El actual alcalde de Boadilla dio contratos a la trama Gürtel

"Yo dimití pensando que todo ha pasado por mis manos y terminan poniendo de alcalde al tío que de verdad lo ha hecho. Salimos de Málaga para meternos en Malagón. Si hay que cambiar de alcalde no se puede poner a otro que ha intervenido tanto o más que yo". Con esta contundencia se expresa Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) e imputado en el caso Gürtel , en declaraciones realizadas a este diario.

Por su parte, Juan Siguero, que accedió a la alcaldía el pasado febrero tras el terremoto político que desencadenó la operación Gürtel, asegura que sólo conocía a Francisco Correa "de oídas" y que nunca tuvo conocimiento de irregularidad alguna. Aprovecha para recordar que "quien está imputado es Arturo, no yo, y si se hizo algo fue a mis espaldas". Pero lo cierto es que, como concejal, Siguero intervino directamente en al menos tres grandes operaciones de la red corrupta con el consistorio de Boadilla.

El ex alcalde dice que el actual negoció con la Gürtel más que él

El contrato más jugoso que consiguió la trama liderada por Francisco Correa en Boadilla del Monte fue el de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), una concesión por 10 años prorrogables otros cuatro, a razón de 506.000 euros por cada uno de ellos. Era diciembre de 2005 y el entonces concejal de Hacienda y Patrimonio Juan Siguero se había encargado de todo el procedimiento, desde la aprobación de los pliegos hasta la propuesta de adjudicación a Easy Concept, una de las empresas de la trama corrupta, pasando por la mesas de contratación.

Reuniones con Isabel Jordán

"Quien se reunía con Isabel Jordán (administradora de la empresa e imputada en el caso Gürtel) era Juan", asevera Panero. Su sucesor reconoce que un concejal de Majadahonda le advirtió que tuviera cuidado porque allí "la OAC de Correa les había salido rana" y manifiesta que informó a Panero pero éste le dijo que no se preocupara "porque Correa ya no estaba en la empresa, que se la había quedado Isabel Jordán".

"Se me escapa si se estaba cocinando algo", mantiene Siguero

Ambos sí están de acuerdo en que la oferta de Easy Concept era "mejor que la de la otra empresa que se presentó". Durante la vigencia de este contrato, Easy Concept fue contratada para la inauguración de la nueva sede local del Partido Popular, en julio de 2006. Según Panero, su entonces compañero acordó los precios con Isabel Jordán y se encargó de los pagos. Siguero fue tesorero del partido y ahora lo es del Grupo Popular en el Ayuntamiento. El hoy alcalde pasa la patata caliente a otros dos imputados en la trama, Tomás Martín Morales, entonces consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) y jefe de las dos últimas campañas electorales, y Alfonso Bosch Tejedor, ex gerente de la EMSV, diputado autonómico y organizador de la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag en El Escorial. "Todo lo de la sede lo coordinaron Tomás y Alfonso", sentencia Siguero.

La lista de las operaciones que figuran en el sumario y en las que intervino el hoy alcalde del rico municipio madrileño continúa. En uno de los pinchazos telefónicos recogidos en el sumario, Francisco Correa se jacta de haber cobrado una comisión cercana a los tres millones de euros por conseguir, en 2005, una parcela para el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, pese a que ofrecía una cantidad muy inferior a la de otras empresas que se presentaron al concurso. Juan Siguero fue quien defendió esa adjudicación en el pleno como concejal de Patrimonio y Hacienda.

Otro contrato que, según la investigación, amañó Correa a cambio de 1,7 millones fue el de la recogida de basuras por doce años para las empresas FCC y SUFI. Este concurso dependía de Juan Siguero, que entonces (2002) era concejal de Servicios. Alega en su defensa que "se presentaron 12 o 14 empresas y, según los técnicos, la mejor fue FCC-SUFI".

Fue el actual regidor quien dio a la trama la Oficina de Atención Ciudadana

Otra de las operaciones que cayó en las garras de la trama liderada por Correa fue la adjudicación de suelo público a una empresa controlada por José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol e imputado en el caso Gürtel como una pieza clave en la estructura de blanqueo de la red. Siguero, como concejal de Hacienda y Patrimonio, fue quien cedió el suelo a la EMSV, que a su vez se lo entregó a Blanco Balín.

Panero alega en su defensa que, "si ahí hubo algo irregular, Juan lo puede hacer solo; yo no lo puedo hacer sin Juan porque quien lo tramita es el concejal". La adjudicación, efectuada en octubre de 2005, aseguraba a la trama la cesión de suelo para locales comerciales durante 75 años a cambio de un canon anual de 320.000 euros. El pacto preveía que uno de los locales se alquilase al Ayuntamiento. Sólo con ese arrendamiento, la red amortizaría un tercio de la inversión.

La decisión de Granados

Cuando saltó el escándalo, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, se reunió en la sede del partido en la calle Génova con los concejales de la Corporación y acordaron que asumiera la alcaldía Juan Siguero. Su predecesor no se muerde la lengua: "Hubo tal precipitación en esos momentos que nadie se miró un papel, me quitaron a mí, buscaron un cabeza de turco y pusieron precisamente a quien más intervino en esos procedimientos".

Como balance y tras ser expulsado del PP, González Panero manifiesta que tiene "la sensación de que en algún caso se ha podido hacer algo ilegal a mis espaldas", pese a que la investigación lo sitúa como perceptor de los sobornos de Correa.

Mientras, su sucesor pide que le dejen trabajar y asegura que en todas las operaciones reveladas por este periódico él se limitó a hacer su trabajo como concejal, "siempre siguiendo los informes de los técnicos. Se me escapa si detrás se estaba coci-nando algo".