Admitida a trámite la demanda de unos detectives a Cospedal por dañar su honor

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tendrá que justificar ante los tribunales sus acusaciones de espionaje contra el PSOE. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada (Madrid) ha admitido a trámite la demanda presentada por Detectives Almirante, la compañía que fue contratada por un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real para elaborar una investigación de los conservadores del municipio, contra la propia Cospedal, contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Romero, y contra el portavoz del PP en el consistorio, Francisco Cañizares, a quienes acusa de haber dañado su honor por vincularle con los socialistas.

En el decreto del juzgado madrileño, fechado el 23 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que los demandados tendrán que contestar en un plazo de 20 días hábiles, apercibiéndoles de que "si no comparecen en el plazo indicado se les declarará en situación de rebeldía procesal".

La demanda fue presentada el pasado mes de enero por el "grave perjuicio" que, según la empresa, le han causado las manifestaciones que los tres políticos conservadores realizaron contra Detectives Almirante y su responsable entre los meses de enero y febrero de 2011.

El 27 de enero de 2011, Cospedal aseguró en un acto de partido que el PSOE castellano-manchego había contratado "detectives privados para seguir a dirigentes populares". Afirmó conocer "muchos ejemplos" de esas acusaciones, que ratificaron Romero y Cañizares, y se preguntó si el dinero provendría del entonces Gobierno regional, liderado por el socialista José María Barreda. A pesar de que, en ese momento, apuntó que disponía de "pruebas" que justificaban sus palabras, a los pocos días redujo esas pruebas a "indicios".

Los demandantes aseguran que todas las declaraciones vertidas -en concreto- por Cospedal "no han podido ser acreditadas por cuanto que han resultado ser, todas ellas, falsas", motivando un perjuicio a Detectives Almirante y su director en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, e inciden en el hecho de que la número dos del PP no se retractase de ellas "cuando se le ofreció a través de un acto de conciliación" esa oportunidad.

En su escrito, la representación de Detectives Almirante recuerda que sus clientes fueron contratados por Jesús Manuel Rubio, un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real, "con el fin de investigar para su aportación" una demanda por acoso laboral. Considerando que los demandados cometieron "una intromisión ilegítima en el honor del demandante", exige para todos ellos una condena de 100.000 euros.