estado democráticoaclara el fallo quedan fuera del ámbito penal la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas, gusten estas o no, sean mayoritarias o minoritarias, sean compartidas o no. Y lo hace incluso cuando estas repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre con el silencio o la falta de condena de los atentados terroristas'.

No hay pruebas de subordinación a ETA ni de financiación

La mayoría de los miembros de Udalbiltza pasaron al menos un año en la cárcel después de ser detenidos a lo largo del mes de mayo de 2003, entre ellos el presidente de la asamblea, Loren Arkotxa. El último en salir de prisión por esta causa, un año y medio después, fue Joseba Garmendia, responsable de educación y economía. Permanece en la cárcel Xabier Alegría, condenado como dirigente de KAS.

Las pruebas de flujos económicos entre formaciones políticas y Batasuna, utilizadas en el pasado para demostrar que las primeras eran meras continuaciones del partido ilegalizado, no han aparecido en el proceso a la asamblea de electos vascos. 'No consta que ETA haya recibido dinero o fondos de Udalbiltza, del consorcio Udalbiltza o de cualquier otra entidad u organismo integrado en ella', recoge el fallo.

Cuatro de los procesados han sido también absueltos de malversación de fondos públicos, acusación formulada por Dignidad y Justicia. En ese apartado, se resume la construcción de uno de los argumentos policiales, avalados en su día por el juez Baltasar Garzón. Este parte de la carta con la que ETA intentó extorsionar al futbolista vasco-francés Bixente Lizarazu. En la misiva, los terroristas señalan al deportista que entregue el dinero a la propia ETA o 'a las diferentes organizaciones y movimientos sociales que trabajan por la construcción nacional de Euskal Herria (Udalbiltza, Ikastolas, Euskal Komunickabikdeak ...)'.

¿Cómo podía ETA conocer que Lizarazu había realizado el pago si no tenía un vínculo con esas organizaciones?, planteaba la policía. Y el tribunal contesta: con ese razonamiento 'habríamos de concluir que las ikastolas y los medios de comunicación vascos tienen que rendir cuentas a ETA de las donaciones no anónimas que reciban para que la banda terrorista pueda llevar su contabilidad, lo que es absurdo'.

La sentencia también resuelve si aspirar a la independencia supone 'subvertir el orden constitucional'. La Sala entiende que no, que es perfectamente 'lícito' y que 'afirmar lo contrario haría imposible defender la república frente a la monarquía parlamentaria como forma del Estado'.